Ricard Pérez Casado (València 1945-2026) fue, a efectos prácticos, el primer alcalde democrático de la ciudad de València tras el franquismo. El segundo, si queremos ser rigurosos, pero su antecesor apenas estuvo seis meses en el cargo antes de ser apartado por su propio partido en una de las innumerables guerras intestinas del socialismo valenciano. Pérez Casado figuraba con el número dos en la papeleta municipal del PSOE por decisión de la dirección estatal, que no lo quería para dar la cara sino para poner orden en el caótico urbanismo de la ciudad, asunto en él que había trabajado como profesional por todo el País y conocía como pocos. Así que la vara de mando le golpeó, de manera indeseada y súbita, en una situación política y económica muy complicada. Su propio grupo de concejales, que había llevado mal la intervención de Madrid en la lista, le consideraba un paracaidista, sospechoso de comunismo además, y nunca le prestó su apoyo sincero; sólo unos pocos, mayormente los de la corriente Izquierda Socialista, se desmarcaron de una hostilidad que los otros no hacían nada por disimular.
Por el otro lado del arco tampoco lo tuvo mejor: la derecha le acusó inmediatamente de ser un infiltrado de Barcelona. Sus conexiones con la política catalana, sus sólidas convicciones valencianistas - fue uno de los fundadores en 1964 del clandestino Partit Socialista Valencià, absorbido después por el PSOE como lo fue el PSPV y otros grupúsculos activos en la Dictadura - le vinieron de perlas a la caverna para azuzar aún más la (mal) llamada Batalla de València. O sea, la acostumbrada resistencia de la derecha a reconocer la legitimidad de los gobiernos de izquierda, vestida esta vez para la ciudadanía como enfrentamiento sobre los orígenes de la lengua valenciana. De hecho, en su primer acto público, cinco días después de tomar posesión, fue agredido físicamente, durante la (mal) llamada Procesión Cívica de la Senyera, el 9 de octubre de 1979, por los herederos del franquismo, bien provistos de banderas con franja azul, y sobre todo con grueso mástil, sin que su propia Policía Municipal pusiera mucho empeño en protegerlo. Por supuesto, la Nacional, en manos de un gobierno de la UCD vicepresidido por uno de los promotores del blaverismo, tampoco.
Y si la situación política era infernal - dos años después triunfaba precisamente en València el golpe de Estado de Milans del Bosch tras la toma del Congreso de los Diputados por Tejero - la urbanística no podía ser peor. València era una ciudad con un alcantarillado digamos deficiente, donde las aguas fecales e industriales iban a parar directamente al mar a través de las acequias, tan cantadas por los poetas como putrefactas en la prosa. Los autobuses públicos eran pocos y vetustos; prácticamente el único parque digno de tal nombre, conocido popularmente como Los Viveros, aportaba apenas 100.000 metros cuadrados de zona verde a más de medio millón de habitantes. La nacional 340, eje mediterráneo de Cádiz a la frontera francesa, atravesaba la ciudad de norte a sur y de sur a norte con una procesión ininterrumpida de camiones. Lo mismo hacía el tren, que catorce horas de las 24 de cada día mantenía cortada la avenida del Puerto y cualquier otra comunicación entre la ciudad y sus barrios marítimos.
El bosque de El Saler estaba desapareciendo bajo las edificaciones turísticas y en la Albufera vertían sin depuración previa los polígonos industriales de todo su contorno. El Plan General en vigor preveía convertir el antiguo cauce del Turia en autopistas urbanas y derribar prácticamente todo el centro histórico, como ya se había hecho con la sustitución de una iglesia gótica por los primeros grandes almacenes, o con la brutal intervención que supuso la avenida del Oeste. Y en la periferia las cosas eran mucho peores: había barrios a los que en días de lluvia, incluso moderada, no se podía acceder. Con razón uno de ellos era conocido por sus vecinos como Isla Perdida, nombre que oficializó el ayuntamiento de Pérez Casado después de su reforma integral. Al barrio de adopción del futuro alcalde, donde llegó en la adolescencia, lo habían bautizado las autoridades franquistas como barrio de La Luz, justo lo que faltaba en sus calles nocturnas.
Por todo el extrarradio, centenares de calles sin asfaltar: polvo en verano y barro en otoño, con las botas de agua como equipamiento indispensable para los vecinos. A todo esto, las finanzas del Ayuntamiento estaban prácticamente en la quiebra, con decenas de impuestos ineficientes y otros que cargaban el peso de la tributación sobre los más humildes, que eran muchos porque el paro en ese momento crecía en España a razón de mil personas al día. Y, para enderezar la situación, el nuevo alcalde no disponía ni siquiera de un economista en plantilla, y los arquitectos e ingenieros heredados de la Dictadura se podían contar con los dedos.
