El Sindicato de Inquilinos y el Colectivo Ronda han presentado este miércoles la primera demanda contra el fondo buitre Azora –uno de los mayores caseros de España– por diez “cláusulas abusivas” en un contrato de alquiler. “El paso que damos hoy marcará un precedente y se podrán beneficiar miles de familias en el Estado”, ha asegurado la portavoz del sindicato, Marta Ill.
Estas cláusulas abusivas aparecen de forma sistemática en cientos de contratos que los inquilinos se ven obligados a firmar sin ninguna posibilidad de negociación, según ha denunciado la abogada del Colectivo Ronda que lleva el caso, Montse Serrano. La demanda se ha presentado por la vía civil contra Lazora, una de las filiales del fondo propietario de 13.000 pisos en todo el país.
La demandante es Silvia Torres, una vecina de Granollers que hace cuatro años que vive en un piso de 50 metros cuadrados, inicialmente propiedad de Solvia (la inmobiliaria de Banc Sabadell). Cuando se le acabó el contrato en diciembre del año pasado recibió un burofax de Azora fijándole las condiciones del nuevo contrato, con una subida de precio incluida, pasando de 385 euros a 897 euros al mes, según ha explicado ella misma.
El despacho y el sindicato han iniciado una demanda judicial por la vía civil en la que argumentan que la inquilina firmó un contrato de adhesión, que “no estuvo firmado entre dos particulares sino que la arrendataria se vio forzada a firmar” , “sin ninguna posibilidad de negociación previa”. “No pude revisar ni leer el contrato hasta el mismo día de la firma”, ha lamentado Torres, que tampoco pudo, dice, llevarse el contrato para revisarlo.
Cláusulas “abusivas”
Además, aseguran que en este documento hay 10 cláusulas “ilegales”, según las cuales, por ejemplo, Torres no puede reclamar en caso de que haya un problema con los suministros del piso. Otro punto prevé que el precio del piso se incrementará a los tres años, sin “ninguna razón de ser”, sino por “eludir la ley que prohíbe las actualizaciones por encima del IPC”, ha argumentado Serrano, que ha calificado esta práctica de “fraude de ley”.
Además, el contrato obligaba a pagar un seguro por impago, a incluir el inquilino en un registro de morosos y penalizaba con hasta un 300% del precio del alquiler por cada día que se retrase la entrega de las llaves. También constaba una “falsa declaración de negociación” de estas cláusulas, siempre según los denunciantes.
“Tomo la decisión y hago el paso [de demandar] pero no sólo por mí, sino por todos los vecinos y vecinas que estamos en esta lucha, porque no puede ser que estos fondos buitre, propietarios de 13.000 viviendas, sean los dueños del sufrimiento de tantas familias”, ha subrayado Torres tras interponer la demanda.
“Nuestra ambición es que llegue más allá de un caso particular”, ha agregado la abogada, que cree que “nos encontramos en un momento que es el mismo que antes de empezar a impugnar las cláusulas abusivas de los contratos bancarios”. “Todo el mundo partía de la concepción que lo que se firma va a misa pero luego hemos visto que puede acabar en papel mojado si no se han cumplido las normativas y ha habido un abuso”, dijo.