Años esperando una vivienda social en València: el Síndic de Greuges afea los retrasos de ayuntamiento y la Generalitat

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana manifiesta su preocupación por la crisis de la vivienda y la falta de actuación de las administraciones públicas. El defensor del pueblo valenciano, figura que encarna el exdiputado socialista Ángel Luna, afea al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana la lentitud de la respuesta, incluso cuando la situación se considera urgente.

En una resolución publicada el pasado 15 de enero, Luna pide al consistorio que dirige María José Catalá y al Consell de Juanfran Pérez Llorca que a “materialice a la mayor brevedad las reformas y actuaciones anunciadas” en los expedientes. La resolución parte de la queja de un vecino de València, un hombre jubilado que lleva 9 años pidiendo una vivienda pública en los registros habilitados y que reside en un inmueble gravemente deteriorado.

El hombre consiguió en 2023 una resolución favorable del Ayuntamiento que por el retraso constante en su expediente, que le debería haber otorgado una vivienda del parque público de València (a través de la entidad valenciana de vivienda, la Evha), dado que contaba con todos los informes favorables. La situación, recoge el expediente del Síndic en sus palabras, “está afectándome psicológicamente al encontrarme en una situación de precariedad e indefensión absoluta sin saber a dónde recurrir a mi edad ante esta situación”. Ante los retrasos, el hombre acudió a las oficinas de los organismos de vivienda, sin obtener respuesta.

En la resolución de cierre, el síndic reprocha una “falta de colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda con el Síndic de Greuges” por no remitirle la documentación solicitada, que incluía el expediente de la persona afectada. Subraya también el retraso de ambas administraciones en dar respuesta al vecino —no solo a su queja, sino al problema en sí— y recordó que las competencias entre administraciones “deben coordinarse y ejercerse para atender de manera integral las necesidades de las personas”.

Asimismo, señaló a la Generalitat que debe “revertir la situación de ausencia de viviendas públicas, para lograr la consolidación, ampliación y mejora del parque público de viviendas, con la finalidad de permitir su puesta a disposición de los ciudadanos en situaciones de exclusión social o emergencia social y su destino para alquiler social”.

El Ayuntamiento respondió con una batería de medidas y apuntó que no dispone de parque público para adjudicación directa, sino que se limita a derivar, y subrayó que “ha informado puntualmente al interesado sobre su situación y sobre los requisitos que debe cumplir para participar en los procedimientos ordinarios de adjudicación”. La administración local se compromete en el escrito a revisar la solicitud y coordinarse con la Generalitat. En la respuesta, el consistorio defiende el Plan Vive, que implica la construcción de mil viviendas sociales —públicas y privadas— y afirma que ha adquirido recientemente 134 nuevas viviendas, que se encuentran alquiladas en aras a proteger a los inquilinos de “sociedades de capital riesgo”.

La conselleria de Susana Camarero, en cambio, sacó las armas contra el gobierno del Pacto del Botánico. En la respuesta al Síndic consideró que “el desarrollo normativo impulsado durante las dos anteriores legislaturas ha configurado un marco normativo complejo, que lejos de dar una respuesta efectiva a al derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada que propugna nuestra Constitución, se ha convertido en una suerte de exigencias y trabas administrativas que no han resuelto el problema”. Insiste el departamento de Camarero en que “la Política de vivienda impulsada durante las dos anteriores legislaturas no ha hecho, sino que constatar su déficit estructural, no habiendo sido capaz de dar una respuesta eficaz a las necesidades de las valencianas y los valencianos, y generando el periodo de mayor desigualdad en el derecho de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana”.

El Síndic lanzó varias recomendaciones a ambas administraciones: que el sistema de atención a los demandantes de vivienda se configure como un sistema de atención integral, que dictara una resolución que diera respuesta a esta persona y que se revisen los presupuestos. En concreto, reflexionó: “Con carácter previo al inicio de los trabajos de elaboración del proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, y en el marco de las competencias que le corresponden en esta materia, realice una evaluación de la aplicación de estas ayudas y de la suficiencia de la partida presupuestaria establecida (300.000 euros) para satisfacer las obligaciones derivadas de la LFSV —ley de función social de la vivienda—, a cuyo cumplimiento está destinada; arbitrando, en caso de que se llegue a la conclusión de su insuficiencia, los medios precisos para adecuarla a la realidad de las obligaciones que debe atender”.