El PP valenciano se carga el decreto de tanteo después de utilizarlo para promocionar la compra de dos edificios 'mediáticos'

El PP valenciano vive en una permanente contradicción. Esta misma semana, mientras anuncia la compra de un edificio de 164 viviendas en una de las zonas más afectadas por la DANA, tumbará la herramienta que permite esta adquisición a un precio muy por debajo del mercado. El Parlamento valenciano votará este miércoles la derogación del decreto que regula los derechos de tanteo y retracto, una fórmula que prioriza la compra pública de viviendas sociales y trata de bloquear la especulación. Este lunes, la alcaldesa de València y diputada del PP en las Corts, María José Catalá, ha anunciado que el Ayuntamiento ejercerá esta prerrogativa para comprar un bloque de viviendas protegidas en la pedanía de La Torre que iba a ser vendida a un fondo buitre.

Entre las decenas de artículos que componen la llamada ley de acompañamiento a los presupuestos, sometida a debate y votación este miércoles, se esconde un epígrafe que plantea volver a la legislación de 2004, cuando el derecho estaba limitado a las viviendas construidas por la Administración pública, que prácticamente se pueden contar con los dedos de las manos. El artículo fue introducido por PP y Vox durante el debate de enmiendas porque consideran que es una medida “intervencionista” e “ideológica” y rechazan que tenga utilidad, pese a que sirviera, por ejemplo, para adquirir viviendas por un euro y ponerlas a disposición de población vulnerable; o para comprar el edificio en el que se realojó a un centenar de familias tras el incendio de Campanar. A la par, se votará en las Corts, en la misma ley, la creación de una oficina 'antiokupación', mientras que el consistorio ya ha impulsado una, a cargo de la Policía Local, inspirándose en el modelo de Badalona de Xavier García Albiol.

La presión social ha sido clave para que el consistorio popular decida intervenir en esta operación, pese a las reticencias del equipo de la alcaldesa, que gobierna con Vox, a hacer uso de este decreto. La Torre es una de las zonas más afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre y la presión sobre la vivienda ya era notable antes de la riada, bebiendo de la expansión de la capital, que no ha hecho más que acrecentar un problema para el que el Ejecutivo no aporta más respuestas que la construcción. La Generalitat Valenciana no se ha manifestado sobre la adquisicón del inmueble, pero ha rechazado formalmente, a través de varios escritos, la adquisición de otras viviendas en la misma pedanía que también han sido vendidas a fondos de inversión. En su etapa en la oposición, el PP recurrió este decreto al Tribunal Constitucional, además de la ley de función social de la vivienda, aprobada por el gobierno del Pacto del Botánico con el PSPV a la cabeza.

El consistorio apenas ha hecho uso de este derecho de adquisición preferente, según las cifras aportadas por la oposición, con dos grandes excepciones: continuar el proceso iniciado por el equipo de gobierno de izquierdas para realojar a los afectados por el incendio, del que Catalá sacó pecho, y en el caso de las viviendas de La Torre. Dos episodios que han llenado titulares e informativos en la prensa local. En septiembre de 2023, el Ayuntamiento de València decidió limitar la adquisición a edificios completos de un mínimo de 10 viviendas y, según PSPV y Compromís, en un año se ha renunciado a incorporar 600 pisos al parque público de una ciudad saturada. El consistorio compra los pisos a un coste máximo de 1.530 euros por metro cuadrado, la mitad del precio de mercado en la capital. El portavoz de los socialistas, Borja Sanjuán, ha criticado este lunes que la decisión de La Torre se ha adoptado solo tras verse forzada por la polémica: “Ha dejado de adquirir casi 600 viviendas porque no han sido casos mediáticos”. Por su parte, la concejala de Compromís Eva Coscollá ha denunciado que “en todo lo que llevamos de 2025, La Torre no ha recibido ni un solo euro. No aparece en el documento. Literalmente, ha desaparecido del mapa de inversiones”.

El PP valenciano defendió la derogación y la nueva redacción del decreto de tanteo como una forma de “cumplir con nuestro compromiso electoral de modificar el ideológico decreto ley de tanteo y retracto que imponía el derecho de expropiación de la administración”. La enmienda presentada, indicó el parlamentario Fernando Pastor, “devuelve la regulación de los derechos de adquisición preferente de la administración a la regulación de 2004”. Si nada cambia de aquí al miércoles, el PP, con el voto de la alcaldesa de València, derogará el decreto que permite ampliar el parque público y con el que ella misma pretende reforzar su gestión en la ciudad.