El caso Albiol o por qué no todo lo odioso es delito de odio

“Allí dentro la mayoría son delincuentes y conflictivos...”. “Estamos hablando de un asentamiento, de una ocupación ilegal donde la inmensa mayoría de personas que estaban allí estaban en situación irregular y estaban haciendo la vida imposible a los vecinos del barrio”.

Son solo dos de las decenas de intervenciones públicas del alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona el 29-N, Xavier García Albiol, contra los centenares de personas que malvivían en el instituto B-9 de la localidad y que la Fiscalía ha rechazado que supongan un delito de odio.

La conclusión del Ministerio Público es jurídicamente sólida, pero socialmente difícil de comprender: pese al “sesgo estigmatizador” que la Fiscalía aprecia en las intervenciones de Albiol tras el mayor desalojo de España, las invectivas del alcalde no alcanzan el umbral necesario para ser un delito de odio, pues en ellas no hubo un “llamamiento explícito a una reacción violenta” contra los migrantes.

Con el caso del B-9, Albiol ha vuelto a demostrar que no ganará el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, pero que es uno de los políticos más hábiles para tomar el pulso de la calle. Propone soluciones fáciles y populistas a problemas complejos como la vivienda o la migración. Su camino pasa por señalar y culpar a los más débiles de la sociedad, deshumanizándoles si es preciso.

Al mismo tiempo, Albiol ha confirmado una vez más que sabe dónde están los límites del Código Penal. Tras analizar decenas de declaraciones públicas del alcalde contra los migrantes del B9, el decreto de la Fiscalía reitera que cada vez que Albiol equiparaba, sin pruebas, a los ocupantes del instituto con la delincuencia, a renglón seguido matizaba su invectiva, diciendo que rechazaba cualquier delito, lo cometiera un español o un extranjero.

El alcalde, insiste la fiscal, “equilibró el sesgo discriminatorio xenófobo que puede inferirse de su negativa a proporcionar vivienda” a los desalojados del B9 con frases como que los pisos públicos “son para los vecinos, hayan nacido en Badalona o fuera”.

En suma, las palabras de Albiol no rebasan la línea que el Tribunal Supremo ha establecido para delimitar un discurso odioso de un delito de odio: el “llamamiento explícito” que conlleve un “riesgo real” a que se puedan cometer actos violentos contra los migrantes. Albiol desoyó su obligación como alcalde de dar un techo de emergencia a los migrantes, los dejó debajo de un puente en pleno temporal invernal y la Justicia no ha puesto ningún reparo en ello.

“Al Derecho Penal no le incumbe evaluar la corrección ni la aceptabilidad deseable de una expresión: no todo lo que no es aceptable es delito. Más allá de poder difundir alguna idea odiosa, el denunciado [Albiol] no insta ni anima a la comisión de hechos discriminatorios, y menos todavía violentos”, concluye la fiscal delegada contra los delitos de odio de Barcelona, Marta Gloria López, en un trabajado decreto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Más discutibles resultan algunas de las consideraciones que la fiscal realiza sobre los desalojados del B9. Sin apenas argumentarlo, la fiscal no los incluye dentro de los colectivos protegidos por el delito de odio, pese a que eran migrantes pobres que terminaron en el instituto tras ser desalojados de otras naves donde guardaban la chatarra que recogen para intentar ganarse la vida. ¿Ocupas antes que migrantes vulnerables?

Mientras vuelve a salir impune de una causa penal, Albiol se prepara para aplicar la plantilla del B9 a nivel nacional. Su ascenso a candidato del PP por Barcelona ha ido acompañado de un encargo de Alberto Núñez Feijóo para redactar una “ley antiocupaciones”.

Con el perfil de Albiol, Feijóo sitúa a un candidato duro para intentar evitar la fuga de votos hacia Vox. Seguridad, migración y ocupaciones centrarán la agenda. El alcalde ha intensificado su presencia en las redes sociales tras presumir en varias ocasiones de que Badalona ha combatido las ocupaciones “llegando al límite de la legalidad”, según expresó el candidato en una entrevista en EsRadio.

Este martes, Albiol no ha dudado en emplear para la campaña un robo del que fue víctima hace unas semanas su madre, de 89 años. “Estos delincuentes han tenido mucha suerte de que los hayan detenido los Mossos, porque si en ese momento yo hubiera pasado por allí, no habría actuado como alcalde, sino como hijo”, ha sostenido en uno de sus vídeos virales.

Los disturbios de finales de octubre en Barcelona han servido al PP para reivindicar la línea dura que encarna Albiol. El alcalde ha vuelto a tirar de xenofobia sin pruebas: en la misma entrevista con Federico Jiménez Losantos, achacó los saqueos a “inmigrantes del Magreb de segunda generación a los que nadie ha exigido una adaptación a Europa”. Feijóo, por su lado, se ha subido al carro del populismo punitivo y ha reclamado endurecer las penas por actos convocados en redes sociales.

Tras el fin del luto oficial por el accidente de Urda, Albiol ha pasado al ataque y ha considerado que los responsables de Transportes “no tienen ni idea” de cómo resolver una crisis de confianza en la alta velocidad causada, a su juicio, por haber convertido Adif “en un chiringuito del PSOE”.

Es un signo de los tiempos y Albiol ha sabido leerlo: la democracia cristiana ha sucumbido en toda Europa a los postulados más duros del neoliberalismo y la extrema derecha. Al alcalde no le ha ido mal. Basta con ver cómo encadena mayorías absolutas en Badalona, donde arrasa tanto en barrios obreros como en el centro, de tradición catalanista. Por algo le llaman el sheriff.