El grupo del PSPV en el Ayuntamiento de València lleva al Síndic de Greuges la opacidad del concejal responsable de contratación de Valencia, José Marí Olano, que oculta las empresas con las que ha tenido vínculos profesionales. La concejala socialista Elisa Valía ha informado de que su formación ha puesto en conocimiento de la Sindicatura de Greuges la “falta de transparencia” en los procesos de contratación del equipo de gobierno de María José Catalá. Como adelantó elDiario.es, el edil de Grandes Proyectos y responsable de contratación, se ha tenido que abstener en al menos seis procedimientos por tener vinculación con las empresas que concurren a las licitaciones del Ayuntamiento de València..
Valía ha recordado que el edil “se ha negado a responder a una pregunta que hemos hecho desde el Partido Socialista para saber cuáles son esas empresas porque tenemos derecho y obligación de fiscalizar al gobierno de María José Catalá”. La socialista denuncia “la opacidad sobre todo lo que rodea a este concejal”, en referencia a la polémica suscitada por su relación con la consultora KPMG, de la que finalmente tuvo que desvincularse, tras negar incompatibilidades. Desde entonces, Marí Olano mantiene una dedicación al ayuntamiento del 75%, lo que le permite realizar otras actividades privadas, que desarrolla como abogado.
La edil socialista formuló varias preguntas al concejal sobre sus vínculos con empresas, que se toparon con una negativa, aduciendo el secreto profesional de la abogacía y que la edil se estaba excediendo en sus competencias. El concejal indicó que se abstiene de los procedimientos cuando legalmente ha de hacerlo. Valía manifiesta que con la negativa a responder, “se está vulnerando el derecho fundamental como concejala a fiscalizar y ejercer mi labor de control para que la ciudadanía sepa en qué lado de la mesa se sienta el Gobierno de María José Catalá y, en este caso, Marí Olano cuando se trata de empresas contratistas”. Además, considera la concejala, esta negativa “choca frontalmente con el derecho a participar en los asuntos públicos, acceder a la información y fiscalizar la acción del gobierno municipal, tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución”.
“Estamos ante una confrontación de derechos, pero no todos tienen el mismo peso ni la misma protección jurídica”, ha explicado la concejala quien ha reivindicado que “el derecho que ejercemos como concejales de la oposición es un derecho fundamental y debe prevalecer frente al argumento del secreto profesional esgrimido por el señor Olano”. En esta línea, ha argumentado también que “ostenta el cargo público de concejal y que, aunque tenga reconocida compatibilidad, su responsabilidad institucional y sus deberes deben estar por encima de cualquier otro interés”.