El PP pide limitar las ayudas a los inmigrantes que llevan “poco tiempo” en Cataluña
El Partido Popular de Cataluña quiere negar el acceso de los inmigrantes recién llegados a algunas ayudas sociales y reservarlas a personas que justifiquen un cierto período de tiempo empadronadas en Cataluña. Así lo recoge una moción que presentará la formación liderada por Alicia Sánchez-Camacho en el Parlament de Cataluña.
En el texto, que contiene diversas propuestas para la reforma de políticas migratorias en Cataluña, el PP también insta al Gobierno catalán a aplicar el Real Decreto que excluye a los inmigrantes indocumentados del accesso a la sanidad pública. El gobierno catalán había decidido abrir de nuevo este servicio público a este colectivo, con la condición de llevar tres meses empadronado para el acceso a la atención primaria y un año para la atención especializada.
La idea de limitar el acceso a las ayudas sociales no es nueva en el Partido Popular. El actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ganó las elecciones de este municipio barcelonés con un discurso similar y prometió negar las ayudas sociales “no básicas” ofrecidas por el Ayuntamiento a personas que acaban de instalarse en la ciudad. Durante la campaña para las elecciones autónomicas del pasado noviembre, Alicia Sánchez-Camacho exigió un mínimo de 18 meses de empradonamiento para acceder a determinadas prestaciones sociales. Sin embargo, ni durante la campaña, ni en la moción que se presentará próximamente se han especificado qué prestaciones estarían incluídas en estas medidas.
El PP pide también que los municipios comuniquen a la policía la identidad de aquellas personas indocumentados que estén empadronadas en su territorio. También reclama que la presentación de un pasaporte o una tarjeta de residencia sea obligatoria para la inscripción en el padrón municipal.
Por otra parte, la moción recoge una propuesta recurrente del PP, la de prohibir el uso del burka en la calle y en los espacios públicos. También quiere prohibir el uso del velo en los centros educativos a las menores de 16 años.
Finalmente, uno de los puntos del texto insta al Gobierno catalán a introducir el castellano como lengua vehicular en las clases ofrecidas a los inmigrantes recíen llegados.
