La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante juzga este próximo lunes a dos empresarios que supuestamente engañaron a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, una entidad semipública, para obtener créditos bancarios. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de cinco años de prisión por un presunto delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.
Los hechos se remontan a 2007 y 2009, cuando los encausados presentaron abundante documentación que resultó ser falsa para ganarse la confianza de la SGR de Alicante y que les avalara, según el relato de la Fiscalía. Los dos hombres habrían engañado a la SGR, que tuvo que ser rescatada con 200 millones de euros de fondos públicos en 2016, para que hiciera de avalista de su empresa con el fin de obtener créditos bancarios para operaciones inmobiliarias y de gestión de geriátricos.
La SGR, una entidad semipública con participación de la Generalitat Valenciana, desembolsó casi cuatro millones de euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Se trata de una entidad ï¬nanciera, sin ánimo de lucro y supervisada por el Banco de España, que facilita el acceso a ï¬nanciación a pymes y autónomos.
Rebautizada como Afín-SGR por el Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic, cuenta con socios protectores como el Institut Valencià de Finances y la Generalitat Valenciana, además de entidades financieras y cajas y asociaciones profesionales. Las pymes y autónomos beneficiarios de los avales figuran como socios partícipes.
Los hechos que juzga la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante se remontan a 2007 y 2009, con el popular Gerardo Camps como titular de la Conselleria de Hacienda.