Catarroja responsabiliza a la Generalitat del despido de los 21 trabajadores de una residencia de mayores cerrada tras la dana

La dana del 29 de octubre de 2024 tuvo en la localidad de Catarroja, en la comarca valenciana de l'Horta Sud, uno de los municipios más afectados. El agua, además de llevarse la vida de 230 personas en la provincia de Valencia, causó numerosos daños materiales que afectaron a todo tipo de infraestructuras y servicios.

Una de estas infraestructuras que se vio afectada por las inundaciones fue la residencia de la tercera edad Francisco Ramón Pastor de Catarroja, un servicio gestionado por un organismo autónomo municipal que atendía a 37 personas mayores y que contaba con una plantilla de 23 empleados -dos de ellos en excedencia-.

La grave afección del inmueble, en riesgo de colapso por los serios daños sufridos, provocó el traslado de los usuarios a dos residencias públicas de la Generalitat en la provincia de Castellón en noviembre de 2024. Un dictamen posterior concluyó que el centro no puede volver a abrirse como residencia y que, para su reutilización, sería necesaria una inversión de más de 1,4 millones de euros, “siempre que no aparezcan patologías graves inesperadas”. Sin embargo, tal actuación no implicaría la reapertura del centro, ya que existe una “inviabilidad funcional y normativa” para seguir prestando ese servicio, según los informes técnicos.

Con el cierre de la residencia, el personal —que estaba incluido en el Contrato-Programa suscrito entre la Conselleria de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Catarroja, de forma que sus retribuciones se comprometía a abonarlas la Generalitat Valenciana— fue asumido por el Consistorio de forma “excepcional y transitoria” dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) como refuerzo de atención primaria básica. No obstante, los auxiliares de cocina y enfermería y el personal de limpieza “no cumplen los requisitos de cualificación profesional y funciones específicas” para incorporarse de forma permanente a ese servicio.

La Conselleria ha dejado de hacerse cargo del pago de las nóminas de los 21 empleados de la residencia al considerar que no está vigente el contrato-programa: equipo técnico (ATS, médico, TASOC y fisioterapeuta), auxiliares de enfermería y personal de limpieza, lavandería y cocina. Esto supone más de 225.000 euros correspondientes a las dos últimas mensualidades de 2024 y a todo el ejercicio de 2025, una cantidad que ascendería a cerca de 900.000 euros en lo que resta de contrato programa (2024-2028). Por ello, el equipo de Gobierno propuso en el pleno del jueves la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a todos los trabajadores y suponía una indemnización superior a los 271.000 euros. Sin embargo, a petición de los grupos de la oposición, se ha acordado otorgar un período de un mes para intentar encontrar una solución a esta situación a la que hasta la fecha no se ha llegado -el Ayuntamiento ha hecho una provisión de fondos en el presupuesto de este año de cerca de 730.000 euros para hacer frente a estas partidas relacionadas con la liquidación de la residencia-.

Intentar “ganar tiempo” y “buscar alternativas”

El Ayuntamiento de Catarroja defiende que la situación del centro de mayores “no nace de una decisión política municipal, sino de una cadena de hechos provocados por la dana y agravados después por la falta de una respuesta suficiente por parte de la Conselleria competente”. Así, ante una situación sobrevenida, sostienen que ni se despidió al personal de forma inmediata ni se desentendieron del problema: “Al contrario, se intentó ganar tiempo, se buscaron alternativas, se asumió con presupuesto municipal el pago de las nóminas y se promovió una adscripción provisional del personal al Ayuntamiento para evitar que los trabajadores quedaran desamparados y forzar una respuesta del departamento de Servicios Sociales”.

Sin embargo, lamentan que la Generalitat no asumiera al personal, como sí hizo con los residentes, obligando además a devolver, “con intereses”, la financiación vinculada a la residencia. “No ofreció una solución estructural para los trabajadores, ni aceptó trasladar esa financiación a otros servicios municipales, ni garantizó la continuidad futura del servicio residencial”. Asimismo, insisten en que se sostuvo al personal con recursos propios mientras la Generalitat Valenciana “retiraba la financiación” para “evitar dejar abandonados a los trabajadores”.

Así, fuentes municipales insisten en el hecho de que la Conselleria de Servicios Sociales “no garantizó la reapertura de la residencia ni ofreció una solución para su personal”. “Además, deja la puerta abierta a que, en caso de reapertura o modificación de la tipología del centro, el Consistorio solicite una nueva asignación presupuestaria; pero eso no resuelve el problema actual: hoy no hay servicio, ni financiación, ni una solución para la plantilla”, inciden, al tiempo que lamentan que la Generalitat no subrogara al personal en otros centros ni articulara una alternativa laboral para una plantilla que dependía de un servicio cuya competencia material es autonómica.

El Ayuntamiento sostiene que, “después de meses de gestiones, informes, pago de nóminas con fondos municipales y búsqueda de alternativas”, la residencia no ha reabierto ni está garantizada su continuidad; la financiación ha sido “retirada o reducida”, la adscripción del personal “no puede mantenerse indefinidamente” y tampoco existe una solución para la plantilla desde la Administración autonómica. Por ello, aseguran que se ven obligados a la extinción de los contratos vinculados a un servicio “que ha desaparecido de hecho y de derecho”: “Se trata de la consecuencia final de una cadena de decisiones y omisiones en la que la Conselleria ha reconocido el cierre del centro, ha reducido su financiación y no ha ofrecido una salida suficiente para el personal ni para el sostenimiento del servicio”.

Consultados por elDiario.es, desde el departamento que dirige Elena Albalat argumentan que se trataba de un centro de titularidad municipal y que la financiación, al estar sujeta a un contrato-programa, si el servicio se deja de prestar la Generalitat no puede seguir sosteniéndolo y, si no se justifica ese gasto, se reclama el importe aportado.