El fondo buitre que aprovechó la ausencia de una mujer de 82 años, que en las Navidades de 2019 se fue a pasar el duelo por la muerte de su marido junto a su hijo, para vaciarle la casa y cambiar la cerradura sin que existiera una orden de desahucio se enfrenta a una multa de entre 350.000 euros y 950.000 euros, independientemente de lo que suceda con la causa judicial que investiga el asunto.
Fuentes de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Héctor Illueca, han informado a elDiario.es de que durante la reunión de la mesa antidesahucio celebrada este lunes se abordó el caso, aunque de forma informal, y se trasladó la intención de reunirse tanto con la afectada, como con sus representantes legales para conocer todos los detalles del caso.
Las mismas fuentes aseguraron que una vez recabada la información estudiarán la apertura del correspondiente procedimiento sancionador contra el fondo, en este caso Global Pantelaria, de forma que se convertiría en el primero en tramitarse con el procedimiento administrativo recogido en el nuevo decreto contra el acoso inmobiliario, el cual se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), por lo que entra en vigor este martes.
Desde vivienda explicaron que al tratarse de un caso que se produjo entre los años 2019 y 2020, se le aplicaría el paraguas legal de la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda, aprobada en el año 2017, en cuyo artículo 28 apartado C ya se regula el acoso inmobiliario, un concepto que el nuevo decreto amplía y desarrolla con más detalles.
En concreto, el artículo establece que son objeto específico de la acción protectora a que se refiere el apartado 2 las siguientes situaciones y actuaciones: “El acoso inmobiliario, entendido como toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda. A efectos de la presente ley, el acoso inmobiliario constituye discriminación”.
Así, aunque se incoarían las diligencias mediante el procedimiento sancionador regulado en el decreto, la sanción se justificaría en este artículo de la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda. En todo caso, la sanción para el fondo buitre puede ir de los 350.000 euros y 950.000 euros.
“Posesión extrajudicial”
Como ha informado este diario, el caso de C. M., la mujer de Cullera de 82 años, es especialmente sangrante. La anciana perdió su vivienda y 50 años de recuerdos y pertenencias cuando se fue con su hijo a pasar el duelo por el fallecimiento de su marido en las Navidades de 2019. Durante su ausencia, alguien en nombre del fondo Global Pantelaria accedió a su casa, la vació y cambió las cerraduras para ponerla en venta a través de la gestora de sus activos, Haya Real Estate.
En 2013 el Banco de Santander le notificó el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria porque no podía seguir haciendo frente al pago de las letras. La afectada, sin embargo, recurrió el procedimiento alegando cláusulas abusivas y el juez paralizó el proceso.
Pese a todo, sin que mediara orden de desahucio por parte del juzgado que tramitaba el procedimiento, desde alguna instancia del fondo buitre se encarga un informe de ocupación a otra empresa, que envía a un empleado a casa de C. M. los días 23 de diciembre, 28 de diciembre y 30 de diciembre de 2019, días que es bastante habitual viajar para reunirse con la familia. Al no encontrarse nadie esos días en la vivienda, concluyen que está deshabitada, lo que para ellos es suficiente para entrar, vaciarla y cambiar las cerraduras, tal y como explica Adelina Cabrera, abogada de la cooperativa El Rogle, quien lleva el asunto junto a miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València.
Este extremo, incluso, es reafirmado por un representante de Haya Real Estate en un intercambio de correos electrónicos con el hijo de la anciana, quien tras la desagradable sorpresa al no poder acceder a la vivienda y con la ayuda de la PAH, logra averiguar que el Banco de Santander traspasó gran parte de sus activos, entre ellos la vivienda de su madre, al fondo Global Pantelaria.
En ese intercambio de correos, a los que ha tenido acceso este diario, el centro de reclamaciones y notificaciones de Haya Real Estate comunica al hijo de C. M. que “tras haber realizado las averiguaciones pertinentes por su reclamación en relación al cambio de cerradura” se confirma la “posesión extrajudicial del inmueble tras haber comprobado la situación de vacío contrastada con un informe ocupacional”, por lo que lo único que se hace es “adelantar el proceso” del lanzamiento.
A continuación, afirman que, “dicho esto, están en su derecho de pedirnos las llaves y que agotemos la vía extrajudicial y esperemos al lanzamiento”, reconociendo indirectamente que han procedido sin orden judicial.
Según explica la abogada de C. M., “de momento tan solo hay una abogada investigada en representación de Haya Real Estate y, pese a que pedimos al juzgado que llamara a declarar a más personas relacionadas con el fondo y con el resto de empresas que intervienen, lo descarta y dicta auto de procedimiento abreviado por el que pide a la Fiscalía y a las partes que se pronuncien y que presenten escritos de acusación”. Un auto que ha sido recurrido al considerarse que no se han realizado todas las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las responsabilidades por estos hechos.