Cuando la guerra devora la infancia
En Minab, al sur de Irán, una escuela fue alcanzada por misiles que las autoridades iraníes atribuyen a Estados Unidos, en el marco de la escalada militar regional. Según esas fuentes, al menos 165 niñas y acompañantes murieron. Organismos internacionales no han podido verificar de forma independiente la autoría ni la cifra exacta de víctimas.
Cuando una escuela es bombardeada, no hablamos de “incidentes”. Hablamos de pupitres astillados, mochilas abiertas entre el polvo, nombres propios que ya no volverán a ser pronunciados.
No es un episodio aislado. Es un patrón.
En Yemen, Naciones Unidas ha verificado más de 11.000 niños muertos o mutilados desde 2015. En Siria, tras trece años de guerra, se estima que más de 30.000 menores han muerto desde 2011. En Sudán, desde 2023 miles de niños han sido asesinados o heridos y millones desplazados. En Ucrania, la ONU ha confirmado más de 500 menores fallecidos desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
Y después está Gaza, el genocidio.
En la Gaza, las autoridades sanitarias locales cifran en más de 13.000 los niños y niñas muertos desde octubre de 2023. Naciones Unidas ha alertado de un impacto devastador sobre la infancia, y diversas instancias jurídicas internacionales examinan si los hechos podrían encajar en la definición de genocidio de la Convención de 1948.
Las cifras pueden discutirse. La devastación infantil, no.
El derecho que estamos vulnerando
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho inherente del menor a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Es el tratado internacional más ampliamente ratificado del mundo. No es retórica: es derecho vinculante.
Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales obligan a distinguir entre combatientes y población civil, prohíben ataques indiscriminados y exigen proporcionalidad. Las escuelas y hospitales gozan de protección específica.
Cuando mueren miles de niños, la pregunta jurídica no es ideológica. Es técnica:
¿Se respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución?
¿Se adoptaron todas las medidas posibles para proteger a la población civil?
Si la respuesta es no, hablamos de violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Poder, impunidad y responsabilidad
Las decisiones políticas tienen consecuencias humanas. Ningún dirigente queda fuera del escrutinio moral y jurídico cuando las estrategias militares que respalda provocan un impacto masivo sobre la población civil.
Cuando observo la devastación en Gaza y el respaldo político y militar que la sostiene, pienso en un tándem de Herodes contemporáneos: Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Es mi opinión. La formulo desde una convicción humanista: ningún liderazgo que permita, justifique o minimice la muerte masiva de menores puede quedar al margen del juicio ético de su tiempo.
Eso no exonera a otros regímenes autoritarios que bombardean, reprimen o instrumentalizan a niños en sus guerras internas. Si los derechos humanos son universales, la exigencia también debe serlo. No existen víctimas de primera y de segunda según el alineamiento geopolítico.
La infancia no es daño colateral. La infancia es sujeto de derecho.
La línea roja
Cada niño muerto en una guerra es una derrota colectiva. Pero cuando las cifras se cuentan por miles y el mundo sigue gestionando equilibrios estratégicos, ya no hablamos solo de tragedia: hablamos de degradación civilizatoria.
El sistema internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial prometió “nunca más”. Esa promesa incluía proteger a quienes no empuñan armas. Si normalizamos que miles de menores mueran bajo decisiones políticas calculadas, aceptamos una regresión moral.
La historia juzga con severidad implacable a quienes permitieron la muerte de los más vulnerables. Y también a quienes eligieron mirar hacia otro lado.
No se trata de bandos. Se trata de algo más elemental: si una civilización no protege a sus niños, ¿qué está defendiendo exactamente?