Antifraude constata irregularidades en procesos de contratación de un edil del PP de València y remite el caso a la Intervención del Estado

La Agencia Valenciana Antifraude deja en una delicada situación al concejal de Contratación de València, José Marí Olano, que compatibiliza su actividad como responsable de contratación con el ejercicio de la abogacía, y por extensión a la alcaldesa de València que le dió el mencionado cargo y que lo sustenta, María José Catalá.

El organismo publicó este jueves en su portal de transparencia el informe definitivo que acredita irregularidades en al menos un proceso de contratación en el que el edil, a pesar de abstenerse en la votación por incompatibilidad con uno de los aspirantes, incumplió otros preceptos legales relativos al procedimiento de contratación, como informó elDiario.es. Por otra parte, Compromís ha denunciado que Catalá lleva un mes ocultando el informe que encargó sobre los presuntos casos de enchufismo investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

Además, confirma el envío de la resolución, de la denuncia y de toda la documentación anexa al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), organismo dependiente de la Intervención General del Estado, “para su conocimiento y valoración en el ejercicio de sus competencias”.

El contenido del informe es demoledor. Así, aprecia hasta cinco fallos que pueden constituir irregularidades. Además de no identificar a la empresa que motiva la abstención -no se justifica y no se cumple el proceso formal-, detecta errores en el proceso. El organismo aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”.

Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada] estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constitución de los órganos colegiados”.

Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”. El edil presentó alegaciones a este informe, pero han sido rechazadas.

La Agencia exime al Ayuntamiento de responsabilidad directa en los fallos de las declaraciones porque “no tenía conocimiento” de las actividades profesionales privadas del concejal Marí Olano, pero subraya que le corresponde al consistorio “evaluar las posibles responsabilidades legales que se deriven de dicha falta de veracidad, considerando que el concejal se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto”. Entre las recomendaciones, señala: “Sería conveniente que toda manifestación de abstención incorpore la identificación de la mercantil o licitador que motiva el conflicto”, además de pedir que se incluya en las actas, y que se implemente la DACI en todas las licitaciones.

Antifraude examinó desde el pasado noviembre cerca de una decena de procesos en los que el edil se abstuvo para evitar conflicto de intereses por haber trabajado con empresas que concurrían a las licitaciones públicas -en contratos que superan los 255 millones de euros-, pero ocultó de qué firmas se trata, algo que Antifraude le afea. Uno de estos contratos es el de las obras de la avenida de Pérez Galdós, de 20 millones de euros, parte de ellos de fondos europeos, y otro el del saneamiento del agua, en los que Olano apenas participó, puesto que se acababa de incorporar a esta responsabilidad tras la remodelación del Gobierno.

Marí Olano es el único concejal del PP que no tiene dedicación exclusiva y compatibiliza su actividad municipal con el ejercicio de la abogacía. Su prolífica carrera y sus relaciones profesionales han provocado numerosas abstenciones para evitar conflictos de intereses. El edil, abogado del Estado y abogado de la Generalitat, ya tuvo que dejar la consultora KPMG por incompatibilidades. Recientemente ha sido denunciado en Anticorrupción por Compromís, tras unas grabaciones en las que ofrece unas plazas de empleo público investigadas por esta Fiscalía.

“La razón no puedo explicarla, no me percaté”

El propio concejal admite en las alegaciones presentadas -que Antifraude ha rechazado- que en tres procedimientos no se apartó cuando correspondía porque no se percató. Son los contratos de las obras de los huertos urbanos de Orriols, las obras de mejora de eficiencia energética en el Mercado de Russafa y las obras del Polideportivo de Natzaret. Dos de esos contratos están sujetos a financiación europea, una cuestión que requiere obligatoriamente suscribir una declaración de ausencia conflicto de intereses. Cada euro que viene de Bruselas es vigilado con lupa. “La existencia de una causa de abstención preexistente (servicios profesionales prestados en los dos últimos años) contradice las declaraciones suscritas por el concejal al inicio de las sesiones”, subraya el organismo.

En las alegaciones presentadas a la investigación de Antifraude, el edil reconoce que suscribió “una declaración de ausencia de conflicto de intereses que fue incorrecta, porque sí que concurría el conflicto de interés”. Y añade: “La razón o porqué de esta situación no puedo explicarla, más allá de que no me percaté en los trámites del procedimiento (...) Quizás fuera debido a una falta de lectura atenta de la relación de licitadores, o a una distracción, pero el caso es que no me percaté. Si me hubiera percatado, habría comunicado mi abstención y no habría emitido la correspondiente declaración de ausencia de conflictos de interés”, dice el edil, que es abogado del Estado, en sus alegaciones. Al contrato de los huertos urbanos de Orriols solo concurrieron dos empresas: Construcciones y Canalizaciones Cyca y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV). Al contrato del Mercado de Russafa fueron una decena.

Compromís denuncia que Catalá oculta un informe

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha recordado que cuando su formación destapó que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando al Gobierno de María José Catalá por un presunto caso de colocaciones a dedo que salpicaba a la Fundación Deportiva Municipal y a Visit València, la alcaldesa encargó un informe para esclarecer los procesos de contratación denunciados por la formación valencianista. “Aquella prioridad de Catalá hoy se ha convertido en desidia. ¿Por qué será?”, se pregunta la portavoz Papi Robles, que ha denunciado que la primera edil del PP mantiene oculto desde hace un mes este documento urgente que ella misma encargó a la Secretaría Municipal.

Papi Robles ha calificado la situación de “muy grave” y ha acusado al Gobierno municipal de practicar un “oscurantismo incompatible con cualquier compromiso mínimo con la transparencia”. “El 17 de abril Catalá compareció ante los medios afirmando que había encargado un informe para demostrar que todo era un procedimiento reglamentario y habitual. Incluso aseguró que estaba especialmente ansiosa porque la Fiscalía le pidiera documentación. Pues bien, hace un mes que el informe está elaborado y continúa guardado en un cajón de Alcaldía”, ha lamentado Robles.

Compromís per València denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a la propia alcaldesa, a la concejala Rocío Gil (delegada de la Fundación Deportiva Municipal) y a la concejala Paula Llobet (responsable de Visit València) por esta presunta trama para colocar a dos personas en el Puerto de València, “creando hasta siete plazas ad hoc en las tres entidades para que posteriormente las personas contratadas eligieran el puesto de trabajo mejor remunerado”, ha recordado Robles. Además, días después se conoció la implicación del concejal José Marí Olano en este caso de clientelismo con la publicación de unos audios en los que maniobraba para recolocar a extrabajadoras del Consorcio València 2007, lo que motivó una ampliación de la denuncia contra el concejal de Grandes Proyectos.