En 2019, las comunidades autónomas todavía no habían alcanzado el gasto en sanidad, educación y servicios sociales -los tres pilares del estado del bienestar- de 2009, en los comienzos de la crisis inmobiliaria y antes de los recortes llevados en políticas sociales a partir de 2010, que fueron “especialmente drásticos” en 2013. Así se desprende de un informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, sin embargo, sitúa a la Comunitat Valenciana como una de las excepciones al liderar, junto a Baleares, la recuperación después de los recortes.
El presupuesto valenciano destinado a políticas sociales ha pasado de 11.434,70 millones de euros en 2009 a 13.090,70 millones el pasado ejercicio. Como reconoce José Manuel Ramírez, presidente de una entidad que es referente en el sector, el aumento cuantitativo impulsado por la Generalitat Valenciana desde la llegada del Pacte del Botànic al Gobierno autonómico, en el verano de 2015, es “espectacular” al haber logrado un mayor aumento cuantitativo en sus políticas sociales, con 1.656 millones de euros, un 14,5% respecto a hace una década (porcentualmente es Baleares la que más ha crecido con un 24,8%, mientras que la que más ha incrementado las partidas destinadas al estado de bienestar en términos globales ha sido Andalucía con 844,6 millones de euros, prácticamente la mitad que la Comunitat Valenciana).
Y todo ello a pesar de la infrafinanciación que lastra año tras año la capacidad inversora valenciana. Según los datos analizados por esta entidad, la deuda de la Administración valenciana ha pasado de 436,7 millones de euros de 2007 a los 5.744,1 millones del pasado ejercicio, con un fuerte incremento entre 2013 y 2014, en los últimos años del PP al frente de la Generalitat, cuando pasó de 1.273,2 a 5.201,2 millones.
Sin embargo, a pesar de este incremento en la inversión en sanidad, educación y servicios sociales, que supone el 58,3% del presupuesto con un 25,6% de deuda pública, la Comunitat Valenciana no se encuentra entre las autonomías con un mayor gasto social por habitante.
Con 2.631,31 euros por habitante -335,78 euros más que en 2009, cuando el gasto por habitante era de 2.295,53 euros-, se sitúa por encima de la media estatal (2.498,54 euros) pero todavía muy lejos de Navarra (3.420,59 euros) y País Vasco (3.300,41 euros) -ambas disfrutan del régimen foral-, o de Extremadura (3.039,92 euros), Asturias (2.948,92 euros) o Cantabria (2.908,32 euros), entre otras. Este gasto social por habitante sí que está por encima de comunidades como Catalunya (2.199,78 euros), Madrid (2.222,61 euros), Canarias (2.343,38 euros) o Andalucía (2.405,50 euros).
Si lo desglosamos en cada uno de los tres pilares del estado del bienestar, la Comunitat Valenciana ha incrementado en la última década el gasto en sanidad en 260,7 millones de euros (un 4,10%); 516,1 millones de euros en educación (11,7%); y 879,2 millones de euros en bienestar social (132,8%). Así, estas partidas suponen respectivamente el 29,2% (1.331,49 euros por habitante), el 22% (989,98 euros por habitante) y el 6,9% (309,85 euros por habitante) del presupuesto autonómico valenciano.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales considera imprescindible el “blindaje presupuestario” del Estado del bienestar: “La crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19 ha redundado en la demostración de la importancia de la inversión en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales”.