Los obispos católicos presentaron hace unos días su Memoria anual, en la que se felicitan porque han recibido de la Hacienda pública más de 429 millones de euros por la X de la Iglesia de la declaración de la renta de 2024. Se ha batido el récord. Los obispos, como es lógico, están muy contentos y agradecen a los españoles el gesto de haber marcado dicha casilla para que la Iglesia pueda seguir “con su labor”. Pero a quienes deberían realmente agradecerles su buena disposición es a todos los miembros del gobierno que, por acción y/o por omisión, están permitiendo que la Iglesia católica reciba dinero de todas y de todos los ciudadanos aún en contra de la voluntad de la mayoría de españoles, que no marcamos la X de la Iglesia. Y no somos pocos.
El 69,92% de los contribuyentes no hemos marcado su casilla, y cada vez somos más los que nos negamos a ello. Y, sin embargo, el dinero que han recibido los obispos también ha salido de nuestros bolsillos. ¿Cómo es posible? Sencillo. Da igual si eres ateo/a, musulmán, agnóstica, judía, jainista o simplemente es que pasas de financiar a una organización religiosa que se posiciona contra el derecho al aborto o al matrimonio igualitario y que su ideología y su estructura orgánica son profundamente machistas. Da igual lo que pienses; da igual que marques la casilla de la Iglesia o no; el dinero que han recibido es de todos y todas, aunque solo un minoritario 30% de los contribuyentes haya marcado su casilla. Es dinero que en lugar de ir a la hucha común de los españoles, se desvía al bolsillo de esta organización religiosa, gozando así, año tras año, de un privilegio exclusivo que le permite sustraer del erario público una enorme cantidad de millones; dinero que podría emplearse en mejorar las inversiones públicas en sanidad, en educación, en atención a mayores o en infraestructuras.
Habrá quienes se consuelen pensando que, a pesar de ser cierto que ese dinero podría mejorar los servicios públicos, el destino que le dan los obispos a esos millones podría justificar ese privilegio. Lamento que los datos les decepcionen: el 62% de lo recibido de Hacienda lo destinaron al pago de los salarios de obispos y sacerdotes, al pago de la seguridad social y al funcionamiento de la propia organización obispal. En su Memoria anual no hay referencia alguna a que algo de ese dinero se destinara a Cáritas, mientras se dice que se han gastado 5,7 millones de euros en publicidad y campañas para recaudar más. Decepcionante, ¿no?
Pero aún hay un dato más escandaloso en su Memoria: el conjunto de las diócesis españolas tuvieron en 2024 un superávit de 133 millones de euros. Me surgen al menos dos preguntas: si la X de la renta se planteó para asegurar “el adecuado sostenimiento económico” de la Iglesia, ¿no deberían los obispos devolver a la Hacienda pública el dinero recibido, cuando realmente le sobra el dinero a la Iglesia?; y la segunda pregunta: ¿qué hace la Iglesia católica con el dinero que le sobra, dónde lo guarda, en qué lo invierte? Resulta más que llamativo que le sobren 133 millones a una organización religiosa que alardea de su vocación caritativa y asistencial, como si no existieran pobres en España a los que poder ayudar con ese dinero. Sin embargo, prefieren guardarlo en su hucha particular y realizar inversiones financieras o de otro tipo. En los últimos 7 años, la Iglesia ha creado un Fondo de reserva con más de 360 millones del que no se sabe nada de su destino final, salvo que los beneficiarios de dicho Fondo no han sido los pobres y necesitados del país.
Y acabo. Todo esto puede ser que lo desconozca la ciudadanía en general, incluso aquellos que marcan la X de la Iglesia en la declaración de renta. Seguro que muchos piensan ingenuamente que al marcarla están siendo solidarios, aunque realmente estén actuando insolidariamente con el resto de contribuyentes, pues no es que pongan más dinero para la Iglesia, es que se lo están quitando al conjunto de los españoles. La Iglesia arroja tan poca luz sobre el asunto que puedo entender la ceguera de la ciudadanía. Pero el gobierno no tiene disculpa alguna. A él se le puede aplicar el dicho de que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. El gobierno español es conocedor del superávit de la Iglesia; el gobierno sabe que la Memoria anual de los obispos no justifica realmente el empleo del dinero público recibido: se escamotea información y se mezclan conceptos de tal modo que las cifras económicas están muy lejos de la claridad que nos merecemos los contribuyentes. El gobierno conoce y consiente. Mira para otro lado. Es a él al que hay que exigirle que ponga fin a este privilegio más propio de una época anterior a la democracia. La Iglesia no renunciará a él; al contrario, seguirá pidiendo más y más si este gobierno no lo remedia.