No es contra la educación, es contra la pública

Aprovechando que andábamos todos despistados mirando el eclipse, Vox —a través de su marca blanca, PP— ha colado de rondón, vía Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el Decreto 80/2017 para evitar que los profesores (o las asociaciones de padres) puedan seguir colando su catecismo 2030 en las aulas valencianas. La idea es evitar que los niños se acerquen demasiado, no vaya a ser que les piquen, a los derechos humanos, los valores democráticos y demás zarandajas tan difíciles de amortizar y que pronto solo tendrán un sitio donde cobijarse: los museos de historia.

El texto aspira a convertir a la inspección educativa en una especie de sheriff del condado que se pasee por patios y claustros para asegurarse de que “las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento”. Luego, añaden que donde dicen digo dicen Diego, y recuerdan que se hará respetando el pluralismo, la libertad de conciencia (esto lo han puesto pensando en los centros católicos, para que hagan lo que quieran) y los derechos lingüísticos. Puro doblepensar orwelliano en el que se asegura una cosa y su contraria.

No es casualidad que el famoso “adoctrinamiento” no aparezca definido en ningún momento. Nada asusta más que un enemigo al que no puedes ver, nada mejor que un enemigo imaginario. Es passepartout legal que convierte en igualmente sospechoso un acto pidiendo el fin del genocidio en Palestina que otro para celebrar el día del orgullo LGTBIQ+. El 18 de julio sí se podrá festejar, porque eso es historia de España, y hay que enseñar a los más pequeños que con dos gotas de sangre y un rayo de sol, dios hizo una bandera y se la dio a un español. Estamos a dos telediarios de que eso forme parte del currículo escolar. Tauromaquia, al principio, creo que será optativa.

Por supuesto, el decreto es papel mojado y los que lo han redactado lo tienen claro. Miguel Soler, que sabe de lo que habla –no como yo—, nos recordaba hace unos días que los niños ya están suficientemente protegidos en la escuela, y que no hacen faltan ni decretos truchos ni gorritos de papel de plata para protegerles de la ideología woke: la neutralidad ideológica está contemplada en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985. Toda esta cortina de humo se resume —sabias palabras del exsecretario autonómico de Educación y muchas cosas más— en el objetivo de “convertir la desconfianza hacia el profesorado en un criterio de actuación administrativa”.

El decreto no busca solucionar un problema sino crearlo donde no lo hay y, donde sí exista, por supuesto que no se aplicará. Por ejemplo, en los centros del Opus Dei donde segregan por sexos. Eso no es ideología; por lo visto, es que amanece más temprano. Así, como diría McLuhan, el decreto es el mensaje: transmitir la sensación de que profesores y maestros de la pública se dedican a lavarle el cerebro a nuestros retoños mientras Abascal y los suyos están de eterna siesta. En definitiva, se trata de poner en la diana, una vez más, a la pública como foco de unos problemas imaginarios que, si se dan en los centros privados o subvencionados, se mira hacia otro lado.

Leído el decreto –en diagonal—, el papel de la inspección parece casi circunstancial. Más miedo me da el procedimiento, que parece diseñado para quitar las ganas a maestros y profesores de hacer su labor, que no es otro que educar a los niños para un futuro menos peor. La norma es una invitación a que cualquier padre o madre, con ganas de montar pollo, tenga un cauce -o autopista- legal para llegar hasta la Conselleria y poner en marcha la caza de brujas. Habrá que responder en un mes cuando para otras cosas, los plazos son más amplios. El mensaje está claro: portaos bien, ahorraréis tiempo.

Lo de poner en primera línea a los docentes no es cuestión baladí, es parte de la condena: que teman a esos progenitores y que estos se sientan con derecho a vigilarles. Que al final todo acabe en sanción o no, es lo de menos, lo importante es que los docentes se sientan indefensos y vigilados. Con eso, el mal ya está hecho. Luego, solo falta que la queja (por despiporrante que sea) llegue a un medio de comunicación afín, y ya tenemos al profe en la diana una semana. El siguiente se lo pensará mejor la próxima vez.

Creo que esta medida tendrá poco recorrido, pero cumple con creces su objetivo de echar más leña al fuego de cara a un inicio de curso que comenzará igual que terminó el anterior, con un enfrentamiento entre la Conselleria de Educación y la pública. La concertada ya tocó mare en junio con un acuerdo de jubilación parcial tras protestar un poquito y sin hacer mucho ruido. Un dinero que saldrá de las arcas públicas mientras el Consell sigue bajando los impuestos de Transmisiones y de Sucesiones a los que más tienen. Los privilegios no caen del cielo, vienen en el DOGV.

En el barro es donde la ultraderecha cosecha sus mejores resultados, y este decreto solo quiere barro. En la guerra cultural en la que estamos inmersos, la educación pública es el principal enemigo a batir (por delante incluso de la sanidad). Hay que quitarle escalones a la escalera social para evitar que algunos pierdan sus privilegios. Y para eso hay que seguir echando de comer a la clase media aspiracional, para que se siga creyendo media y no se de cuenta que es aspiracional. Los que más tienen necesitan sus votos para mantener sus privilegios. Para cuando se den cuenta de que les han timado, ya será tarde. Mientras, cuidado con celebrar en clase el Día del Árbol, no nos vayan a colar el alarmismo climático, que en verano siempre ha hecho calor.