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Las dificultades de la nueva política para transformar el modelo policial

Amadeu Recasens [en el centro de la mesa] en una reunión con la plana mayor de la GUB

Jordi Molina

La llegada a las instituciones de las fuerzas políticas forjadas en el 15M no ha sido una noticia celebrada por los cuerpos de seguridad de Catalunya. Especialmente para la Guardia Urbana (GUB), que depende directamente de los ayuntamientos, las primeras instituciones en conocer de primera mano el nuevo municipalismo surgido de las elecciones del 24-M. Sindicatos policiales y cúpulas directivas de la GUB se han puesto en alerta ante una hornada de alcaldes y concejales que, meses atrás, habían liderado la crítica más feroz contra un modelo policial “violento y antiguo”.

Tras ganar las elecciones, una de las primeras reacciones de la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, fue, precisamente, cumplir con la promesa de suprimir los antidisturbios de la GUB, una de las unidades más polémicas. Una medida a la que enseguida se sumó Sabadell, con un gobierno también liderado por nuevos proyectos políticos. Sin embargo Barcelona, icono del cambio, no ha sido capaz de liquidar esta ala de la GUB, tal y como se comprometía en su programa, y hoy por hoy trabaja a fondo en un Plan Director que debe dar la vuelta al modelo policial.

El hombre clave para lograrlo es Amadeu Recasens, el nuevo comisionado de Seguridad. Experto en derechos humanos y políticas de seguridad, Recasens avanza a este medio que el suyo “es un modelo basado en la proximidad y la mediación”. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, aconsejada por el abogado y ahora teniente de alcaldía de Seguridad, Jaume Asens, ha encargado a Recasens, la misión de renovar la imagen de la GUB, bajo sospecha tras la emisión del documental Ciutat Morta, que retrataba la cara oculta del caso 4-F y que dejo a la intemperie las malas praxis de algunos agentes.

La primera piedra en el zapato de Recasens, sin embargo, ha sido la disolución de los antidisturbios. “A diferencia de otras ciudades, la dimensión de la capital catalana hace más complejo este objetivo”, explica el comisionado a este medio. Las llamadas UPAS son el departamento en el que, según el ex Sargento de la GUB, José Martínez, hay “más manzanas podridas”. El ex Sargento, hoy jubilado, lamenta que el Plan Director en el que trabaja Recasens “da por hecho que esta unidad es indisoluble”.

Otra voz estrechamente vinculada con los derechos humanos y las denuncias por abuso de poder, el periodista David Fernàndez, va un paso más allá y tacha “de auténticos macarras” los gestores políticos de la policía municipal. Fernàndez, que es miembro de la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura, cree que las UPAS “se deben disolver”. El ex diputado de la CUP recuerda que se crearon el año 1996, influenciadas “por las peores doctrinas penales del siglo XX: Criminalizar la gente no por lo que hace sino por lo que es”.

Martínez defiende que la GUB ha demostrado “capacidad y profesionalidad durante muchas décadas”, pero insiste en que la unidad de antidisturbios, “acumula demasiadas actuaciones que han pasado el límite de la legalidad vigente, con malos tratos y vejaciones”. De hecho, en su videoblog personal, hace tiempo que relata casos de malos tratos que ha vivido en primera persona y cita “los cientos de denuncias que interponen los ciudadanos a los tribunales por exceso de poder”.

El ex agente, que dio una polémica entrevista a este medio después del documental Ciutat Morta, cita también el caso de Isma y Dani, dos estudiantes detenidos irregularmente el 29 de marzo de 2012 tras participar en la huelga general contra la reforma laboral. Martínez, enfrentado con sus ex compañeros de la GUB -en especial con el sindicato de la SAPOL- desde que comenzó a denunciar casos de malas praxis, insiste en que los conflictos de orden público corresponden a unidades BIRRO y ARRO del Cuerpo de Mossos d’Escuadra.

Un cuerpo no menos polémico que tampoco pasa inadvertido para Fernàndez, que vincula la Brigada Móvil de los Mossos con una “cultura política absolutamente de gimnasio, en el sentido negativo”. De hecho, la Audiencia de Barcelona condenó hace poco más de un año el mosso que agredió al ex diputado durante el desalojo de la Plaça de Catalunya, en el marco del movimiento de los indignados. El abogado de los demandantes era Jaume Asens.

Más proximidad y control político de Asuntos Internos

Más proximidad y control político de Asuntos InternosLa experta en mediación y políticas de seguridad, Noe Ayguasenosa, considera “muy importante en el caso de la GUB el trabajo independiente de Asuntos Internos”. La que fue responsable de Relaciones con Asociaciones y Mediación del Departamento de Interior durante el Tripartit, con Joan Saura al frente de Interior, recomienda “un organismo efectivo que vigile y tenga mecanismos de control de la mala praxis y muy especialmente de la mala praxis que vulnera derechos fundamentales”.

