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El enésimo intento de las víctimas del franquismo para trasladar la comisaría de Via Laietana: “El Gobierno teme a los sindicatos policiales”

Oriol Solé Altimira

Barcelona —
23 de agosto de 2026 20:56 h

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“A nivel personal, como represaliado, no iré a un espacio declarado como lugar de memoria que sea una comisaría, porque todavía supone un lugar de dolor”. Así se expresa Carles Vallejo, histórico integrante del PSUC y CCOO que en 1970 sufrió 20 días de torturas por su militancia política y sindical en la comisaría de Via Laietana de Barcelona, conocida como 'la casa de los horrores'.

El Gobierno oficializó el pasado 17 de julio la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. En la misma disposición se recogió que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

El Ejecutivo ha desoído una de las reivindicaciones históricas de los represaliados por el franquismo y ha mantenido a la Policía Nacional en el edificio. Los planes para cesar el uso policial de Via Laietana se remontan al año 2006, con un pacto entre el entonces president, Pasqual Maragall, y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, pero nunca se han materializado. Ni con Gobiernos del PP ni del PSOE.

Los distintos colectivos de represaliados no se dan por vencidos y han presentado un recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que sostienen que la decisión del Ejecutivo supone “mantener la impunidad”.

La impugnación tiene pocos visos de prosperar, pues se presenta ante la misma secretaría de Estado de Memoria Democrática que justificó mantener la comisaría en el edificio y ensalzó a la Policía “plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía”.

“El argumento de que los policías que hay ahora no son los mismos que durante el franquismo no me vale. La Policía tendría que ser la primera en ser consciente de que una comisaría es incompatible con un lugar de memoria”, reflexiona Vallejo.

Las entidades adjuntaron varios informes psicológicos y de especialistas de la Universitat de Barcelona (UB) y la Autònoma de Barcelona (UAB) que justificaban el traslado policial, pero el Gobierno no los mencionó en su resolución. “Es bastante evidente que mientras la Policía siga en Via Laietana la sombra del franquismo seguirá proyectándose sobre ellos. El traslado forma parte de nuestra reparación como represaliados”, expone Vallejo.

La resolución del Ejecutivo ha generado malestar y decepción entre los represaliados y los colectivos de memoria. Las víctimas son conscientes de que el traslado de la comisaría sería casi imposible con un eventual Gobierno de PP y Vox, pero confiaban en una mayor sensibilidad del PSOE y más presión de sus socios parlamentarios para lograrlo.

“El Gobierno tiene un discurso favorable al traslado, pero cuando el balón llega al Ministerio del Interior todo se encalla. Creo que el Gobierno teme a los sindicatos policiales que han hecho de Via Laietana un caballo de batalla en sus negociaciones laborales”, asevera Vallejo en conversación telefónica con este diario.

De todos los espacios de represión franquista de Barcelona, la comisaría de Via Laietana de Barcelona es el que más se le atraganta al PSOE. En cambio, la antigua prisión Modelo, el Camp de la Bota o el castillo de Montjuic se han reconvertido en lugares de memoria.

A día de hoy, la comisaría tiene casi siempre usos institucionales y de oficinas, pues la mayoría de trámites policiales se realizan en la sede de la Policía Nacional de La Verneda. El edificio, además, presenta déficits de climatización. “No pasaría una inspección de Trabajo, querer seguir allí es un 'sostenella y no enmendalla'”, resume Vallejo.

El recurso de los represaliados, que firma el abogado Josep Cruanyes, se ha presentado en nombre de distintas entidades de memoria catalanas: la Amical Mauthausen, la Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, el Ateneu de Memòria Popular, la Comissió de la Memòria Històrica, la Fundació Cipriano García-CCOO, Irídia y Òmnium Cultural.

El escrito recoge hasta nueve ejemplos internacionales de centros de represión durante dictaduras en países europeos y latinoamericanos que, tras la llegada de la democracia, se reconvirtieron en museos para recordar las torturas. Por ejemplo, la antigua sede de la Stasi en Berlín, la prisión de Pitesti de Rumanía o la ESMA de Buenos Aires.

“No encontramos ningún caso en el mundo de centros de represión política declarados lugares de memoria que sigan prestando servicios de policía o prisión en los mismos términos”, enfatiza el escrito de las entidades. Esta excepcionalidad, agregan, “pone en evidencia” la “incompatibilidad” de mantener a la Policía en Via Laietana y que el edificio sea declarado, al mismo tiempo, lugar de memoria.

Los represaliados recuerdan al Gobierno que, a nivel internacional, la conversión de las celdas de tortura en museos “busca romper y tomar distancia de las instituciones represoras” y “abrir a la ciudadanía” los espacios, algo “materialmente imposible” de conseguir en el caso de Via Laietana con la Policía en el edificio.

El recurso también considera incompleta la declaración de Via Laietana como lugar de memoria, pues la resolución del Gobierno no identifica como espacios a preservar las celdas de detención, las dependencias de los grupos de la Brigada Político Social y las habitaciones donde se practicaban los interrogatorios y las torturas. Los represaliados no se dan por vencidos. “Mientras haya energía, insistiremos”, concluye Vallejo.