El Consell aprueba el decreto ley contra el acoso inmobiliario y el registro de grandes propietarios de vivienda

El Gobierno valenciano aprueba este viernes una de sus normas estrella en materia de vivienda: el decreto ley contra el acoso inmobiliario y de registro de grandes tenedores. La norma, que emana del departamento que dirige Héctor Illueca, complementa el despliegue legislativo del Gobierno del Botánico en materia de vivienda y pone el foco en la emergencia habitacional para los casos más extremos.

El decreto ley impulsado por Unides Podem prevé una definición del acoso y los abusos inmobiliarios, con sanciones que van desde los 350.000 hasta el millón de euros en los casos más graves. Otra de las novedades es la creación de un cuerpo de inspectores para detectar estos abusos y vigilar el cumplimiento de la norma, también en lo referente al régimen de precios y las comunicaciones que se hagan entre agentes inmobiliarios, y dotar de rango legal a la unidad de mediación en casos de desahucios.

La norma, que llevaba meses trabajándose, permanecía atascada por un desacuerdo con el PSPV sobre la cesión forzosa de viviendas deshabitadas de grandes propietarios. Fuentes negociadoras aseguran que se ha desencallado este asunto, sin terminar de detallar cuál es la redacción final. El texto está condicionado a que la abogacía vuelva a dar el visto bueno a la nueva redacción.

Para que se active esta posibilidad de la norma deben darse una serie de condicionantes: que la vivienda sea de un propietario que tenga más de 10 inmuebles, que lleve más de un año deshabitada sin justificación (dentro del registro autonómico), que el propietario no se haya acogido a ninguna de las medidas para poner en circulación la vivienda y que haya una necesidad habitacional y una vulnerabilidad constatada. Debe haber condiciones sociales que justifiquen esa cesión, como que se encuentre en una zona tensionada (también según un índice de precios) y el destinatario esté inscrito en el registro de demandantes de vivienda. La cesión se prevé para un periodo máximo de 7 años y la Generalitat compensará una parte del precio, asumiendo además la obligación de mantener la vivienda en condiciones para volver al mercado.

Con el decreto, Vivienda colaborará con el registro de la propiedad para detectar las viviendas vacías de grandes tenedores y terminará de tejer su red legislativa, conectando el resto de decretos entre sí. De este modo, la Generalitat puede tener una visión de cuántas viviendas vacías y deshabitadas hay en la Comunitat Valenciana, a quién pertenecen y conectarlas con la demanda habitacional, tanto la que hay registrada como en los casos de vulnerabilidad extrema y situaciones sobrevenidas. Era un paso necesario para coordinar el resto de registros, tanto el de personas que quieren acceder a una vivienda como el de viviendas desocupadas, dado que obliga a los grandes propietarios a facilitar un contacto. El vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, se muestra “satisfecho” con el resultado de la negociación y la “voluntad política” para impulsar esta norma.