De momento, y como una de las principales novedades, la unidad de Asuntos Internos, que hasta ahora dependía del intendente mayor, Evelio Vázquez, jefe de la policía municipal, pasará a ser dirigida personalmente por Recasens, como responsable político de la GUB. En una conversación con Catalunya Plural, Recasens adelanta que el nuevo plan director pivotará en tres conceptos fundamentales: Proximidad, transparencia y territorio; además de un nuevo organigrama que descargue de responsabilidad a Vázquez.

Aunque Recasens ha explicado por activa y por pasiva que en el cuerpo de la GUB “no sobra ningún efectivo”, lo cierto es que el comisionado quiere asumir el peso de algunas decisiones como las que dependen de Asuntos Internos. La continuidad de Vázquez responde a la voluntad del equipo de BComú de mantener un cierto equilibrio entre sus medidas, sobre todo después de que dimitiera el gerente de la GUB, Joan Delort, minutos después de conocerse los resultados de las municipales del 24-M.

Otra de las líneas en las que trabaja el Ayuntamiento es en la elaboración de un protocolo de actuación de los agentes que evite identificaciones y detenciones por motivos raciales, tal y como piden entidades como las agrupadas en la plataforma Tanquem els CIEs. “Hay que añadir conocimientos no operativos, a fin de que las operaciones estén libres de prejuicios y estigmas que en algunos casos condicionan la actuación”, recomienda Ayguasenosa.

Hacia un nuevo modelo de Seguridad

Hacia un nuevo modelo de Seguridad David Fernàndez, miembro de la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura

El ex diputado de la CUP en el Parlament, David Fernàndez, sostiene que hay que cambiar el actual modelo, que califica de “absolutamente reactivo, coercitivo y represivo”, por un “modelo de mediación comunitaria”; y pide una gestión alternativa de los conflictos “desde una perspectiva social, más que penal”. Fernàndez pone el ejemplo de la gestión que ha hecho Barcelona del Top Manta. “Es un problema de concepción, si se define a los manteros como una estructura de alto vuelo criminal, empezamos mal”.

El miembro de la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura, cree que “gestionar policialmente una ciudad desigual es un fracaso permanente”. Y pone un ejemplo: “El fraude fiscal catalán es de 17 millones de euros, pero hay un clasismo policial y judicial que siempre piensa que los delincuentes son las personas más vulnerables. La cárcel está llena de pobres y disidentes, no encontraremos ni ricos ni corruptos”.

Noe Ayguasenosa, experta en Mediación y políticas de Seguridad

“Las políticas de seguridad son las políticas públicas que tienen más carga ideológica en cuanto a modelo”, opina Ayguasenosa, que especifica: “entre el modelo de seguridad de la izquierda transformadora y la derecha conservadora, nos encontraríamos en dos concepciones radicalmente opuestas de entender el mundo”.

La que fue parte fundamental en el equipo de Saura al frente de los Mossos, hace esta reflexión previa antes de insistir en que “cualquier pequeño cambio puede generar muchas reticencias de aquellos sectores más conservadores e inmovilistas”. Ayguasenosa cree que mucha gente interpreta que la seguridad es conservadora, en lugar de entenderla como la garantía de hacernos disfrutar del resto de derechos y libertades“.

Ayguasenosa fija uno de los principales males de los agentes en la “falta de contundencia” con las malas praxis: “Hay que enviar un mensaje de no condescendencia y trabajar por un corporativismo de servicio público y no de defensa del sector”. Y pide que se premie quien denuncia “las malas praxis y prioriza el servicio público”.

José Martínez, ex Sargento de la Guardia Urbana de Barcelona

“El tema de la policía en este país es un tema tabú, lo fue en el franquismo y lo sigue siendo en esta mal llamada democracia”, cree Martínez. El ex Sargento se

pregunta por qué BComú formó un Eje de Seguridad Ciudadana si, a la postre, no hace caso de sus consejos. “Presentamos al comisionado Amadeu Recasens un proyecto y no se nos ha tenido en cuenta”.

Martínez lamenta que BComú, Colau, Asens o Recases “tengan miedo”. “Me parece que las cúpulas policiales están por encima de cualquier proyecto político, las presiones de dichas cúpulas, frenan de raíz cualquier cambio que les incomode”.

Montserrat Tura, ex consejera de Interior de la Generalitat

“Los debates en materia de seguridad se limitan demasiado al funcionamiento de los cuerpos policiales y ya es hora de tener una mirada más general sobre las políticas de justicia penal”, pide la ex consellera de Interior, Montserrat Tura. La ex líder socialista apuesta por la incorporación de las causas de la delincuencia en los centros de estudio.

“Hace muchos años que, en los estados más avanzados y en materia de prevención, las organizaciones más dinámicas de la sociedad se incorporan a la formación de los agentes”. Para Tura, “una parte de estos conocimientos permiten hacer una formación más integral de los profesionales que forman parte de los cuerpos policiales, a la vez que se insta a los gobiernos a no considerar la policía como un instrumento únicamente de seguridad”.

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