La Ley de Participación de Castilla-La Mancha como alerta para las elecciones generales de este domingo

Desde Podemos alertamos a la ciudadanía con una cuestión de gravedad y al mismo tiempo clarificadora: la Ley de Participación de Castilla-La Mancha. Es una de las leyes que elaboramos desde el Gobierno en la anterior legislatura, junto con la de Garantías Ciudadanas que exigimos que también se envíe a las Cortes porque será fundamental en la próxima crisis para proteger a las personas y familias de nuestra región.

La Ley de Participación fue elaborada conjuntamente con expertos en la materia, con 72 organizaciones sociales e instituciones y con 750 personas de nuestra región. Fue la Ley en la que más personas han participado en la historia de la Junta de Castilla-La Mancha. Nuestro Anteproyecto fue reconocido como uno de los mejores y más pioneros textos de España. Incluso el Proyecto de Ley, que pactamos con el PSOE aprobándose el 14 de mayo y que ha llegado hace unas semanas a las Cortes, conseguía avances importantes para esta región.

Sin embargo, hemos estudiado en detalle las enmiendas realizadas por el PSOE y Ciudadanos en el proceso de aprobación final en las Cortes a este Proyecto de Ley. La situación es muy preocupante y denunciamos esta maniobra que daña gravemente los avances que aportaba para la ciudadanía. Además, traslada con claridad la diferencia cuando Podemos está en las instituciones de manera fundamental para llegar a acuerdos, de cuando no estamos.

El Proyecto de Ley de Participación tal como lo aprobamos en Consejo de Gobierno servía para muchas cosas. Prevenir y luchar contra la corrupción, con evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía. Para que nuestra economía fuese mejor y luchásemos contra la despoblación, incoporando a más actores económicos de la población en las iniciativas económicas, dinamizando los territorios y articulando iniciativas y empresas.

Para que las instituciones usen el dinero del pueblo para resolver los problemas reales, con presupuestos participativos, proyectos necesarios impulsados por la sociedad y organizaciones –ejemplo un plan comarcal contra la despoblación o de energías renovables-. Para que la ciudadanía de forma universal tenga su derecho a intervenir sobre qué quiere y qué no, con las iniciativas ciudadanas –como una consulta sobre una macrogranja-. Y fortalecía a nuestro tejido social eliminando el tapón del clientelismo, básico para desarrollar nuestro mundo rural y luchar contra la España vaciada.

El PSOE y Ciudadanos con sus enmiendas (muchas de ellas coincidentes) eliminan las garantías para que la Ley sirva para algo, como tantas otras leyes en España. Esta Ley tenía garantías jurídicas para que no fuese papel mojado, gracias a nuestro empeño tenaz en la negociación con el PSOE. Como principales ejemplos: La enmiendas 37 del PSOE modifica la palabra “deberá” por “podrá”, se elimina la obligación de llevar a cabo los acuerdos de la ciudadanía.

Suprimen la obligatoriedad de poner en marcha las iniciativas ciudadanas con 3000 firmas, haciendo gastar a la ciudadanía su tiempo para que después los políticos decidan arbitrariamente. La arbitrariedad de la administración es un abuso que no tenía lugar en esta Ley. Una Ley que iba a generar esperanza y mejora de nuestra tierra la quieren convertir en una Ley que genere frustración.

Además PSOE y Ciudadanos eliminan el Observatorio Ciudadano que venía a ocupar parte del hueco democrático de defensa de derechos que tenía el Defensor del Pueblo suprimido por Cospedal. PSOE y Ciudadanos impiden que recuperemos los recortes democráticos y sociales de Cospedal. La Ley de Participación continuaba la senda de la recuperación y regeneración democrática, creando nuevos derechos y servicios públicos. Sin embargo sus enmiendas vienen a eliminarlos reforzando el clientelismo y los privilegios de los partidos frente a la sociedad, para taponarnos como una región atrasada.

