“La pau
dels que tiren pedres
amagant les mans.
La pau
de greixos indolents,
de galtes fofes
i cors indiferents.
La pau de la mala gent.
La pau deu ésser
llibertatper a tothom,
amor de germans;
no temor de molts
sota el pes de uns quants“.
Josep Lozano. Alginet (Ribera Alta)
‘Poemes Home Terra-La Pau’,1971
La patronal valenciana CEV vive en celo electoral ante la convocatoria de la votación para el próximo 6 de noviembre, que ha provocado la retirada de la candidatura de Salvador Navarro. A la salida de la escena de su renuncia manifestó: “Ya estaba cansado de aguantar a negados”. El candidato descartado modificó los estatutos de la organización para que le permitieran seguir en la presidencia después de 20 años (entre CEV provincial y autonómica) y mereció la chufla del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la llamada Noche de la Economía Valenciana, en la que el protocolo de la Cámara de Comercio de València, organizadora del acto, lo había situado visiblemente desplazado. El presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, y anfitrión del acto que tuvo lugar, sin mucho sentido, en el Roig Arena, lleva más de 13 años al frente de la única institución que representa a todas las empresas de la provincia de Valencia. Y del País Valenciano, como presidente del Consejo autonómico de Cámaras de Comercio. En lo empresarial, basado en la competencia, unidad y unanimidad no son indispensables. En muchos casos son síntoma de anomalía funcional.
Diez mandamientos
La Confederación Empresarial Valenciana, reconvertida en autonómica en 2017 (CEV), vive en pecado. Al menos desde 1986 cuando, desde dentro, se orquestó la sustitución de Vicente Iborra Martínez, líder y fundador (1977) de la patronal, por la figura de Pedro Agramunt Font de Mora (perteneciente a AVE) que pasó directamente de su presidencia a presidir el Partido Popular CV, inmediatamente después de la Cumbre de Orihuela (1989), el único congreso empresarial cohesionado celebrado en el País Valenciano desde 1977. Le sucedió José María Jiménez de la Iglesia, que salió por los aires en 1996 catapultado a manos de su secretario general, Luís Espinosa, por la situación delictiva que vivió la CEV por la gestión irregular de los cursos de formación que subvencionaba la Comisión Europea a través de la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana (PP).
Segundo pecado
Las intrigas suscitadas en el seno de la CEV derivaron en la transgresión entre empresarios para propiciar un golpe institucional en la Cámara de Comercio de València con el fin sustituir a José Enrique Silla Criado en la presidencia de la Cámara de Comercio de València por su vicepresidente segundo, Arturo Virosque, en 1995, mediante insidias y falsedades apoyadas con presiones políticas y de medios de comunicación afines y cómplices. El cisma se consumó al paralizar en seco el proyecto empresarial de la Cámara de Comercio de València, mediante tácticas de activismo empresarial basadas en el espionaje telefónico, acusaciones infundadas y violencia laboral centrada en el equipo directivo de la institución. La Cámara sufrió bajas de una veintena de técnicos cualificados mediante intimidación, amenazas, chantajes y expedientes ilegales de regulación de empleo. La CEV que presidía Jiménez de la Iglesia participó en esta maniobra obscena.
Tercer pecado
La identificación política de la CEV con un partido concreto, el PP, primero con Pedro Agramunt y después con Eduardo Zaplana, continuada con las presidencias de José Luís Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra. Con Ximo Puig la estrategia cambió y pasó por la negociación y acuerdo entre Juan Roig, líder empresarial indiscutido, con el presidente Puig ( a cuyo pacto se plegó Salvador Navarro, ya presidente de la CEV) en 2015. En virtud de esta entente, los temas económicos y empresariales en el País Valenciano pasaban por la aprobación de la Asociación Valenciana de Empresarios – no la patronal CEV con base democrática– y la política autonómica se la reservaba Presidencia de la Generalitat, cuya competencia la había conseguido en las urnas. La dificultad de deslindar lo político de lo económico-empresarial llevó a la Generalitat del Botànic a carecer de iniciativa y proyecto económico.
Cuarto pecado
El asalto, decadencia y quiebra de la Feria Muestrario Internacional de València con la aquiescencia de la CEV por acción u omisión. La crisis de Feria València, que celebró su centenario en 2017 bajo la presidencia de José Vicente González, ha desembocado en un debate estéril sobre la naturaleza de la institución, vital para la economía y la ciudad de València. Durante varios años se prolongó el debate sobre si Feria València era pública o privada, cuando los solares y la edificación son de propiedad del Ayuntamiento de València (hoy en donación demanial temporal) cuyo patrimonio de la ciudad fue cedido a la Generalitat para constituir una ’sociedad anónima pública’ de carácter autonómico, cuyo resultado en 2024 ha registrado casi 324 millones de euros en pérdidas. Con expectativas de seguir incrementándose por la caída de certámenes y eventos en un recinto ferial que es de los mayores de Europa y una actividad ferial internacional que en su día fue la más relevante y antigua en territorio español. Alguien debería explicar cómo puede ser privada una institución ferial en la que no ha puesto un euro ningún empresario ni particular. Cuando todos los créditos que ha necesitado la institución han sido avalados por la Generalitat y nunca por capital privado. Feria València es y ha sido siempre pública, aunque necesita, como el aire que respira, la participación privada de las empresas para su existencia y gestión.
