El acuerdo alcanzado entre ERC y Junts, de 46 páginas y cuatro bloques, contempla tanto el programa que desplegará el Govern a lo largo de la siguiente legislatura, como los órganos de coordinación y control de la coalición, y también la estrategia independentista. Esta última cuestión había sido uno de los principales escollos para el entendimiento entre las dos formaciones, que tienen diferentes opiniones sobre los próximos pasos a dar en la agenda soberanista. Finalmente el redactado es poco puntilloso y hace una síntesis entre ambos puntos de vista, con un compromiso explícito por priorizar “con lealtad” la mesa de diálogo con el Govern, pero añadiendo también el compromiso de prepararse para un “nuevo embate democrático” al Estado basado en la “confrontación”.
“Compartimos que sólo un referéndum de autodeterminación acordado con España puede sustituir el mandato político del referéndum del 1 de octubre de trabajar para hacer real la República catalana”, enuncia el documento, que añade otro punto subrayando el consenso del independentismo por “la apuesta por el diálogo y la negociación política para resolver el conflicto político existente así como la necesidad de una confrontación cívica y pacífica para forzar al Estado a asumir la realidad hasta ahora negada”.
A diferencia del pacto alcanzado con la CUP, en el acuerdo con Junts no hay referencias temporales al margen que se pretender dar a la mesa de diálogo, que con los anticapitalistas era de dos años. Tampoco aparece de forma explícita la cuestión de confianza a la que Aragonès se comprometió, aunque el republicano ha asegurado en rueda de prensa que los compromisos alcanzados con la CUP quedan intactos. En el acuerdo de legislatura conocido este lunes las formaciones pactan además toda una serie de pasos para reforzar la mesa de diálogo con el Gobierno, como involucrar al Parlament a través de una comisión o formar un Acuerdo Nacional para la Autodeterminació y la Amnistia.
Respecto a la dirección estratégica, otra de las grandes batallas que han mantenido durante la negociación, el documento es aún más ambiguo. Si bien por un lado acuerda creara un organismo a cinco, donde estén ERC, Junts, la CUP, Òmnium y la ANC, sobre el que coloca la tarea de “coordinación, consenso y dirección”, por otro lado no renuncian a colocarlo bajo el paraguas del Consell per la República una vez este organismo se reformule. El redactado final queda en tierra de nadie y deja abierto a la interpretación cómo quedará y a qué se dedicará ese organismo en el futuro.
También en cuanto a la coordinación de los grupos parlamentarios en el Congreso, otra de las cuestiones que interesaba a Junts, el redactado pactado es poco claro. Si bien subraya la unidad de acción como una aspiración, el texto final se compromete únicamente a “promover, desde el consenso, una unidad de acción en las diversas instituciones políticas (Parlamento, Cortes, Parlamento Europeo y Gobiernos locales) en las propuestas de carácter nacional y vinculadas a la internacionalización encaminadas al logro de la República catalana”.
Este órgano de “coordinación, consenso y dirección” se plantea para el conjunto del movimiento independentista y sin conexión directa con el Govern. Pero el acuerdo también explicita otros mecanismos de seguimiento y coordinación propios de la coalición. En concreto son cuatro: uno específico para el Ejecutivo y otro para los grupos parlamentarios, ambos de periodicidad semanal, un tercero que funcione como equipo de coordinación de comunicación con flexibilidad y, por último, un órgano de seguimiento del acuerdo, que se reúna cada quince días y que pueda generar espacios sectoriales y monitorice el grado de cumplimiento del programa pactado en su conjunto.
Programa por departamentos
La agenda de Govern que se desprende de las 46 páginas de acuerdo integran buena parte de lo pactado previamente entre ERC y la CUP, y que los anticapitalistas han exigido que no se toque si Aragonès quiere ser investido. Entre las principales medidas previstas, están un aumento de 5.000 millones de euros adicionales para sanidad en cinco años –con el objetivo de alcanzar un 25% del presupuesto sectorial en Atención Primaria–, “consolidar” el Instituto Catalán de Finanzas como banca pública, empezar el plan piloto de Renta Básica Universal, sumar 500 viviendas al año mediante la opción de tanteo y retracto y “defender” la ley actual que regula los límites del precio del alquiler.
En materia policial, que suele tensionar sobremanera a los independentistas, el acuerdo contempla una revisión del modelo de seguridad pública, así como el compromiso de que la Generalitat participe en acusaciones particulares contra activistas. Lo que no aparece es la referencia a la retirada de los proyectiles de foam a la espera de que se publique su protocolo, –tal como se pactó con la CUP–. Interior difundió un texto que no era el entero, según desveló este diario.
En cuanto a la gestión de los fondos Next Generation, se especifica que favorezcan una participación “pública y comunitaria”. En materia fiscal, se incluye la lucha contra el fraude, trabajar por un “sistema impositivo justo” –sin más especificaciones– y potenciar la Agencia Tributaria de Catalunya.
El acuerdo también se compromete a la aprobación de un Plan Territorial de Energías Renovables (PLATER), que debería acabar con las disputas locales sobre los proyectos de energía eólica y fotovoltaica, así como una nueva Ley de Transición Energética. En este capítulo, el acuerdo no incluye mención alguna a la apuesta por una gestión pública del agua o la implantación de una energética pública ambas recogidas en el documento de la CUP, aunque por las palabras de Aragonès este lunes esto no debería suponer que hayan decaído.
Para comprobar la diligencia en el cumplimiento de las medidas, una de ellas, de gestión pandémica, se podrá ver de inmediato. El pacto incluye contratar a 3.700 profesionales para el Plan de Vacunación, un refuerzo que hasta ahora las autoridades sanitarias habían calificado de inviable debido a la falta de profesionales de enfermería en Catalunya. En este ámbito, otro punto muy desarrollado en el acuerdo con los anticapitalistas, el avance en la gestión pública que conlleve la internalización de servicios como el teléfono 061 o el transporte sanitario, se convierten en “preservar la preeminencia de la gestión pública”, sin hacer referencia a ambos servicios.
Por otra parte, en políticas de vivienda, a las que se dedican un buen número de puntos, se fija aumentar en 1.000 millones la inversión en promociones públicas, evitar los desahucios, modificar el protocolo de lanzamientos, exigir el traspaso a la Generalitat de la cartera de la SAREB en Catalunya o aumentar la partida de rehabilitación mediante los fondos europeos. En comparación con el acuerdo previo con la CUP, no se hace referencia a una nueva ley de contratos de alquiler –que llamaron 'LAU catalana'–, a explorar los “márgenes legales” para someter a licencia urbanística viviendas turísticas o a no enviar los antidisturbios a los desalojos.