La privatización de la Marina de València impulsada por el Puerto y el Ayuntamiento deja en el limbo a una decena de empleados

Una decena de empleados de administración del Consorcio Valencia 2007 podrían perder su empleo como consecuencia de la privatización de la Marina impulsada por el Puerto y el Ayuntamiento que dirige la alcaldesa, María José Catalá.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) celebrada el pasado 31 de enero aprobó modificar la base decimonovena del concurso abierto para la explotación de las instalaciones náutico-deportivas con el objetivo de clarificar las obligaciones del futuro concesionario en materia de subrogación de personal.

En este sentido, según informó la propia APV, el concesionario estará obligado a subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales: marinería, seguridad y vigilancia y mantenimiento de los sistemas necesarios para ello, mantenimiento y conservación de espacios verdes, limpieza o jardinería. En caso de que el Consorcio facilitase nueva información y/o ampliase la lista de relaciones laborales, se procederá a la actualización los pliegos en el portal de contratación y mediante nota informativa que se publicará en el portal web de la APV (www.valenciaport.com). 

Al respecto, fuentes de CCOO han explicado que con esta modificación la empresa que resulte adjudicataria de la gestión del 47 de La Marina deberá asumir a 17 empleados del Consorcio que en la actualidad se encargan las mencionadas tareas. Sin embargo, la APV desestimó los recursos de reposición formulados por el resto del personal del Consorcio Valencia 2007 en liquidación, es decir, una decena de personal administrativo.

En este sentido, desde la APV se basan en un informe de la Abogacía del Estado para desentenderse de estos empleados, que de momento y hasta que no se haga efectiva la liquidación del Consorcio, mantendrán sus empleos. Sin embargo, existe una total incertidumbre sobre su futuro, puesto que ninguna administración de las presentes en el ente, esto es, al Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Estado, se quiere hacer cargo de ellos. Sin embargo, desde CCOO advierten de que el nuevo ente gestor que se cree para gestionar la zona no privatizada de la Marina deberá asumir a los empleados puesto que se mantendrán sus funciones y sus plazas, como si de una sucesión de empresas se tratara.

Desde el sindicato advirtieron de que los informes de la Abogacía no son infalibles y de que ya han ganado varios procesos judiciales contra el criterio de otros informes relativos a otros temas.

La privatización de la Marina

El consejo de la APV aprobó el pasado 5 de diciembre el pliego de bases y pliego de condiciones para el otorgamiento de una concesión administrativa de ocupación con destino a instalaciones náutico-deportivas, en la zona norte del Puerto de València. En otras palabras, se aprobó el concurso público por el cual una empresa privada pasará a gestionar durante 35 años, prorrogables a 50, no solo los 950 amarres de embarcaciones de recreo de la Marina, sino también 235.000 metros cuadrados de superficie, lo que equivale casi a un 47% del conjunto del recinto náutico.

El concurso para la gestión de los 950 amarres viene motivado por una sentencia que obliga a que sea un tercero y no la propia administración el que preste el servicio. Hasta ahora, era el Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de la Marina integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), el encargado de gestionar los amarres de las embarcaciones deportivas, así como el resto de los terrenos, instalaciones y actividades, de manera que se garantizaba una gestión unitaria de todo el entorno, algo que se romperá con este concurso.

El Consorcio sigue enredado en una maraña jurídica y en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente. La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar su liquidación, pero finalmente quedó paralizada hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor del que nada se sabe.