¿Qué hizo el gobierno municipal en los nueve años (1979-89) en que lo dirigió Pérez Casado, en indispensable y bien llevada coalición con el PC? En gran medida, y para desesperación de algunos socialistas de cortas miras, enterrar cientos de millones en obras de poco rédito electoral, porque el proceso causaba muchas molestias y una vez acabado nadie se acordaba, como los colectores de aguas residuales y las tuberías de agua potable. También consiguió que el Gobierno soterrara las vías del tren y culminara la construcción del bypass de la autovía A7, devolviendo así a las calles su condición de tales. Cambió las previstas autopistas urbanas por lo que hoy es el Jardín del Turia: en su mandato se redactó el proyecto, no sin enormes resistencias de la derecha, y se construyó el tramo de Campanar y el del Palau de la Música; a su vera se levantó el Palau de la Música, un edificio fundamental que también consiguió Pérez Casado gracias a su buena relación con Javier Solana, a la sazón ministro de Cultura. Jardín y Palau, por cierto, con reticencias también de su grupo de concejales, para algunos de los cuales todo esto eran lujos burgueses. Por suerte, sus aliados del Partido Comunista no llegaron a tal grado de izquierdismo de salón. Curiosa oposición a un Auditorio, a coste ínfimo para la ciudad, en la tierra con más bandas de música de todo el Estado.
Qué más: detener la destrucción de El Saler y comenzar su restauración. Colaborar con los demás municipios ribereños en el saneamiento de la Albufera y con la Generalitat en el metro - considerado hasta entonces imposible - con la conexión subterránea a través de la ciudad de las tradicionales líneas de vía estrecha del norte con las del sur. Cambiar el mercado de Abastos y el Matadero, situados dentro de la ciudad (y, en el segundo caso, vertiendo los residuos al escaso caudal del río todavía urbano) por las modernas instalaciones de Mercavalencia. Renovar por completo los autobuses urbanos y su empresa fallida Saltuv, reconvertida en EMT. Pasar de menos de 1 m2 de zona verde por habitante a casi 5 gracias al Jardín del Turia y los nuevos parques de Benicalap, Ayora y Aviación, además de otros muchos de menor tamaño. Poner a València en el mapa internacional de la cultura con la Mostra de Cinema, por la que desfiló lo mejor del cine de una y otra ribera del Mediterráneo, desde las grandes estrellas francesas o italianas a los jóvenes directores turcos, egipcios o palestinos.
También comenzó a limpiar la ciudad de los residuos franquistas, a pesar del ruido de sables que acabó realmente en asonada el 23-F. Fue el primer alcalde entre las capitales de provincia que ordenó retirar la estatua del Dictador de la plaza principal del municipio. Ordenó, digo, pero añado que sin éxito, porque los servicios municipales se negaron a cumplir la orden, luego de haber boicoteado varios intentos anteriores a base de contarlos con antelación a la prensa amiga, y tuvieron que ser militantes antifascistas reclutados en secreto quienes lo hicieran. Los restos de la Dictadura permeaban todavía la sociedad. Hasta las comisiones falleras se parecían más en muchos casos a una centuria falangista cuando desfilaban a los sones de cornetas y tambores con sus chaquetillas negras “de cucaracha” introducidas por el franquismo en sustitución del tradicional saragüells o el torrentí. Ardua tarea esta, la fallera, para la que Pérez Casado no daba el mejor perfil. Era presa fácil con sus antecedentes como antiguo redactor de la Enciclopedia Catalana, en sus tiempos de estudiante en Barcelona, y su empeño en normalizar en el Ayuntamiento y en las fallas el valenciano correcto, no la jerga de la que más presumían sus enemigos cuanto peor la hablaban.
Esa fue quizá su peor debilidad como político local. El exceso de cultura en una ciudad todavía muy provinciana. Dijo en una ocasión su jefe de Gabinete, el desaparecido profesor Josep Sorribes, que Rita Barberá no escribió nada como alcaldesa para no parecer más culta que sus votantes. Pérez Casado sí lo hizo, en muchos volúmenes de variada temática, y pagó las consecuencias de su elitismo intelectual. Quizá su error fue no comprender que era demasiado joven para ser un viejo profesor como Tierno Galván, al que todo se le permitía más por su provecta edad que por su indudable altura intelectual. Y, para acabarlo de complicar, Ricard, además de culto, era irónico, a veces mordaz y en ocasiones sarcástico. De estiradito lo calificó alguien. Lo atestiguo en primera persona, porque fui su asesor de comunicación – por cierto, el único asesor que tenía la Alcaldía en aquel momento - durante los tres años finales de su mandato, cargo que me ofreció después de haberme ocupado yo largamente de la información municipal en diversos medios.
