Inspección de Trabajo destapa más de 200 falsos becarios en el Departament de Cultura de la Generalitat
Inspección de Trabajo ha abierto un expediente al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tras descubrir que, durante los dos últimos años, ha tenido a más de 200 becarios realizando tareas estructurales dentro de la conselleria sin los correspondientes derechos laborales.
Estudiantes en prácticas que apenas cobraban 1.250 euros al mes —menos que el salario mínimo al no tener pagas dobles— realizaron con un horario de 8 h a 15 h tareas que correspondían a funcionarios y personal laboral del Departament, según concluye la documentación obtenida por elDiario.es.
Lo hicieron sin cotizar a la seguridad social, sin vacaciones y sin derechos básicos como el de huelga. Si faltaban algún día sin tener una baja médica, debían recuperar las horas.
Los 200 falsos becarios detectados corresponden solo a dos convocatorias de prácticas, la de 2024/2025 y 2025/2026, pero fuentes del Departament aseguran que la asignación de estas tareas a jóvenes en prácticas es “habitual” y lleva años instaurada tanto en la conselleria como en otros organismos adscritos. Estas prácticas existen en el Departament desde 2012.
Inspección de Trabajo reclama a la Generalitat 2,16 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social que no pagó por estos becarios entre octubre de 2024 y julio de 2026.
La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, acordó de oficio la baja de estos becarios y su alta como trabajadores.
El cálculo corresponde al dinero correspondiente a la cotización con el sueldo de un técnico superior de la propia administración y Trabajo le suma un recargo del 20% por no haberlo pagado a tiempo.
El propio Govern estima, en un documento interno, que reconocer a estos 207 becarios como trabajadores le costaría más de 9,7 millones de euros, lo que supondría un 25% del presupuesto para personal que tiene el Departament de Cultura.
Ante esta tesitura, el pasado 29 de octubre la Generalitat decidió acabar con este programa de prácticas tras recibir el acta de Inspección de Trabajo. Algunos becarios apenas llevaban un mes en el Departament cuando les comunicaron que se les acababa la beca.
Consultados por elDiario.es, desde el Departament de Cultura discrepan de las conclusiones de la Inspección, ante la que han presentado alegaciones. La conselleria también ha recurrido la resolución de la Tesorería que dio de alta a los becarios como trabajadores.
El Govern sostiene que las becas tienen una “naturaleza esencialmente formativa” y se apoya en una sentencia de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sobre unas prácticas similares. Asegura que defenderá su actuación por la vía administrativa y, si es necesario, judicial.
Tareas mecánicas o que excedían a su responsabilidad
Según una extensa acta de Inspección de Trabajo, obtenida por esta redacción, las tareas que se les asignaban a estos becarios iban desde encargos administrativos y mecánicos para los que estaban sobrecualificados o, en el otro extremo, trabajos que iban mucho más allá de lo que debería asumir un joven en prácticas y que eran “propios de su puesto de incorporación”.
Las bases de la convocatoria de las prácticas, que duraban 10 meses, exigían llevar menos de cinco años graduado y todos los becarios disponían de estudios vinculados a los organismos a los que iban destinados. Algunos incluso contaban con hasta dos másteres en la materia. Según Inspección de Trabajo, su formación era idéntica a la exigida a muchos de los empleados del Departament.
Trabajo también reprocha que los criterios de selección premiaban el mejor expediente académico, la formación específica, los conocimientos informáticos y los idiomas, pero no incluían ninguno relacionado con la dificultad para encontrar empleo.
“Se trata, en definitiva, de personas con una formación sólida para la realización de las tareas propias del Departamento”, concluye sobre la convocatoria. La conselleria tampoco tenía firmado ningún convenio con el Servicio Público de Empleo, como prevé la normativa estatal de prácticas no laborales.
Algunos becarios constataron que, a pesar de su formación, su tarea consistía en retirar grapas de documentos oficiales, escanear papeles o hacer paquetes con 100 adhesivos cada uno. Dos de ellos tuvieron que numerar casi 9.000 expedientes repartidos en 267 cajas, siempre según el documento de Inspección de Trabajo.
Otros, en cambio, se vieron realizando formaciones a personal administrativo que llegaba al Departament, redactando el discurso que un jefe de gabinete debía hacer en una reunión interdepartamental o tramitando expedientes de bienes protegidos.
La mayoría trabajaba en archivos, museos, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, el Servei d’Inventari del Patrimoni Cultural, el Departament de Política Lingüística o los servicios de comunicación.
Una relación laboral “sin formación”
“Te venden las becas como una cuestión formativa”, apunta una de las falsas becarias que denunció la situación, que pide anonimato para comentar el caso. “Pero al final lo que hacíamos era salvarle el culo al Departament”.
Trabajo apunta en la misma dirección, señala que la naturaleza de la relación era “laboral” y no “formativa” y considera que la Generalitat obtuvo un “beneficio directo” de estos becarios porque, en caso de no haberlos tenido, sus tareas las debería haber realizado “algún otro trabajador público”.
Según la documentación, no había prácticamente ningún componente formativo en el desempeño de estas tareas por parte de los becarios y la parte teórica fue testimonial o inexistente, según declararon algunos de los entrevistados en el expediente.
Los trabajadores en prácticas disponían de ordenador, correo corporativo y acceso a los programas internos, y permanecían en el mismo puesto durante toda la beca, sin rotación. La asignación de tutores era en ocasiones un mero formalismo o directamente no existía, según declararon algunos becarios.
Los documentos mensuales de seguimiento de estas presuntas prácticas, que elaboraban los responsables de los servicios eran todos “prácticamente idénticos” y en ocasiones ni siquiera describían las tareas realizadas.
“Lo que ha ocurrido va más allá de una simple explotación de becarios”, apuntan desde el sindicato IAC-CATAC, que representa a una parte de los trabajadores de la Administración pública en Catalunya. “Ocurre porque existe una falta crónica de personal y una sobrecarga de trabajo”.
El Govern rechazó regularizar su situación
La denuncia a Inspección Laboral fue la culminación de una reivindicación por parte de los becarios y el mencionado sindicato. La reclamación se inició con una carta que firmaron más del 60% de los becarios e incluía una propuesta formal de negociación con la conselleria.
“En ningún momento pedíamos dinero, lo que reclamábamos era convertir las becas en contratos formativos que nos permitieran disponer de prestación de desempleo, vacaciones y acreditar méritos de cara a trabajar en la Administración”, apuntan los becarios.
La respuesta de la dirección de servicios de la conselleria en la reunión fue que todo estaba en regla y que ellos no eran empleados, según fuentes presentes en el encuentro. Fue entonces, tras el revés de la conselleria a negociar, cuando decidieron denunciar los hechos ante Inspección Laboral.