El descontrol en las obras a dedo de la dana: sobrecostes del 49,999% para evitar la ilegalidad y un nuevo concurso
Los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 recibieron una lluvia de millones de euros públicos del Gobierno para acometer las obras de reconstrucción. Además, el propio Ejecutivo destinó a la reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias miles de millones, al igual que la Generalitat Valenciana para las de su competencia. Por la premura de las actuaciones, todos los contratos que se tramitaron para la reconstrucción se hicieron por la vía de urgencia, es decir, de forma directa, para saltarse los procedimientos habituales y acabar más rápidamente.
Esta falta de controles, amparada por la ley debido a la gravedad de la catástrofe, permitió la entrada de todo tipo de empresas y en condiciones llamativas. La Generalitat disparó los precios unitarios para beneficiar a los contratistas y, además, esta situación está provocando sobrecostes que ya están alertando a los interventores de numerosos ayuntamientos. De momento, la Agencia Valenciana Antifraude ni está ni se la espera. Un caso paradigmático, y que ha soliviantado a la interventora municipal, ha sucedido en el Ayuntamiento de Montserrat, presidido por el alcalde del PP, Sergio Vilar, con las obras de reconstrucción del polideportivo municipal.
Según el informe de la interventora municipal, el pleno del Ayuntamiento —con los votos a favor de PP, PSPV-PSOE y Vox y en contra de Compromís— aprobó, sin informarla, un modificado de obra a Bertolín y a la asistencia técnica, de manera coordinada, del 49,99936 %. La habilitada nacional recuerda que, si esos sobrecostes hubieran sido del 50 %, habrían sido ilegales y las obras habrían tenido que salir a concurso al superarse el límite fijado por la Ley de Contratos del Estado.
En un principio, las obras de reparación del polideportivo por procedimiento de urgencia se presupuestaron en 1.406.346,98 euros, pero acabaron costando 2.109.511,45 euros, un sobrecoste del 49,99936 %. Otro punto llamativo es que tanto la asistencia técnica —presupuestada en 50.000 euros y que acabó costando 82.499— como las obras de la contrata —presupuestadas en 1.351.346 euros y que acabaron costando 2.027.011 euros— tuvieron exactamente el mismo sobrecoste del 49,99936 %.
Ante este procedimiento por parte del pleno y sin haberle informado, la interventora avisó al consistorio de que “realizar gastos sin seguir el correspondiente procedimiento y, por lo tanto, con omisión de la función interventora supone una infracción administrativa” que podría dar lugar a una “responsabilidad presupuestaria”, según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Es más, asegura la habilitada nacional que podría constituir una “infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria”.
Para la interventora, “debiera haberse atendido a la tramitación ordinaria prevista en la LCSP, conforme al artículo anterior, considerando además el tiempo transcurrido entre la declaración de emergencia y la ejecución de las obras”. “La primera manifestación expresa sobre la necesidad de realizar posibles modificaciones o ampliaciones en el contrato de obras la realizó la asistencia técnica de las obras, y redactora del proyecto de las obras, en escrito presentado por registro de entrada en fecha 21/01/2026 (2026-ERE-467), si bien en el escrito no cuantificó ni detalló precios, simplemente advirtió de posibles modificaciones en el contrato de las obras, entiéndase no previstas en la memoria inicial”, añade.
Ante la virulencia y la gravedad del informe de la interventora, el secretario del Ayuntamiento de Montserrat realizó otro informe para justificar la ampliación de las obras y considerar que estas se enmarcan dentro de la urgencia de la emergencia. “Siempre y cuando las obras no hayan finalizado, o en su caso estén ya ejecutadas, cabe concluir que la Administración puede ampliar las obras de emergencia cuando concurran las circunstancias expresadas y que guarden estricta relación con las obras iniciales y paliativas de la emergencia y se consideren 'indispensables', y que una Administración diligente no pudo prever, siempre entendiendo que tales actuaciones están amparadas por la declaración de emergencia efectuada al respecto”, argumenta.
Entre las obras acometidas por el contrato y que tuvieron los importantes sobrecostes se encuentran la reparación del muro de contención del polideportivo, de los frontones, de las pistas de pádel y de la red de saneamiento, que fue lo que más reventó el presupuesto al tener un modificado de obra de más del 1.700 %.
“Todo con informes técnicos y del secretario”
El alcalde del municipio ha defendido la actuación del consistorio y ha criticado el informe de intervención. Sobre los sobrecostes, Sergio Vilar, asegura que no se ha sacado a concurso “porque la ley dice que no se saque al no llegar al 50%”. “Hay unas obras de emergencia que, cuando se empiezan a ejecutar se dan cuenta de que hay más daño del previsto. Se amplía el contrato gracias a un informe del secretario y un informe del técnico que justifica las actuaciones”, añade. “Los técnicos municipales junto a la dirección de obra, determinaron que la actuación es legal, se pasa por pleno y no hay más que destacar. Es una obra de emergencia. Cuando haces una obra de emergencia no tiene sentido paralizar otra obra. Nosotros lo hemos argumentado”, mantiene el alcalde, que insiste en que la decisión se pasó por pleno.
A preguntas sobre la dureza del informe de Intervención, Sergio Vilar asegura que la interventora “ha de certificar que hay dinero y pagar. Ya está. La interventora debería haberse fijado que el polideportivo está sin uso y que nos hemos enfrentado a una dana”, ha añadido. Según lamenta el alcalde, “casi dos años después todavía no está el polideportivo acabado”.