Una administradora de fincas expone los pasos a seguir para reclamar la deuda de un vecino moroso

Una vez aprobada la liquidación, la herramienta legal más eficaz es el procedimiento monitorio.

Paloma Martínez Varela

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El impago de las cuotas o de las derramas es una de las mayores causas de conflicto en las comunidades de propietarios. ¿Qué hacer cuando un vecino deja de cumplir con sus obligaciones económicas? Existen protocolos legales claros y herramientas que el resto de los propietarios pueden utilizar para recuperar ese dinero.

“Lo primero es intentar hablar con el propietario y comprobar si el impago es por un descuido”, recomienda Teresa Suárez Agrasar, administradora de fincas colegiada y presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que asegura que en estos casos no suele haber problema y se soluciona con rapidez.

El conflicto real, según Suárez, aparece con el “moroso habitual” o aquel que decide no pagar por no estar de acuerdo con lo aprobado por mayoría. En estos casos, la comunidad debe formalizar la reclamación: “La comunidad tiene que aprobar en junta la liquidación de las cuotas pendientes y reflejarlo en acta, facultando al presidente o administrador, para reclamar por las vías que contempla el derecho”. 

Una vez aprobada la liquidación, la herramienta legal más eficaz es el procedimiento monitorio, que, apunta la administradora de fincas, “permite reclamar cuotas impagadas de forma relativamente rápida”, o dependiendo de la cuantía, también puede derivar en un juicio verbal.

Además de las cuotas o derramas pendientes, la comunidad también puede exigir el pago de intereses y gastos derivados del propio proceso judicial. “Si el propietario sigue sin pagar, el juzgado puede llegar a embargar bienes”, advierte Suárez sobre la firmeza de la ley en este aspecto. 

Es conveniente recordar que el impago no solo puede llegar a ser un problema judicial, sino que también tiene repercusión en la convivencia y conlleva restricciones en la vida comunitaria. “La primera consecuencia es la pérdida del derecho a voto en las juntas mientras se tengan deudas pendientes con la comunidad”, recuerda la administradora. “Tampoco podrá vender su vivienda si no acredita previamente el pago de su deuda”, señala la experta, que aclara que la comunidad, por su parte, “no puede privar del uso de los servicios comunitarios a nadie”.

“Un error muy habitual en estos casos es esperar demasiado antes de actuar. A veces, por evitar conflictos, se deja pasar el tiempo y la deuda se hace mucho más difícil de recuperar”, detecta Suárez, que añade que cuando la gestión no es profesional también es frecuente que se comentan errores en las notificaciones o pasos legales que pueden invalidar la reclamación posterior. 

Para evitar también que estos procesos se lleven al terreno personal, provoquen conflictos mayores y se resuelvan con rapidez, la administradora aconseja externalizar la gestión. “Contar con un administrador de fincas colegiado es fundamental para manejar estas situaciones con objetividad y evitar enfrentamientos innecesarios entre propietarios”, defiende Suárez.

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