Comprendo que resulta muy difícil mantener la compostura cuando la subdirectora y propietaria del periódico más influyente se atreve a llamarte Mariquita Pérez en sus muy influyentes columnas, o cuando otro transmuta un pequeño refugio en la sierra de Gúdar, su querida Sierra Callada, en una mansión de lujo. Es difícil de sobrellevar que un conocido político (entonces conseller socialista, luego de pasar por el FRAP y acabar en el PP y más tarde en la cárcel por robar el dinero destinado a un hospital en Haití) movilice una campaña para convencer al respetable de que el alcalde está en connivencia con los Jesuitas para llenarse el bolsillo con una codiciada parcela de la Gran Vía. Una parcela donde, en realidad, lo que consiguió el alcalde con mucha negociación fue reducir a la mitad la edificabilidad que los Tribunales habían concedido a una cerámica familia valenciana, la auténtica propietaria de la parcela. Y donde, en realidad, la supuesta defensa del vecino Jardín Botánico jugaba el mismo papel que el de la lengua en la Batalla de Valencia, el de señuelo para miles de buenas personas convertidas súbitamente en biólogas, como otras antes habían sido filólogas.
El caso Jesuitas fue, de hecho, el sambenito que le colgaron para explicar su dimisión en 1989, un año después de ganar las elecciones por tercera vez. Él lo desmintió ya entonces, pero pocos le creímos. Yo puedo contar que a mí me aconsejó, pocos meses antes de dimitir, que me fuera buscando otro trabajo porque él había decidido dejar el suyo tras la última y tormentosa reunión con Josep Borrell, a la sazón secretario de Estado de Hacienda. Borrell fue el brazo ejecutor de unos gobiernos de Felipe González que ahogaron a Valencia al negarle por enésima vez la financiación del transporte metropolitano, a la que la tenía perfecto derecho, y otras compensaciones que ni se acercaban a las se llevaron Barcelona y Sevilla por los Juegos Olímpicos y la Expo de 1982. Todo el apoyo que encontró en el entonces President de la Generalitat y de su partido fue, según él, amonestarlo por poner al Gobierno de España en contra de los valencianos debido a la dureza de sus reclamaciones. Al susodicho le fue mejor, sin duda: todavía senador hasta hace dos años.
A partir de ahí, volvió a la actividad privada – esta vez con escaso éxito, porque la consigna oficial del partido entonces hegemónico era a ese ni agua - y también ocupó algunos cargos, más honoríficos que de gestión y retribución, en Bancaja y su Fundación. Allí fue testigo, demasiado discreto por lo que ahora sé, de los movimientos sospechosos que se estaban produciendo en el sistema financiero valenciano, favorecidos tanto por el PP gobernante como por el PSOE opositor, y que culminaron años después en fiascos como los del Banco de Valencia y la Bankia de Rodrigo Rato. Lo cuenta en Agraït amb la vida, un libro de memorias muy personales en el que he tenido la suerte de ayudarle en sus últimos tiempos y que ya está en proceso de publicación.
Así que pocos amigos le fueron quedando en el PSOE con el paso de los años. Uno que siempre lo fue, Pasqual Maragall, contribuyó a que la Unión Europea le nombrara tiempo después Administrador de Mostar, ciudad bosnia clave en los conflictos que habían llevado a la guerra de la antigua Yugoslavia. Javier Solana, desde la Secretaria General de la OTAN, también colaboró, pero no así la dirección del PSOE. En Mostar, al mando de un contingente internacional de casi 20.000 efectivos, logró convocar y celebrar las primeras elecciones tras la guerra y cumplir con éxito un encargo que casi nadie creía posible, comenzando por Felipe González. Su éxito le llevó a ser incluido en la lista socialista del año 2000 al Congreso de los Diputados, donde dedicó buena parte de su actividad parlamentaria a luchar para que se reconocieran los derechos y las pensiones de los antiguos guerrilleros del Maquis y de los españoles que habían sobrevivido a los campos de exterminio nazis.
Su último encargo político, que todavía no comprendo cómo aceptó, fue el que le ofreció Zapatero: ser representante del Gobierno en la comisión de la Copa del América de Vela celebrada en Valencia el 2007, donde se las tuvo tiesas con la entonces alcaldesa y con la herencia envenenada que había dejado el gobierno de Aznar, llena de promesas y huera de fondos. Él mismo reconoce en Viaje de ida, memorias políticas publicadas por la Universitat de Valencia el 2013, que aquello fue un error. Pero el más grave de su vida, quizá, fue no mirar algo más por sus intereses, de manera que le quedó una pensión de apenas 1.500 euros y un patrimonio modesto al final de una vida dedicada al bien común. Los primeros ayuntamientos democráticos no cotizaban por sus alcaldes a la Seguridad Social. Así que, con todas sus luces y sus sombras, su recuerdo hace que me indigne cuando oigo decir que todos los políticos son iguales.