Hay una cuestión muy grave. Existe un avance feminista en la Ley que es la paridad en los órganos de participación -como los consejos de salud por ejemplo-. Y el PSOE ha eliminado esta paridad, yendo en contra de una propuesta aportada y avalada por el propio Instituto de la Mujer y organizaciones y mujeres feministas. Una demanda que, como prácticamente todas las elaboradas por la sociedad civil, habíamos incorporado. Es una enorme contradicción del PSOE que, con estas enmiendas, a la hora de la verdad no permite el avance de la igualdad de género y de los derechos iguales de las castellano manchegas. Vamos a luchar hasta el último minuto porque esta enmienda se retire o el propio PSOE vote en contra de ella.

Se eliminan las partes de impulso de transparencia, colaboración ciudadana y dinamización del mundo rural y los Ayuntamientos porque el PSOE elimina los presupuestos participativos locales y la creación de una ordenanza tipo de participación ciudadana, que habían pedido decenas de ayuntamientos de la región. El PSOE demuestra que quiere mantener su clientelismo de caciques locales, que administra la participación política en vez de tratarla como un derecho universal, y tiene Castilla-La Mancha atrasada sin dejar que la gente aquí pueda formar parte de las instituciones, emprender, ser libre y crecer. No se apoya a los municipios ni la modernización y apertura de los mismos, que tienen que servir para dinamizar nuestros pueblos y ciudades, no para paralizarlos.

Las enmiendas de Ciudadanos eliminan también el servicio público de Participación Ciudadana: las unidades, órganos y el servicio funcionarial de Participación Ciudadana. Suprimiendo las capacidades y funciones de un servicio de gestión público desaparece también la certeza del cumplimiento de la Ley y de que la administración desarrollará sus obligaciones. Nuestro compromiso para recuperar y aumentar servicios públicos con eficiencia y bajo gasto estaba reflejado en la Ley, creando un funcionariado responsables de este nuevo servicio público. Sin embargo, Ciudadanos ha usado el argumento demagógico de Cospedal en sus recortes: llamar órganos politizados y que generan gastos a nuevos servicios públicos funcionariales y a órganos de control público, la mayoría de bajo coste. Un ataque a la función pública y a las administraciones.

Cuando el PSOE tuvo que pactar con nosotras se aprobaron los proyectos de Ley de Participación y de Garantías Ciudadanas, se mejoraron los servicios públicos (educación, salud…), se empezaron a revertir los recortes, se desarrolló un avance importante en normativa y políticas de Medio Ambiente, Igualdad… Todos esos avances se están frenando, desdibujando o convirtiendo simplemente en anuncios sin medidas reales, paripés sin cambios.

El PSOE con mayoría absoluta ha decidido eliminar los avances de la región logrados con Podemos y hacer enmiendas junto a Ciudadanos, en lo que parece un pacto legislativo, como en la eliminación del Observatorio Ciudadano, una demanda popular ¡incluso cuando no lo necesita porque en las Cortes el PSOE tiene mayoría absoluta! En línea con los pactos que mantienen en los principales Ayuntamientos de Castilla-La Mancha.

Este es un ejemplo, como la eliminación de la limitación de mandatos de Page y otros, que nos indica que los logros de la legislatura anterior se debieron a nuestra presencia. Y que vuelve a demostrarnos que el PSOE cuando tiene mayoría tiende a pactar con la derecha, aun cuando tenga mayoría absoluta y no la necesite. Lo peor de todo es que estos retrocesos se ocultan o se venden como avances, vemos una voluntad de engañar a la gente de nuestra región por parte de PSOE y Ciudadanos, igual que lo hubo con Cospedal hace dos legislaturas. Vamos a luchar junto a la gente y los actores de esta Castilla-La Mancha para que no se pierda lo avanzado y sigamos dando pasos, a pesar del PSOE-Ciudadanos.

Y eso creo que también nos muestra lo que está pasando en España en estas elecciones generales del 10N, donde la amenaza es que Pedro Sánchez en lugar de pactar un gobierno progresista vuelva a pactar con Ciudadanos como en 2016 o incluso haga un acuerdo PP-PSOE, con gobierno conjunto o aceptando los votos de la derecha. Como ya intentó durante las negociaciones de investidura pasadas.

Estas elecciones generales votar a Unidas Podemos es la única garantía de que el voto no se vaya a un acuerdo con la derecha y que haya un gobierno progresista que defienda los intereses de las mayorías.