Requiem por una educación peor
De la extinta esposa de CeauÈ™escu, ingeniera química por obra y gracia del régimen, se decía que aparecía en la televisión rumana sentando cátedra sobre los riesgos de comer carne roja en exceso mientras Rumanía disfrutaba de una interminable hambruna. Ella, a juzgar por su orondo tamaño, no parecía hacer mucho caso de sus propios consejos y alimentaba a su perro Corbu —que alcanzó el cargo de coronel— con sabrosos filetes. Las andanzas de Elena, ejemplo de la relación entre el jetismo institucional y el conocimiento científico, me han venido a la cabeza con el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Es or, xatos.
El famoso IVIE, con el ínclito catedrático de Análisis Económico Francisco Pérez a la cabeza, es conocido por sus informes de impacto económico hechos a medida de quien los pagaba. Sus trabajos siempre han sido objeto de mofa y befa por los mismos periodistas que los publicaban, como si tuvieran algún valor. No quiere decir que todo lo que salga de ahí sea malo, pero si hubieran acertado alguna vez, la Comunitat Valenciana le mearía en la cara a Liechtenstein o Luxemburgo en renta per cápita.
Pero esos informes, como no se los creía nadie, tampoco hacían daño. Por taquilla pasaron el PSOE (aunque ahora el IVIE haga como que no se acuerda de lo bien que le fue con Puig) y el PP. Todos contentos: sabían lo que pagaban y, sobre todo, por qué. Más preocupante es el último informe en el que van de la mano de la Fundación Ramón Areces, que no hace falta ser muy listo para saber de qué pie cojea. Del izquierdo ya aviso yo que no. Por cierto, que no pase desapercibida la mano de la Universitat de València (a la que el IVIE está adscrito), donde no faltan funcionarios bien pagados dispuestos a echar pestes de lo público.
El famoso informe, La calidad educativa en España y sus comunidades autónomas: el fenómeno del alto rendimiento, ha pasado bastante desapercibido y, creo, que porque hay que ir de vino hasta las cejas para tomárselo en serio. Básicamente dice que rebajar las ratios en clase no es tan bueno como se piensa —como se piensan los que no han pisado un aula en su puta vida, preciso— y que los niños más listos van a la privada, aunque no aclara si es causa o consecuencia. Como es mentira, tampoco hace falta que aclare nada.
El caso es que el informe señala que cuantos más alumnos por clase —bien si son 25, pero mejor si son 30— aumenta el número de estudiantes con un buen rendimiento académico. Así, concluye interesadamente, una bajada del número de alumnos por clase no repercute directamente en su rendimiento. Si sumamos eso a lo del cantamañanas que decía que el calor en clase puede ser fuente de inspiración, va calando la idea de que lo mejor sería meter a los niños en pozos ciegos y tendríamos una educación a la altura de Finlandia.
Solo hay que rascar un pelín para ver que las conclusiones son falsas. Los propios autores reconocen que sus cifras son exageradas: los alumnos con problemas suelen estar agrupados en clases con menos miembros ya que esas aulas “suelen destinarse a grupos con mayores necesidades educativas o peores resultados”. Perogrullo vive, la lucha sigue.
Lo más descojonante —a la par que sonrojante— del estudio es cuando dice que el perfil de un “alumno aventajado” es el de un chaval de familia con pasta y que va a un centro privado. Tan listos son los de la privada, que universidades como el CEU o la Universidad Católica de València San Vicente Mártir no piden la nota de la PAU (basta con tenerla aprobada) y solo tienen en cuenta la del Bachillerato, ya que en el centro donde estudió, por ser cliente habitual, le han chuflado esteroides a las calificaciones para que donde había un tonto florezca un niño prodigio (o de ‘alto rendimiento’).
El Observatorio del Sistema Universitario lo ha dejado claro en más de una ocasión. Por ejemplo, destaca que en los coles privados hay un 53% más de estudiantes con notas entre 9 y 10 que en los públicos. La diferencia entre las calificaciones de los chavales en Bachillerato y la PAU, añade el OSU, es mayor en los centros privados que en los subvencionados (que se hacen llamar concertados) y, en estos, más que en los públicos. El problema de la educación es de clase, por eso algunos necesitan cargarse la red pública, para que sus hijos no tengan que competir en igualdad de condiciones, que bastante carga tienen a sus espaldas con heredar pisos y contactos.
El informe del IVIE hay que verlo, además, en su contexto. Hace unas semanas, un paper de EsadeEcPol (en Esade, por menos de 20.000 euros no entras ni en la escoleta de verano) insistía en que bajar las ratios no mejoraba la calidad de la enseñanza. Otra mentira de los palanganeros de la patronal. La verdad, según el poco sospechoso El Magisterio Español, es que la CEOE, Educación y Gestión, ACADE y CECE saben que menos alumnos por clase podría poner en peligro la viabilidad del negocio de algunos de sus miembros.
Destruir la educación pública, que se lo digan a la consellera del ramo Carmen Ortí, es condición sine qua non para que las élites españolas, herederas del franquismo, mantengan sus privilegios. Por un lado, para quitarle algunos peldaños a la escalera social; por otro, para que brille más la privada y la subvencionada que, sin dinero y sin propaganda, perderían tanto lustre. Quieren una educación igual para todos, sí, pero según qué ‘todos’: los que menos tienen con los que menos tienen, y a ellos, que les dejen en paz. Que los privilegios son como las flores, hay que regarlos todos los días para que no se marchiten.