El Gobierno valenciano se compromete con la PAH a estudiar un plan de choque que evite desahucios de los fondos buitre

“Hemos tenido una reunión con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y le hemos planteado que hay un tema absolutamente prioritario que es que haya un programa de alquiler por el cual la administración sea titular de los contratos de alquiler de familias vulnerables para evitar que los fondos buitre no desahucien a familias”.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), José Luis González, se pronunció así este lunes tras la reunión que mantuvo con el representante de la Conselleria de Vivienda que les atendió con motivo de la protesta que convocó la entidad en la plaza de Manises de València, a las puertas del Palau de la Generalitat, bajo el lema 'On está la meua casa?' (¿dónde está mi casa?).

González añadió que “hay otra serie de temas que hemos planteado como las ayudas al alquiler, la moratoria de nuevas licencias de apartamentos turísticos o el aumento del parque público de vivienda, con la compra de viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), y la implementación de la ley de Vivienda para el control de los precios de los alquileres”.

En esta línea, explicó que Fernández se ha comprometido a una nueva reunión “en la semana del 15 al 20 de abril para tratar explícitamente este nuevo programa de alquiler y en función de eso continuaremos valorando la situación”.

En concreto, la PAH pide que el Consell “no anule” la unidad creada por el Botànic para ayudar en casos de desalojo o emergencia habitacionnal, así como que amplíe los presupuestos para aumentar las ayudas de alquiler y que cumpla el compromiso de recuperar las viviendas de la Sareb para evitar los desahucios “individuales y masivos”.

También exige reforzar el parque público, para que deje de suponer el “ridículo” 0,6% del total de la vivienda en la Comunitat, movilizar viviendas vacías con un “programa solidario” para pequeños propietarios o que la Generalitat actúe ante desahucios.

A su juicio, es urgente que el Consell desarrolle el protocolo de conciliación o intermediación previo a desahucios, así como las otras actuaciones previstas en la Ley de Vivienda estatal aprobada en 2023. Reclama además desarrollar el decreto autonómico para evitar el acoso inmobiliario, con la colaboración de la Conselleria y el Ministerio de Justicia.

Contratos con bancos y fondos

Paralelamente, la PAH solicita ampliar los presupuestos autonómicos para crear un programa que permita que la Generalitat suscriba como titular contratos de alquiler con la banca, fondos buitre o grandes inmobiliarias y que las personas y unidades de convivencia se puedan subrogar. En su opinión, esta medida activa en Catalunya es prioritaria.

Otras de sus peticiones son poner en marcha un control de precios del alquiler en las zonas tensionadas, establecer “créditos blandos” con los fondos europeos Next Generation o estudiar las posibilidades de financiación en situaciones especiales a través del ICO y del IVF.

Por otro lado, ve necesario estudiar cómo afecta a la Comunitat la moratoria hipotecaria hasta mayo 2024, así como “estimular” en los ayuntamientos una subida del IBI a las viviendas cerradas.