La jueza de la dana cierra el curso judicial al acecho de la gestión de los consellers de Mazón, heredados por Pérez Llorca
La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, cierra el curso judicial esta próxima semana con la declaración de tres alcaldes (de Godelleta, Turís y Carlet), de cara al mes inhábil y de descanso de agosto, tras haber fijado el foco de la instrucción en la cuestionada gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, por parte de los consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, heredados por el actual president Juan Francisco Pérez Llorca.
Las últimas tandas de declaraciones testificales apuntaron a nuevos detalles sobre la actuación del Gobierno valenciano del PP ante la dana e incorporaron al sumario del procedimiento una prueba relevante: el chat de WhatsApp de los consellers, del que se desprende que Mazón dio una catarata de órdenes a primera hora de la mañana para desconectarse a medida que la situación empeoraba y, especialmente, mientras el entonces president se encerraba en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en el reservado del restaurante El Ventorro.
A pesar de que la vicepresidenta Susana Camarero se resistió en un primer momento a aportar los mensajes del grupo de WhatsApp, finalmente accedió a entregarlos. Más recientemente, el pasado 22 de julio, Ruth Merino, exportavoz del Consell y actual secretaria autonómica, completó el cuadro con los archivos adjuntos que se intercambiaron en aquel grupo durante toda la jornada.
La documentación confirma que Carlos Mazón desapareció a partir de la comida en El Ventorro a pesar de que dos de sus consellers habían advertido sobre las inundaciones o desprendimientos en 35 carreteras y sobre el cierre de colegios en 63 municipios de la provincia de Valencia, tal como informó elDiario.es.
Las órdenes de Mazón recibidas por los consellers podrían abrir la puerta a que varios de ellos fueran citados a declarar como testigos a partir del próximo mes de septiembre. Se trata de José Antonio Rovira, Vicente Martínez Mus, Miguel Barrachina y Marciano Gómez (quien, por cierto, declaró recientemente como testigo en un juicio por corrupción). Una perspectiva inquietante para un Consell que trata de pasar página de la dana y que se enfrenta a nuevas revelaciones —prácticamente semanales— sobre la polémica gestión de la emergencia, a tres meses de que se cumpla el segundo aniversario.
La muy desigual gestión de la emergencia
La última tanda de testificales del mes de julio ha sacado a la superficie la muy desigual gestión de la emergencia por parte de las tres administraciones controladas por el PP: la autonómica, con un presidente desconectado en el reservado de un restaurante; la provincial, con una cúpula completamente descoordinada (algo que chocó a la magistrada), y la municipal, con un seguimiento de la dana en la versión local del Cecopi iniciado de buena mañana, poco después de la activación de la alerta roja.
La alcaldesa de València, María José Catalá, pudo presumir de haber reunido al Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) bastante antes que el homólogo autonómico. La declaración de Catalá, por otro lado, pintó una cierta desconexión entre el Cecopal y el Cecopi, dos reuniones que discurrían en paralelo.
La jueza concluyó (en un auto del pasado 20 de julio) que la primera edil de la capital del Turia tampoco recibió “ningún tipo de aviso destinado a alertar” a la población. Carlos Mazón y María José Catalá, según whatsapps incorporados a la causa por la munícipe, se comunicaron por primera vez casi a medianoche.
Un Cecopi “desorganizado”
A su vez, los chats internos de los concejales del PP de València también desvelaron los diversos enfoques en la gestión de la emergencia, con un edil de Seguridad planteando la noche de la tragedia la necesidad de activar la emergencia nacional, una opción que habría entregado el mando al Gobierno de Pedro Sánchez y que fue desechada por el Consell de Mazón pese a la descomunal dimensión de la catástrofe.
Por otro lado, la segunda visita ante la jueza del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en condición de testigo, reiteró la falta de agilidad y claridad del dirigente popular para expresarse en sede judicial (dijo hasta en 30 ocasiones que no recordaba nada). La magistrada cuestionó abiertamente la testifical de Mompó, con “abundantísima prueba” que lo “desmiente”, según la contundente expresión de la instructora.
Dos testigos secundarias —aunque con cierto rango ejecutivo— se enteraron de la reunión del Cecopi por la televisión: la entonces consellera y portavoz, Ruth Merino, y la vicepresidenta de la Diputación, Reme Mazzolari.
De hecho, otro alto cargo, también del PP, tildó el Cecopi como “desorganizado” y “con muchas interrupciones”. No lo hizo ni mucho menos por venganza interna hacia los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Simplemente, fue una descripción ante la jueza de lo que vivió en primera persona.
Los avisos sobre el barranco del Poyo
Sin embargo, la magistrada (que conoce al dedillo el sumario y la cronología del día de autos) no pierde de vista el epicentro de la presunta omisión imputada a Pradas y a Argüeso: la falta de medidas para alertar a la población del peligro de la dana por parte de la desastrosa reunión del Cecopi en el Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana.
La instructora considera acreditados los avisos de dos alcaldesas del PP (la de Torrent y la de Chiva) a relevantes cargos del Cecopi (Argüeso, Mompó y el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell) sobre el desbordamiento de la cabecera y de los barrancos tributarios del Poyo.
Además, tal como ha informado este diario a partir de la reciente documentación incorporada al sumario, Emergencias tramitó en su sistema interno de comunicaciones —el 'CoordCom'— un aluvión de avisos sobre la cabecera del barranco del Poyo.
El último perito que ha declarado en el marco de la causa, el presidente de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) y periodista de À Punt, Adrià Revert, apuntó a los datos “dantescos” sobre la lluvia en la cabecera de la rambla del Poyo, a los que tenía acceso el Centro de Coordinación de Emergencias.
La cadena autonómica vio con claridad que el barranco del Poyo iba a desbordarse. Prueba de ello es que À Punt envió a la zona al reportero y a la operadora de cámara que, a la postre, grabarían la catástrofe en Catarroja y que relataron la experiencia ante la jueza el pasado 15 de julio.
Al periodista le dijeron: “Los barrancos van a desbordarse, sobre todo el del Poyo”.