La Generalitat Valenciana solo ha resuelto 114 expedientes de fotovoltaicas, 40 de ellos favorables, de 395 solicitudes desde 2019

La Generalitat Valenciana solo ha tramitado un centenar de expedientes de plantas fotovoltaicas desde 2019. Pese a haber declarado la emergencia climática en septiembre de 2019, el Gobierno valenciano mantiene aún en tramitación 280 proyectos de energías renovables.

Según datos del Consell, desde principios de legislatura han llegado 395 solicitudes de instalación de placas solares y a fecha actual se han resuelto 114. De estos expedientes tramitados en tres años, solo 30 se han resuelto favorablemente para su construcción y 13 tienen autorización de explotación; otros 35 han sido denegados y 32 solicitantes han desistido en la tramitación. El resto, más de dos centenares, permanecen en tramitación entre la Conselleria de Economia Sostenible, la Conselleria de Política Territorial y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, los tres departamentos implicados en la gestión de las plantas de menos de 50 megavatios de potencia eléctrica.

En la última legislatura la potencia eléctrica procedente de plantas fotovoltaicas apenas ha crecido en el territorio valenciano. En 2019, según los datos de Red Eléctrica Española, la Comunitat Valenciana contaba con 356 megavatios de potencia instalada procedente de esta fuente. Tres años después, es de 414 megavatios según Red Eléctrica y la Conselleria de Transición Ecológica. Desde Economía elevan este dato a 1.314 megavatios. Las estrategias de la Unión Europea para la neutralidad climática requieren una instalación de 6.000 megavatios de centrales fotovoltaicas para cumplir el objetivo en 2050. En el informe anual relativo a 2021 de Red Eléctrica, el organismo indica que a cierre del año la potencia eléctrica instalada en la Comunitat Valenciana ascendía a 8.298 megavatios, de los que el 28,4% es de producción renovable.

Para cumplir con el objetivo de cerrar la central nuclear de Cofrentes en 2030, la Generalitat Valenciana debería autorizar 10 veces la potencia actual en fotovoltaicas. La central nuclear es la mayor generadora de potencia eléctrica en el parque español, con 1.092 megavatios de potencia eléctrica bruta (casi la mitad de la demanda de esta energía), produciendo a pleno rendimiento unas 8.000 horas al año. Para conseguir una potencia equivalente con las fotovoltaicas, la Comunitat Valenciana necesitaría 4.000 megavatios de potencia renovable, según fuentes del sector. La diferencia radica en que la energía solar no funciona a pleno rendimiento el 100% del tiempo, sino que tiene una equivalencia de unas 1.800 horas respecto a la nuclear -necesita 4 veces su potencia para generar lo mismo-.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha urgido a los departamentos a acelerar la tramitación de los proyectos, que responden a una política de plazos marcada por el Gobierno de España. En un acto el pasado domingo, el jefe del Consell insistía en su posición: “O a favor de las energías renovables o de los combustibles fósiles”, con claro mensaje para sus socios.

Este martes, Ciudadanos planteaba en la Comisión de Industria de las Corts Valencianes una proposición no de ley para prorrogar la vida útil de Cofrentes hasta 2045. Los naranjas creen que en una situación de crisis energética y con un mercado dependiente de países extracomunitarios, conviene aproximarse a la posición francesa, que considera las nucleares una energía limpia y segura. Ante la falta de un modelo de renovables claro, los liberales quieren retomar la producción nuclear. Las Corts Valencianes en 2017, mediante una proposición no de ley, acordaron solicitar el cierre de la central al final de la vigencia de su licencia y se opusieron a su prórroga, que se ha extendido a 2030.

En paralelo, los grupos parlamentarios debaten en la ley de Acompañamiento a los presupuestos la creación de una Agencia Pública de Energía, una comercializadora similar a la que se ha puesto en marcha en Barcelona, y una serie de requisitos para la instalación de plantas solares, que den más poder a los municipios en la decisión del suelo que utilizar. Las placas solares necesarias para cubrir la demanda de la central requerirían 16.000 metros cuadrados de superficie en toda la comunidad.