La Agencia Antifraude advierte del fallo sistémico de los mecanismos de control del Ayuntamiento de València

La Agencia Valenciana Antifraude considera que los mecanismos de control del Ayuntamiento de València no funcionan correctamente. Al menos, no los que deben garantizar procesos limpios en la contratación pública.

En el informe que el organismo ha elaborado a raíz de una denuncia sobre el concejal de contratación, que se abstuvo en al menos seis contratos por haber trabajado con empresas que concurren a las licitaciones, la Agencia ve “debilidades” en el sistema de autoprotección del consistorio. En concreto, advierte que las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses “no operaron con la eficacia preventiva requerida”. José Marí Olano, presidente de la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025, no identificó a las empresas que podrían provocar ese conflicto, algo que la Agencia afea en un informe provisional, que falta completar con las alegaciones del concejal responsable de contratación. En concreto, censura que no se identifique a la empresa ni exista un acuerdo sobre la decisión de abstención: “Debe poder conocerse en el expediente la causa concreta”, añade el informe.

Las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) son un documento obligatorio en la gestión de fondos europeos que “supone una manifestación explicita de su compromiso de imparcialidad y objetividad en su desempeño profesional”. Son obligatorias para todas las personas que intervienen en los procesos de contratación, que además deben comunicar a su superior jerárquico cualquier potencial conflicto de intereses para que adopte una decisión. Quienes participan en el órgano de contratación deben suscribir la DACI una vez conocidos los licitadores y con carácter previo a la valoración de las ofertas.

Antifraude señala que se da “una contradicción con la declaración inicial de la DACI” en uno de los contratos, algo que “podría ser interpretado como una deficiencia en los protocolos preventivos”. Según uno de los expedientes analizado, relativo a los huertos urbanos de Orriols (con financiación europea), en la sesión del 15 de mayo, de la apertura de la oferta económica, se suscribe una declaración de ausencia de conflicto de interés al inicio de la reunión. Ese día la mesa, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado, acuerda proponer la adjudicación del contrato de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de junio, antes de calificar la documentación, se da una incidencia: “El presidente no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”, por haber prestado servicios profesionales a una de las empresas en los dos últimos años. El edil se da cuenta tarde y remite un escrito a los servicios jurídicos, como ya informó elDiario.es.

“El sistema de integridad de los fondos europeos exige que la DACI sea un compromiso real. La falta de manifestación de la causa de abstención desde el primer momento, habiendo suscrito el documento, debilita la trazabilidad del control preventivo”, señala el texto en el análisis. Recuerda en este caso la resolución del Síndic de Greuges, que ya planteó al Ayuntamiento esta misma cuestión, instando al concejal a dar esta información.

Pese a ello, y a los múltiples intentos de la oposición por conocer estos datos, el concejal no identifica a las empresas. “Esta incoherencia es una debilidad en el sistema de autoprotección de la entidad local, al evidenciarse que los mecanismos de la DACI no operaron con la eficacia preventiva requerida”, subraya el informe de Antifraude. Además, el organismo subraya que el Plan de Medidas Antifraude del consistorio prevé que los posibles conflictos de interese deben comunicarse de inmediato al órgano de contratación y al comité ético. Por ello ve una “vulneración” de este protocolo y denuncia una “falta de diligencia” al “no comunicar el conflicto de interés al comité ético o unidad de integridad”. Para qué están las medidas si no se ejecutan, parece preguntarse el documento.

En la investigación se reseña la formación del concejal Marí Olano, que es abogado del Estado, donde “reside” la “gravedad de este caso”: “Se presupone un estándar de diligencia superior en la identificación de posibles conflictos de intereses”, apunta. El edil de contratación ha realizado alegaciones al informe, que el Ayuntamiento no ha hecho públicas. Fue apartado de la presidencia de la Mesa de Contratación en diciembre, más de un mes después del inicio de las investigaciones de Antifraude.

El protocolo municipal recomienda paralizar procesos

El plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de València recomienda paralizar los procesos en cuestión. En el sistema de riesgos, identifica el conflicto de intereses como una “bandera roja”. Si se detecta una, el responsable de la operación debe informar al Servicio de contratación, “para que proceda a la paralización del proceso de contratación”. Este sistema “no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita atención adicional para descartar o confirmar un fraude potencial”, dice el plan municipal. En el caso de Marí Olano, el propio concejal se abstuvo para evitar el conflicto de intereses, aunque el análisis radica en si lo hizo como debía.