El Consejo de Garantías advierte a Illa de que limitar la compra especulativa vulnera el derecho a la propiedad
El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por los Comuns y pactada con el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. El dictamen es consultivo.
Este órgano considera también que la tramitación por lectura única de esta iniciativa contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, así como el artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
El acuerdo alcanzado entre los Comuns y el Govern para implantar esta medida formaba parte del pacto para los presupuestos entre ambas formaciones. La implantación de la restricción estaba prevista que correspondiera a cada municipio e iba a afectar a los grandes tenedores.
La medida, avalada por un comité de expertos consultado por la Generalitat, estaba prevista que se lleve a cabo a través de la modificación de la ley catalana de Urbanismo. Será cada Ayuntamiento, a través de sus ordenanzas o de su planeamiento urbanístico, quien decida si restringe o no las compras de vivienda para invertir. El consistorio de Barcelona, por ejemplo, ya tiene una comisión de estudio para ver cómo hacerlo.
La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado el dictamen emitido. “No compartimos el análisis del CGE sobre la proposición de ley, ya que creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda”, ha señalado Albiach en un mensaje publicado en X.
La diputada de Junts, Judith Toronjo, ha señalado que el dictamen “demuestra que los Comuns, con el apoyo del PSC, han hecho una ley deprisa, mal y por la puerta de atrás”.