La Generalitat pide a los ayuntamientos que busquen otras soluciones para familias vulnerables ante la falta de vivienda pública
El Gobierno valenciano traslada a los ayuntamientos que busquen otras soluciones para la emergencia habitacional ante la falta de vivienda en el parque público autonómico. La subdirección de intervención social de la Evha (Entitat valenciana d'Habitatge i sol, la empresa pública de vivienda) ha remitido un escrito a varios municipios en los que les traslada una resolución de 2024 que indica que los expedientes urgentes concluyen a los tres meses de su tramitación y establece que solo se destinen a estos casos el 25% de las viviendas del parque público.
En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que los expedientes urgentes que no hayan sido tramitados en tres meses pasan al registro ordinario “por imposibilidad material” y serán devueltos al municipio que los remite. “Las propuestas de urgencia cuya antigüedad es superior a tres meses se cierran y no van a poder ser atendidas por la carencia de oferta de viviendas gestionadas por la EVHA”, dice el texto remitido.
La subdirectora del ente público, que depende de la Conselleria de Vivienda, que dirige Susana Camarero, insta a los municipios a implementar “otras medidas alternativas para resolver la necesidad de solución habitacional” de las familias, ya sea otros recursos habitacionales o las ayudas previstas en la ley. La responsable, Teresa Simón, indica que se traslada esta información “para no generar falsas expectativas” a las unidades de convivencia que acuden a los servicios sociales municipales en busca de una vivienda.
El cierre de los expedientes de urgencia no conlleva el cierre de la inscripción en el registro de demandantes de vivienda pública, la 'lista de espera' para un piso protegido. Esta inscripción hay que renovarla cada dos años, si se mantienen los criterios -entre ellos, ingresar menos de 6,5 veces el IPREM por unidad de convivencia-. Entre los requisitos para considerar el expediente urgente está que la unidad de convivencia no supere 2,5 veces el IPREM; es decir, una familia de tres miembros no puede considerar su resolución urgente si ingresa más de 21.000 euros anuales entre todos sus miembros, un claro indicador de vulnerabilidad.
La coalición Compromís, que ha recopilado algunas de las quejas municipales, considera que la situación es “Inhumana”. “El Consell de Pérez Llorca borra de las listas de espera a las familias que necesitan una vivienda social urgentemente. Familias que no tienen ninguna alternativa residencial y viven ahogadas”, critica la diputada Maria Josep Calabuig, responsable de vivienda, que recalca que hay una cola de 76.475 demandas de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. “Pérez Llorca y Camarero se dedican a maquillar y esconder la realidad”, censura. La diputada ha solicitado el inventario y estado del parque público de vivienda en noviembre, sin haber obtenido aún la respuesta.
La conselleria de Vivienda, que recientemente ha visto separadas las competencias en Servicios Sociales, subraya que “los expedientes urgentes que no pueden ser resueltos en el plazo establecido, por supuesto pasan al registro ordinario”. “No obstante -apuntan desde la secretaría autonómica de vivienda-, y con el fin de facilitar una mejor gestión y conocimiento por parte de las entidades sociales que son quienes atienden estas solicitudes, se ha remitido una comunicación informativa a los ayuntamientos para que tengan en cuenta los plazos de atención de los expedientes urgentes con el fin de que, en caso de que no se haya podido atender por parte de la Evha ni por parte de los propios servicios sociales de los ayuntamientos, el expediente pasa al registro ordinario si el ayuntamiento no reitera la solicitud de urgencia”.
Este departamento recuerda que los servicios municipales tienen a su disposición tanto el parque público de la Generalitat, que se analiza la disponibilidad en colaboración con los ayuntamientos para atender situaciones de urgencia, como el parque público municipal si dispusiera del mismo. La administración autonómica también pone recursos a disposición de los ayuntamientos, más de 9 millones de euros en 2025, para que puedan atender directamente situaciones urgentes de vulnerabilidad, “lo que permite una mayor agilidad en la respuesta habitacional en estos casos que los consistorios realizan con medios propios o con entidades, gracias a la disponibilidad de estos recursos específicos”, señalan.