Carlos Fabra dejará su cargo en la Cámara de Comercio de Castellón el 31 de diciembre con el bolsillo caliente: se llevará 100.000 euros de indemnización pese a que presentó su renuncia a la secretaría general como de acto voluntario.
En realidad, se trata de una jubilación pactada con la dirección de la institución y forzada por la presión de empresarios y las fuertes críticas por parte de la opinión pública. Según algunas fuentes, el PP valenciano, y más concretamente el de Castellón, también habría, además de toda la oposición, intentando quitarse de en medio a Fabra, un cacique caído.
La reacción del expresidente de la Diputación de Castellón, de hecho, no se ha hecho esperar: Ha anunciado públicamente que duda sobre si votar de nuevo al PP y ha ninguneado a su sucesor en la corporación provincial. ¿Quién es Javier Moliner?. No lo conozco“.
La soledad de Fabra tras su condena a cuatro años de prisión es absoluta. Hasta el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con quien no guarda parentesco, se atreve ahora a criticar al otrora todopoderoso pope de la política valenciana.
Indemnización y despidos
La Cámara de Comercio acometerá la indemnización a Carlos Fabra, que cobraba 90.000 euros al año, en medio de sus graves problemas económicos. La presidenta de la entidad, Dolores Guillamón, anunció “nuevos ajustes” –nueve despidos, entre ellos- a pesar de que la Cámara ya hizo un ERE en 2009.
Sin embargo, no quiso concretar la compensación a Fabra por su abandono, adelantado por medios como Levante-EMV. “Se trata de una jubilación que se hará efectiva como establece el convenio de trabajadores de la Cámara, no cobrará ni un euro más ni menos”, dijo Guillamón sin aclarar detalles.