Quinto pecado
El enredo y confusión entre la Confederación Empresarial Valenciana de ámbito provincial, –tal como se fundó en 1977– y su extensión, con las mismas siglas, al territorio autonómico que incluye las provincias de Alicante y Castellón. La primera con aspiraciones netamente provincianistas y contrarias a la concepción autonómica del Estado Español que recoge la Constitución del 78. Se da la paradoja de que el secesionismo provincial en las últimas décadas ha sido auspiciado desde la Diputación de Alicante, de la que fue presidente, Carlos Mazón, que actualmente preside la Generalitat Valenciana, donde ha colocado en los puestos clave a las personas y políticos de su confianza, en su mayoría de procedencia alicantina.
Sexto pecado
La quiebra de CIERVAL (Confederación Interprovincial de la Región Valenciana) instituida por el fundador de CEV, Vicente Iborra, para cubrir la interlocución y la gestión autonómica sin renunciar al carácter provincial de sus tres socios: las confederaciones de Alicante, Castellón y València. La insolvencia económica de CIERVAL se produjo por la ruina de las confederaciones de Alicante y Castellón, que sí se esforzaron en colocar en la secretaría general de CIERVAL a sus representantes de CEC, Rafael Montero (procesado) y de COEPA, Javier López Mora (despedido y ahora gerente de las ITV públicas en el País Valenciano). Este desastre económico en las patronales condujo al despido de todos sus empleados sin indemnización alguna y el desahucio de su sede cuya propiedad se salvó por pertenecer a la patronal provincial CEV, que le dio pie a extender su denominación a las patronales de Castellón y Alicante. A disgusto de ambas, hasta el punto de que las discrepancias provinciales con la CEV, presidida por Salvador Navarro, se han ido incrementando hasta la crisis actual que ha contado con el descontento de los sectores críticos de las tres provincias en un proceso irreversible.
Octavo pecado
El desliz de CEV desde su primer traspiés con la presidencia atípica de Pedro Agramunt, cuando los candidatos naturales eran Ricardo Cardona (Paduana- Textil) o Salvador Fernández Calabuig (presidente de Femeval, la federación sectorial más fuerte del País Valenciano). En ese punto que coincidió con la crisis en la Cámara de Comercio de València, cuando con la conspiración de la CEV y aprovechando la dolencia cardíaca de José María Simó Nogués (expresidente de Femeval) se le trató de extorsionar para que el presidente de la Cámara perteneciera al Comité ejecutivo de la CEV y el de la CEV al órgano ejecutivo de la Cámara, junto con el trasvase irregular de fondos económicos de la institución cameral a la CEV en virtud de convenios etéreos. Condiciones que no aceptó Simó Nogués quien dimitió con un sonoro portazo en la sede de Poeta Querol,15 en València. Esta discordancia institucional derivó en años sucesivos en el activismo desde la CEV contra el pago de cuotas legales y obligadas (recurso cameral permanente) y demanda ante el Tribunal Constitucional contra el pago obligatorio a las Cámaras, capitaneado por la CEV para toda España, iniciado por Ford España y secundado por Mercadona, Lladró, Incusa y muchas otras empresas asesoradas desde la CEV, donde se les facilitaban los impresos para recurrir y demandar contra las Cámaras de Comercio.
Noveno pecado
El Tribunal Constitucional falló a favor de la Ley de 1993 por la que se regían las Cámaras de Comercio y Arturo Virosque su presidente, con la misión de desmantelar la de València, se convirtió a la “convicción cameral” y presidió la principal Cámara del País Valenciano durante 13 años. Le cedió el testigo a José Vicente Morata, que ya lleva 13 años en el cargo. El resultado fue el arrumbamiento completo del proyecto que lideraba la Cámara de Comercio de València en todos sus cometidos, principalmente en el cierre de su Gabinete de Estudios, el Centro de Formación Lluís Vives –Parque Tecnológico– que se concibió como el agente clave en el desarrollo para la formación de altos directivos( masters en dirección de empresas) inexistente en el País Valenciano hasta hoy; el abandono de la red de intercomunicación en red y colaboración con otras cámaras españolas y europeas; representación de la Cámara en la oficina del Consejo de Cámaras en Bruselas; establecimiento conjunto de las estrategias de comunicación intercamerales y su conexión con las Cámaras europeas, coincidentes en el modelo continental; la dejación de acciones, misiones y penetración en comercio exterior al servicio de la economía y las empresas valencianas; la realización de estudios y publicaciones para facilitar líneas de negocio e infraestructuras necesarias para la economía y las empresas; las acciones e instalaciones, no para ser alquiladas, sino en beneficio de la formación del personal de las empresas que requieren empleados con conocimientos cualificados y especializados para rendir al máximo en las unidades de negocio. Todo esto se desmanteló y se centró la gestión de las Cámaras en colocar personas afines a directivos, congregaciones o partidos políticos sin valorar su idoneidad, junto con la obtención de fondos exclusivamente con el fin de pagar sus sueldos sin retorno.
