“Al principio me veía como una hormiga contra un elefante”. Sílvia Torres no puede ocultar su satisfacción. Una jueza de Barcelona le ha dado la razón y ha anulado por abusivas nueve cláusulas de su contrato de alquiler que le impuso su casero, el fondo Azora. Se trata de una sentencia pionera que puede abrir la puerta a miles de reclamaciones de inquilinos y que llega en plena negociación de una nueva ley de Vivienda. “El Gobierno debe proteger más a los inquilinos”, reclama Torres.
Todo empezó con un burofax, recuerda Torres. En verano de 2019, Solvia, la inmobiliaria de Banco Sabadell vendió el piso de 43 metros cuadrados en el que Torres vive de alquiler a las afueras de Granollers (Barcelona). Azora, uno de los mayores propietarios de España y con un historial de relaciones complicadas con inquilinos, le envió un burofax con un nuevo contrato para firmar en enero de 2020.
En el documento figuraban nueve cláusulas que, tres años después, la Justicia ha declarado desproporcionadas y abusivas, en una sentencia que Azora, compañía matriz de las empresas Lazora, EncasaCibeles y Témpore Properties recurrirá ante la Audiencia de Barcelona. El litigio llegará hasta el Supremo, que sentará jurisprudencia. Torres explica que antes de firmar el nuevo contrato quería negociar por el fondo, pero denuncia que se encontró con un “o lo tomas o lo dejas”.
“No respondían los correos, llamabas a un teléfono y solo llegabas a un teleoperador, no podías hablar con nadie”, rememora Torres. Y llegó el día en que la citaron en un despacho de Barcelona para firmar el nuevo contrato. 22 páginas sobre las que Torres tenía dudas y preguntas. Pero tampoco entonces halló respuesta. “Me dijeron que no podía salir de las oficinas si el contrato no estaba firmado”. elDiario.es ha preguntado este martes a Azora por su versión del conflicto, sin obtener por ahora respuesta.
Han sido tres años hasta que ha llegado la sentencia, que Sílvia Torres ha vivido con incertidumbre y nervios. En juego estaba poder seguir viviendo en su casa. “Tengo que decirlo, sin el Sindicato de Inquilinos y el Col·lectiu Ronda [cuya abogada Montse Serrano ha representado a la inquilina] hubiera tirado la toalla”, agradece Torres.
El nuevo contrato estipulaba un incremento del alquiler del 30% a partir del tercer año, con lo que la sentencia podría evitar que desde este mes de enero la renta mensual que abona Torres pase de 690 a casi 1.100 euros. La sentencia de la magistrada Judit Peries, titular del juzgado de primera instancia 31 de Barcelona, es demoledora, y tilda de “ardid” esta cláusula que impuso Azora a la inquilina, denominada “de bonificación” y que según el Sindicato de Inquilinos se repite en miles de contratos de alquiler de los fondos inmobiliarios.
“El precio del contrato no fue fijado de forma clara y transparente para que pudiera ser comprendido por un consumidor medio”, concluye la sentencia, que destaca que la citada cláusula “pudo provocar confusión en el arrendatario e induce a error en el consumidor medio”. Para ser “claro” y “comprensible”, abunda la magistrada, el contrato debería haber fijado “la carga real económica” del alquiler en vez de bonificar la renta primero para incrementarla después de forma “abismal”.
Solo Azora es propietaria de 13.000 pisos en todo el Estado. Los fondos inmobiliarios, cuyas estrategias con los inquilinos están desde hace meses en el punto de mira de los colectivos provivienda, se han convertido en un actor clave del mercado después de adquirir a bajo coste varias promociones de bancos y de las cajas. La creación del banco malo, que acumuló los activos inmobiliarios de las cajas quebradas, no ha servido para generar un parque de alquiler público similar a los países europeos, sino para dar entrada a fondos como Azora.
El conflicto con Torres no es el único que Azora acumula con sus inquilinos, pero sí el primero que termina en los juzgados. En Barcelona más de 100 inquilinos exigieron una negociación colectiva de contratos. El fondo además se negó a abrir una mesa de negociación colectiva que le pidieron sus inquilinos para evitar subidas del 40% o desahucios en promociones de cinco ciudades catalanas en plena pandemia.
Unas cláusulas habituales en fondos inmobiliarios
“Hemos terminado en un juicio pero antes siempre lo habíamos querido evitar mediante la vía de la negociación, el problema es que Azora nunca ha querido”, valora Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos. Arcarazo avanza que la intención de la entidad es “seguir persiguiendo todos los abusos a las inquilinas”. “No consentiremos este tipo de cláusulas nunca más, se ha acabado la barra libre de los fondos”.
¿Y ahora qué? A la espera de que el caso de Torres llegue hasta el Supremo tras los recursos del fondo, a nivel jurídico el Sindicato de Inquilinos y el Col·lectiu Ronda están estudiando si ha llegado el momento de que los inquilinos acuden al juzgado con demandas, bien individuales bien colectivas contra un mismo fondo, en caso de que la negociación con sus caseros para retirar las cláusulas abusivas no tenga éxito.
“Las cláusulas anuladas por la magistrada están muy extendidas no solo en los contratos de Azora sino también en los de los otros fondos”, recalca la letrada Montse Serrano. Las cláusulas tumbadas por la Justicia autorizaban a Azora a aplicar una penalización del 300% del precio diario del alquiler en caso de demora en la entrega de las llaves, acudir a la vivienda a realizar visitas periódicas o retener la fianza si había mínimos desperfectos. También se han anulado las cláusulas que obligaban a Torres a renunciar a sus derechos en caso de interrupción de suministros por causa ajena y que tampoco le permitían reclamar en caso de resolución del contrato o exigir la devolución de gastos derivados de incumplimientos contractuales de Azora.
Para Torres su caso muestra que, si no dispone del tiempo, los recursos o la ayuda de entidades como el Sindicato o Ronda, un inquilino está totalmente “desprotegido” ante un fondo. “Lo de los alquileres es muy fuerte, en todos los grupos de amigos hay alguien que tiene un problema, porque se han convertido en inasumibles. El Gobierno tiene que proteger más a los inquilinos porque es algo que ya no solo afecta a la gente joven, cada vez más te encuentras gente camino de los 40 a quien los altos precios expulsan de sus casas”.
–––––––––––––––––––––––––
Antes de que dejes de leer...
elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.
Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.