La Unió exige un aumento presupuestario tras el anuncio del Consell de ampliar las ayudas tras los últimos incendios
El Consell extenderá la línea de ayudas urgentes tras los incendios forestales sufridos en La Vall d’Uixó y la Serra d’Espadà a los municipios afectados por los fuegos declarados a partir del 7 de agosto en la provincia de Castellón. Esta medida, cuya aprobación se ejecutará en el próximo pleno del Gobierno valenciano, incluirá a localidades como Tírig, Catí, Culla, La Salzadella, Sierra Engarcerán y Albocàsser.
El paquete de subvenciones, regulado por el Decreto 114/2026 aprobado el pasado 31 de julio con un fondo inicial de 11,77 millones de euros, comprende indemnizaciones por pérdida o daños en vivienda habitual —con hasta 20.000 euros en caso de destrucción total—, alquileres por realojo, enseres y vehículos, y se contempla un esquema específico de 1.000 euros para personas trabajadoras autónomas o comercios minoristas afectados, con el objetivo de facilitar la reactivación económica y el mantenimiento del empleo en las zonas dañadas.
Al respecto, La Unió Llauradora i Ramadera ha valorado la inclusión de estas poblaciones, cuyos incendios han afectado a una superficie estimada de 850 hectáreas, con especial incidencia en el término de Tírig-Catí, aunque considera imprescindible que esta ampliación territorial vaya acompañada de una ampliación paralela de la dotación económica global, con el fin de evitar la merma de los fondos previstos para cada afectado.
“No tendría sentido ampliar el número de beneficiarios sin ampliar también los recursos. Los agricultores y ganaderos afectados por los diferentes incendios no tienen que competir entre ellos por un presupuesto calculado antes de que se produjeran estos nuevos fuegos”, remarcan desde La Unió. La organización agraria apela al articulado del propio decreto, que faculta al Consell para incrementar el importe máximo de las ayudas mediante un nuevo decreto en función de las disponibilidades presupuestarias.
En el ámbito agrario y ganadero, las ayudas actualmente vigentes regulan importes de hasta 6.000 euros por hectárea en cultivos de regadío o viveros, 4.000 euros para el secano y 15.000 euros por explotación ganadera, junto con asignaciones adicionales por la pérdida de animales o colmenas y 1.500 euros para la reparación de infraestructuras. La Unió solicita que la Conselleria de Agricultura movilice de forma inmediata a los servicios técnicos y las oficinas comarcales para evaluar los daños sobre el terreno, con atención prioritaria a las pérdidas temporales de pasto y a los sobrecostes derivados del mantenimiento de la ganadería extensiva.
Finalmente, la organización agraria solicita que el plazo de tres meses para la presentación de solicitudes —abierto desde el pasado 10 de agosto para los afectados de La Vall d’Uixó— comience a computar para las nuevas poblaciones a partir de la fecha de su inclusión oficial en el decreto. “Ante daños similares, la respuesta de la Administración tiene que ser también igual”, concluyen desde el colectivo.