Cuatro ancianos denuncian a un fondo de inversión por acoso: “Solo queremos vivir tranquilos lo que nos queda”

Rosario, Adela, Maria José y Paco hace mucho que son vecinos. Tanto, que entre todos suman 250 años viviendo en el mismo edificio de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Su intención era quedarse para siempre, pero hace poco más de un lustro empezaron a ver peligrar esa expectativa.

Desde que la finca cambió de propietario, ahora en manos de un fondo de inversión, aseguran ser víctimas de mobbing. Acumulan diversas demandas por “okupación” y órdenes de desahucio pese a que todos siguen pagando sus alquileres y, además, tres de ellos tienen contratos indefinidos de renta antigua. También han recibido cobros “disparatados” de la comunidad en conceptos “nunca vistos”. Por eso, han decidido dar un paso al frente y denunciar a la empresa por acoso inmobiliario.

El edificio, situado en el centro de la ciudad, pasó a manos de Promontoria Coliseum en 2020, después de que el propietario original dejara de devolver un préstamo. Tras ello, el banco se adjudicó los pisos y, desde entonces, aseguran, viven sometidos a una presión continua. La mayoría de las demandas y cobros extra ya han sido desestimados por los tribunales, aunque aún siguen en situación de recurso.

Las sucesivas derrotas llevaron a la empresa a intentar otra estrategia: ofrecer pagos a estos cuatro vecinos para que accedieran a quedarse 'por las buenas'. Paco, nacido en Córdoba y arraigado en Catalunya desde hace más de 40 años, relata que un día llegó un intermediario a preguntarles qué cantidad querían. Él respondió: “480.000 euros entre cuatro. Le dije que no era para mí, que era también para mis vecinos. Le dije el número y se puso nervioso, perdió los papeles”, recuerda.

Estos vecinos están resueltos a quedarse y, cansados de los continuos ataques de la empresa, han decidido pasar a la ofensiva. Para ello, han contado con el asesoramiento del Sindicat de Llogateres. “Es muy relevante que ante este tipo de actuaciones los vecinos acudan a nosotros para plantar cara”, explica Enric Aragonès, portavoz de la entidad. Desde el sindicato remarcan la importancia de no ceder ante este tipo de actuaciones debido a que la razón legal está de parte de los inquilinos.

Han iniciado dos procesos: uno penal, con el que piden al juzgado que abra diligencias y depure responsabilidades; y otro administrativo para que el Ayuntamiento de Cornellà compruebe los hechos y abra un expediente sancionador al amparo de la ley catalana de vivienda. Este punto, sin embargo, parece más difícil de lograr, ya que en los dos años desde que se aprobó el régimen sancionador de la ley, la Agència Catalana de l’Habitatge sólo ha interpuesto seis multas.

Un fondo con más de 2.800 pisos en Catalunya

Promontoria Coliseum Residential es una filial de Cerberus, el segundo mayor propietario de viviendas en Catalunya con más de 2.800 pisos, solo por detrás de CaixaBank, que tiene 5.000, según datos del Incasòl. La gestión del edificio se ha canalizado a través de Solvia Servicios Inmobiliarios, que ha actuado en nombre de la propiedad en diversas ocasiones, ya que Promontoria evita interactuar directamente con los vecinos.

Las comunicaciones, denuncian los vecinos, llegan casi siempre a través de terceros no identificados o números ocultos, sin que la propiedad haya abierto nunca un canal formal de diálogo pese a los requerimientos. “Que nos dejen vivir tranquilos, que no nos agobien”, resume Rosario, que recientemente ha perdido a su marido y lleva 60 años en su casa.

Por su parte, Maria José, que ahora vive con su hijo, debe tomar ansiolíticos para poder descansar. Las denuncias aportan informes médicos que documentan insomnio, ansiedad y depresión compatibles con una situación de presión habitacional mantenida en el tiempo. “Siempre estoy esperando a que venga la cartera a traerme una mala noticia. Y eso no es vivir”, lamenta.

“Tengo que estar pendiente del banco cada día, porque no sé cuándo me pueden hacer un cargo y dejarme sin dinero en la cuenta”, cuenta Maria José. Entre 2021 y 2023, Promontoria cargó mensualmente unos 1.500 euros por vecino bajo conceptos sin base legal ni contractual. Además, según cuentan los vecinos, antes los recibos de la finca se desglosaban para mostrar cada gasto por separado, pero desde que cambió la propiedad todo se fundió en un único pago.

“Pagamos el alquiler, cumplimos con nuestras obligaciones y, aun así, nos han convertido la vida en una pesadilla. Solo queremos vivir tranquilos el tiempo que nos queda”, resumen los cuatro, que se reúnen cada día en uno de los pisos no solo para apoyarse, sino también para mantener los recuerdos que tanto tiempo llevan construyendo juntos.

Las sentencias avalan a los vecinos y coinciden en lo mismo: han pagado siempre a tiempo y tienen contratos vigentes y válidos que les dan derecho a mantenerse en su residencia actual. Las demandas de desahucio han ido cayendo una por una, excepto la de Adela. Hace unos meses, le interpusieron una fecha de lanzamiento que se terminó aplazando. Ahora esperan la resolución de su recurso para saber qué va a ocurrir con ella.

Viendo que sus vecinos se han salvado de la expulsión, el caso de Adela no tendría por qué ser distinto. Ahora bien, no puede evitar los nervios porque su situación es algo diferente. Ella es la única de estos cuatro inquilinos que no tiene un contrato indefinido de renta antigua y teme que eso pueda ser una puerta abierta para que la propiedad encuentre otras maneras para echarla.

Ella firmó su alquiler unos meses después de la fecha límite que permitía acogerse al régimen de los contratos de renta antigua. Era octubre de 1985, por lo que quedó fuera del régimen de prórroga forzosa establecido tras la reforma del Decreto Boyer, durante el Gobierno de Felipe González. Estos pocos meses la dejan más desprotegida.

Adela, además, tiene una situación de salud delicada, ya que está recién operada de la pierna, y narra cómo la presión sostenida le está dejando una huella física y mental importante. “En el último año, he perdido más de diez kilos”, explica. “Suerte que tengo el apoyo de mis vecinos. Si no, no podría tirar adelante”, reconoce.

Estos cuatro inquilinos no quieren dar su brazo a torcer y se mantienen firmes para poder cumplir, como sea, su deseo de acabar sus días en su casa, en la que han pasado la mayor parte de su vida.