La PAH denuncia que la Generalitat deja bajo mínimos la unidad antidesahucios pese a liderarlos la Comunitat, con 8,2 al día

El caso del desahucio de Maricarmen que ha conmocionado a toda España y que ha generado una oleada de movilizaciones en las principales capitales no es ni mucho menos un caso aislado. De hecho, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre del presente año, la Comunitat Valenciana es la autonomía española con más lanzamientos en relación con la población. En concreto, se ejecutaron 741, lo que implica 8,2 al día y 13,7 por cada 100.000 habitantes. La segunda comunidad con más desahucios sería Murcia con 12,5 por cada 100.000 habitantes (582 en términos absolutos).

Sin embargo, desde el Gobierno valenciano mantienen bajo mínimos algunos mecanismos implementados por el anterior ejecutivo de izquierdas, incluso han anulado algunas herramientas legales para frenar los abusos de los fondos de inversión como el decreto de tanteo y retracto, derogado en junio de 2025.

Así lo ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, entidad integrada en la plataforma Junts per l'Habitatge, cuyo portavoz, José Luis González, ha puesto de manifiesto que se ha vaciado de contenido la Unidad de Ayuda ante Desahucios creada en el año 2021. Aunque su normativa se desarrolló por medio de un decreto en el año 2023, la oficina empezó a funcionar y de hecho, en 2022 atendió a  un total de 1.372 familias, un 28,5% más que en el año 2021. Si bien no todos los casos estaban relacionadas con un riesgo inmediato de desahucio, sí que se paralizaban o se daba una alternativa a los casos que llegaban, al menos según indicaban entonces los responsables de la unidad. A esto se une que ha desaparecido la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, con una valoración muy positiva y un trabajo de atención de más de 6.000 expedientes. Sin embargo, se habilitó una oficina antiokupas que apenas tiene actividad.

Este recurso incluía un equipo multidisciplinar dedicado específicamente al seguimiento y la respuesta de las situaciones de emergencia habitacional que se dieran en la Comunitat Valenciana.

El propio González, en una reunión en marzo de 2024 con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ya trasladó la necesidad que no se suprimiera esta unidad de ayuda para casos de desalojo o emergencia habitacional. Y aunque la realidad es que la unidad no se ha eliminado, según González, carece de operatividad ejecutiva y judicial, puesto que se ha eliminado el servicio de asesoría jurídica externalizado cuyo contrato no se renovó.

González ha explicado que la atención que ofrece in situ esta unidad es correcta y sensible por parte del personal, pero lamenta que “actualmente carece de capacidad ejecutiva y autonomía para actuar en caso de emergencia”. El dotarla de más medios y de capacidad para actuar es algo que, ha asegurado, llevan tiempo reclamando a la administración.

Sin embargo, desde la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero aseguran que “el servicio mantiene sus funciones de intermediación y, con ellas, tiene la potestad de trasladar al juzgado informes de vulnerabilidad que pueden paralizar o aplazar los procedimientos de desahucios, como así ha ocurrido y sigue ocurriendo”, al tiempo que “ejerce labores de intermediación entre el inquilino y el arrendador, ya sea una empresa o un particular, para buscar una solución viable para las partes en los pagos de las rentas”.

El portavoz de la PAH ha lamentado también que se haya prescindido de la herramienta del tanteo y retracto para la compra de vivienda por parte de la Generalitat con el doble objetivo de incrementar el parque público y evitar que los fondos de inversión se hagan con pisos alquilados para después provocar la salida de los inquilinos, un caso similar al de Mari Carmen. Fue en junio de 2025 cuando el Consell, entonces presidido por Carlos Mazón, derogó el decreto autonómico aprobado por el Gobierno del Botánico que derogaba esta modalidad y que obligaba a comunicar a la administración valenciana toda venta de vivienda, por si consideraba necesario hacerse con el inmueble.

En este sentido, desde el departamento de Camarero han comentado que el derecho de tanteo o de retracto se aplica en los casos que contempla la normativa y que son viables: “Lo que no hace este Consell es comprar viviendas ocupadas, sin licencia de ocupación, destruidas o vandalizadas, que es lo que nos encontramos con lo que el Gobierno anterior había comprado y que, de hecho, no pudieron poner ninguna a disposición de los ciudadanos”.

Por último, González ha comentado que no les consta que la Generalitat actualice el registro de grandes tenedores de viviendas vacías, o al menos “no existe una información completa y explícita de todos los fondos de inversión, bancos y grandes tenedores que tienen viviendas vacías en la Comunidad Valenciana”, a los que se les debe aplicar un recargo impositivo: “También desconocemos las viviendas vacías del parque público autonómico y local de las administraciones”. Por otra parte, tampoco se han resuelto positivamente las denuncias por acoso inmobiliario que se han presentado a la Generalitat

Sobre ambas cuestiones, la conselleria ha asegurado que “el registro de grandes tenedores sí se actualiza y se realizan cada año la autoliquidación del impuesto correspondiente”, aunque no se han aportado datos concretos al respecto. Lo que ocurre, han añadido, “es que el principal gran tenedor es el Gobierno de España, propietario del 74% de las viviendas vacías en la Comunitat Valenciana a través de la Sareb, y no solo no ha colaborado con la Generalitat Valenciana cediendo estas viviendas, como sí ha hecho con Cataluña a la que ha cedido 14.000, sino que ha negado la compra a ayuntamientos que lo han requerido para ceder una ínfima parte a Casa 47 que las está alquilando hasta por 1.036 euros para familias con rentas de más de 85.000 euros netos anuales”.

Al respecto, las denuncias por acoso inmobiliario de los fondos que coaccionan a sus inquilinos para que abandonen las viviendas, han asegurado que “cuando llega una denuncia, se solicita información a las partes para iniciar diligencias previas y en los casos en los que se ha presentado denuncia por vía penal, la administración suspende el procedimiento hasta que se resuelva por esta vía, dado que no pueden estar los dos procesos abiertos”.