Décimo pecado
La alineación de organizaciones empresariales y de las Cámaras que controlan por la facultad de nombrar a sus vocales, junto con el establecimiento perverso de un mecanismo por el que se compran las vocalías en la CEV –también en las Cámaras– con la pertenencia y pago por las vocalías que dan derecho a voto. En CEV hay 226 empresas que pagan por un vocal y un voto. Mercadona tiene 3 votos. La compañía de Vicente Boluda paga para tener cuatro votos y así sucesivamente en una ceremonia en la que participan entidades empresariales cooperativas (consideradas enemigas en la CEV) como Anecoop, Caixa Popular o Consum. Si se considera que las vocalías con derecho a voto son 515, ya se ve cómo funciona la transparencia electoral en la CEV y la posibilidad de manipulación y ejercicio ademocrático de captación de voluntades. Femeval, la principal federación empresarial del País Valenciano tiene tan sólo 15 vocalías y es la que preside el futuro presidente de la CEV, Vicente Lafuente. Si algún nubarrón de última hora no lo impide.
Pecado capital
Este momento delicado para la CEV se veía venir. No se puede arrastrar las incongruencias saltando de desliz en falta. Es perverso que una organización se salte su razón de ser. Las entidades económico-empresariales se crearon para defender los intereses de las entidades de negocio y el contexto en el que viven sus protagonistas como piezas insustituibles de la sociedad. Las empresas crean riqueza y generan empleo. No nacieron para hacer política ni para ser brazos ejecutores de los partidos políticos. La tentación mutua es utilizar y dejarse utilizar para conseguir el control de los ‘diarios oficiales’ que publican las leyes. Esa confusión es aviesa y lleva a la transgresión de que un presidente de la Generalita, en un acto público, se burle de quien todavía es líder empresarial. Eso ocurrió cuando Carlos Mazón, presidente de todos los valencianos se extralimitó contra Salvador Navarro, dirigente empresarial, en la Noche de la Economía Valenciana, que organiza la Cámara de, al asociarlo al PSOE, al que pertenecen el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y la delegada del gobierno español, Pilar Bernabé. El País Valenciano vive en pecado desde el 29 de octubre de 2024 cuando su presidente sigue sin poder explicar qué hacía mientras sus ciudadanos estaban en peligro de muerte. La pérdida de vidas que alcanzó a 228 personas, cuando muchas más estaban en peligro, junto con sus bienes. La CEV no es ajena a este estado de malestar general.
Pecado mortal
La patronal valenciana falta a un sagrado mandamiento que consiste en ocuparse de los intereses de todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, sin incongruencias. En España la CEOE de Antonio Garamendi, al menos, se ha montado un circo en el que escenifican el número imposible de representar a todos,con la existencia de CEPYME, que aparenta ser independiente en su representación de las pequeñas y medianas empresas como apéndice de CEOE. En el País Valenciano existía una pantomima similar que era CEPYMEV, que presidió en su día Salvador Navarro. Hasta que un presidente sensato y coherente de CEV, José Vicente González, integró las dos simuladas organizaciones independientes que tenían la misma sede, el mismo presupuesto y el mismo secretario. CEOE y la CEV que es su territorial en el País Valenciano no tienen la misma estructura. Este contrasentido hay que resolverlo con una fórmula que respete la identidad y la dignidad del 99% de las 400.000 empresas que existen en la comunidad autónoma. No tienen las mismas necesidades los pequeños comercios que las grandes superficies y las cadenas de supermercados. En muchas ocasiones tienen necesidades vitales contrapuestas. Los de menor dimensión tienen derecho a que se respeten sus exigencias para sobrevivir.
Este es el dilema a resolver y el desafío al que se enfrenta la CEV. La que previsiblemente presidirá Vicente Lafuente a partir del 6 de noviembre: ser o no ser lo que necesitan los empresarios y la sociedad valenciana para normalizar su existencia, de acuerdo con sus principios fundacionales en los albores de la democracia. La CEV, cuyos objetivos dependen en muchos casos de las decisiones políticas, ha de ser independiente y generosa. Independiente para desligarse de los condicionamientos que hasta ahora la han llevado a supeditarse a directrices políticas de partidos concretos. Así se pone en entredicho la credibilidad de las entidades económico- empresariales, con los resultados que se observan. Generosidad para integrar y respetar a la mayoría de las unidades de negocio del País Valenciano que son pequeñas y medianas empresas. Del mismo modo que ocurre en las asociaciones y federaciones sectoriales, territoriales y comarcales que dan vida y proporcionan sentido a la CEV.