El fiscal se opone a la petición de Pradas de que Bernabé aporte sus mensajes de la dana
La Fiscalía se ha opuesto a la petición de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa penal de la dana, para que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aporte voluntariamente todas las comunicaciones en relación con la emergencia al considerar que “carece de utilidad y resultaría prospectiva”.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público ha pedido la desestimación de los recursos interpuestos por Pradas y por el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso -también investigado- contra el auto de la jueza de Catarroja donde rechazaba solicitar la aportación voluntaria del registro de llamadas y comunicaciones de la delegada del Gobierno.
En el recurso de la exconsellera, Pradas defendía la “pertinencia”, “utilidad” y “necesidad” de conocer estas comunicaciones al creer que son “esenciales para determinar qué información circulaba entre las distintas Administraciones durante las horas críticas”, así como “saber cuál era el conocimiento real y cronológico sobre la evolución de la situación de riesgo en el barranco del Poyo, y qué datos y advertencias se hallaban disponibles”.
Sin embargo, para el fiscal, esta diligencia de investigación “carecería de utilidad y resultaría prospectiva” y la considera una “diligencia de sondeo” teniendo en cuenta que “no se especifica los testimonios y/o los datos que pretenden corroborarse con las referidas comunicaciones”.
“Por tanto, es innecesario recabarlas a los efectos de averiguar la información conocida, o potencialmente cognoscible, por las personas a las que, según el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, correspondía la dirección de dicho plan en la fecha indicada, estas eran, el investigado y la investigada, y, por ende, una posición normativa de garantes para adoptar medidas de protección a la población frente a las riadas provocadas por la dana sucedida, en la fecha indicada, en la provincia de Valencia”, añade el escrito.
Asimismo, la Fiscalía ha recordado que, según el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana, la función de la delegada del Gobierno “es de estricta coordinación entre la administración estatal y la autonómica”.
Por otra parte, el Ministerio Público ha recalcado que el derecho a la prueba “no es absoluto e ilimitado” y ha señalado que la utilización de los medios de prueba para la defensa deben ser “deben ser pertinentes y útiles”.
“La diligencia de investigación cuya práctica pretende la citada representación procesal no reúne estas características, al resultar intrascendente obtener el referido listado” y ha destacado que en la causa consta documentada la hora de las comunicaciones entre Bernabé y Pradas la ausencia de ellas con Argüeso.