La disolución anticipada es un arma de doble filo
Las elecciones extremeñas y aragonesas han sido elecciones opcionales. No se había agotado la legislatura en ninguna de las dos comunidades autónomas y, en consecuencia, no se tenían por qué celebrar.
En el Estado de las Autonomías tal como fue configurado por el constituyente y desarrollado a través de la aprobación de los Estatutos de Autonomía de País Vasco y Catalunya y los Pactos Autonómicos de 1981, no se habrían podido convocar, ya que la disolución electoral no se contemplaba para los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, sino únicamente para las Cortes Generales.
La disolución es una institución propia del constitucionalismo monárquico, que no debería haber permanecido en el constitucionalismo democrático, ya que, en última instancia, supone desconocer la decisión del cuerpo electoral y obligarlo a tomar una nueva. ¿Con base en que principio de legitimidad se puede dar cobertura a esta decisión? No, desde luego, con el de legitimidad democrática. Por eso, en los países que no conocieron el constitucionalismo monárquico, no existe la disolución y las elecciones se celebran “por calendario”, igual que los Campeonatos del Mundo de los distintos deportes o los Juegos Olímpicos. Así viene ocurriendo en los Estados Unidos desde finales del siglo XVIII.
Pero en Europa, en general, y en España muy en particular, la Monarquía ha dejado su huella en la Constitución democrática y el instituto de la disolución ha permanecido como parte de la fórmula de gobierno. Con poco impacto cuando la democracia opera de manera razonablemente satisfactoria y con bastante impacto cuando no lo hace de esa manera. La trayectoria de la democracia española desde la entrada en vigor de la Constitución es un magnífico ejemplo. Tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas.
Sea como sea, la disolución parlamentaria se ha convertido en un arma política con la que hay que contar. Arma de doble filo, ya que el riesgo que corre quien hace uso de la prerrogativa no es pequeño. Puede errar o acertar. Pedro Sánchez erró en 2019 por no aceptar a Pablo Iglesias como vicepresidente y acertó en 2023 al disolver y convocar elecciones para el 23 de julio tras el fracaso electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del mismo año. Si no hubiera errado en 2019, no habría necesitado muy probablemente el 23 de julio y todo lo que está viniendo después. Pero las consecuencias de un error en la disolución son siempre muy gravosas.
En el terreno del PP, aunque formalmente no ha sido Alberto Núñez Feijóo quien ha disuelto los parlamentos de Extremadura y Aragón y ha convocado elecciones, hay pocas dudas de que materialmente la decisión ha sido suya. La disolución anticipada de los parlamentos extremeño y aragonés no han sido pensadas para la mejor dirección política de ambas comunidades, sino que han sido diseñadas como estaciones en el camino hacia la Moncloa del presidente del PP.
La justificación de la decisión así lo pone de manifiesto. La dirección nacional, no las direcciones regionales, pretendía matar dos pájaros de un tiro: debilitar al presidente del Gobierno y “liberar” al PP de la sombra de VOX mediante la obtención de una mayoría absoluta que permitiera gobernar ambas comunidades en solitario. De esta manera Alberto Núñez Feijóo acudiría a las próximas elecciones generales libre de polvo y paja.
Ambos objetivos estaban estrechamente relacionados. La intensidad del debilitamiento del presidente del Gobierno era directamente proporcional a la “liberación” del PP de VOX. Únicamente las mayorías absolutas de Guardiola y Azcón suponían una victoria para Núñez Feijóo y una derrota inequívoca de Pedro Sánchez. De no ser así, el tiro salía por la culata. Que es lo que ha ocurrido.
Los errores en el ejercicio de la prerrogativa de la disolución, como ya he dicho, tienen siempre un coste muy alto. Pedro Sánchez todavía está pagando su resistencia a contar con Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias lo está pagando todavía más, aunque no fue responsable de la decisión. La primera disolución de 2019 ha tenido un coste muy alto para las izquierdas españolas.
Ahora son las derechas las que tienen que hacer frente al coste de las disoluciones extremeña y aragonesa.
La candidata a la presidencia de Extremadura ha tenido la ocurrencia de pedir la abstención del PSOE. Lo ha hecho públicamente y con la anuencia inmediata de Alberto Núñez Feijóo. Desconozco, si antes de dar publicidad a esta iniciativa, ha habido alguna aproximación para comprobar si había agua en la piscina, pero la impresión es que no ha habido ninguna.
La imprudencia de la publicidad ha dejado inerme al PP frente a VOX, que puede exigir que Guardiola deje de ser la candidata a la investidura con la misma legitimidad que el PP ha intentado dejar a VOX fuera de juego. Si usted pretende sacarme del tablero de juego, yo puedo hacer lo mismo. O el PP renuncia a la candidatura de Guardiola o nuevas elecciones.
O quiero tantas consejerías con el presupuesto correspondiente y con la aplicación de un programa, firmado ante notario, que cuente con el visto bueno de la dirección nacional de VOX. El trato humillante que VOX puede dispensar al PP no tiene más límite que el que Santiago Abascal quiera. A partir de este momento, el programa del PP es para Santiago Abascal lo que el Derecho Internacional es para Donald Trump.
Pero la ocurrencia no va a tener efectos en Extremadura exclusivamente. ¿En qué condiciones ha dejado Guardiola a Azcón para negociar la investidura? ¿Y en qué condiciones acude el PP a las elecciones en Castilla y León? ¿E incluso en Andalucía, aunque Moreno Bonilla ha salido fortalecido con su respuesta a las inundaciones? Los últimos sondeos ya no le daban al PP la mayoría absoluta. Es posible que los próximos se la den. Pero es más probable que el desgaste de las investiduras de Extremadura, Aragón, y Castilla y León y el consiguiente fortalecimiento de VOX, le fuercen a depender de VOX.
Esa es la mochila con la que Alberto Núñez Feijóo tendrá que cargar hasta que se agote la legislatura o Pedro Sánchez decida darla por agotada.