Costa Rica encerró a migrantes en una antigua fábrica donada para fines humanitarios por el mayor productor de lápices del mundo
El mayor fabricante de lápices del mundo ha acusado al Gobierno de Costa Rica de dar un uso indebido a la fábrica que le había donado con fines humanitarios por recluir en ella a solicitantes de asilo deportados por la Administración Trump en 2025.
Con una producción global de más de 2.000 millones de lápices de madera al año, Faber-Castell operaba una fábrica en el sur de Costa Rica, fronteriza con Panamá, que se abastecía de árboles cultivados en la región. Tras cerrarla en 2013 por una serie de factores económicos adversos, en 2018 la empresa donó las instalaciones al Gobierno de Costa Rica. The Guardian ha tenido acceso al contrato con el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica en el que la empresa alemana especificaba que las instalaciones se utilizarían como refugio para ofrecer alojamiento y asistencia humanitaria a las personas que migraban por la región.
Pero, aparentemente, el uso de las instalaciones cambió el año pasado, cuando comenzaron a encerrar a personas en el lugar, algo que Faber-Castell no sabía hasta que The Guardian se puso en contacto con ella en enero.
El fabricante de lápices donó las instalaciones en 2018 por el aumento de nicaragüenses que cruzaban la frontera hacia Costa Rica huyendo de la violenta represión contra los manifestantes desatada por el Gobierno del país centroamericano. La empresa dijo en el contrato que el inmueble sería utilizado para “albergar un refugio para el cuidado de migrantes sin posibilidad de cambiar el propósito de la propiedad”.
No hay informaciones que apunten a que los nicaragüenses, ni ninguna otra persona alojada en la antigua fábrica, vivieran allí en régimen de detención hasta que Costa Rica encerró a 200 personas deportadas desde Estados Unidos en las instalaciones, desde entonces llamada el Centro de Atención Temporal para Migrantes, o el CATEM [por sus siglas].
Cuando The Guardian se puso en contacto por primera vez con Faber-Castell, la empresa dijo desconocer las detenciones en el CATEM. “En el contrato acordamos y estipulamos que el edificio se convertiría en un centro de ayuda humanitaria para refugiados, bajo ninguna circunstancia se acordó que fuera usado como prisión”, escribieron en un comunicado los representantes de la gran filial que Faber-Castell tiene en Brasil.
De EEUU a Costa Rica
Costa Rica aceptó recibir a 200 personas deportadas de Estados Unidos a finales de febrero de 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y con el comienzo de su prometida campaña contra las personas migrantes.
Los deportados no eran naturales de Costa Rica: habían emigrado a Estados Unidos desde lugares tan lejanos como Rusia, África y otras partes de Asia. Fueron deportados y trasladados con cadenas –a pesar de no ser delincuentes– hasta el país centroamericano. A su llegada, los escoltaron hasta el CATEM, en Puntarenas (seis horas al sur de San José, la capital).
Las personas deportadas, entre las que había más de 70 niños, fueron detenidas allí durante un mínimo de dos meses. En junio de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica respondió a las apelaciones con un fallo donde dictaminó que les habían privado “de su derecho a la libertad”. En respuesta a una consulta de The Guardian, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica negó “categóricamente” dicha afirmación.
Faber-Castell ha enviado un correo electrónico a The Guardian en el que dice: “Nos preocupa profundamente que, según se informa, haya personas detenidas en nuestra antigua fábrica de Maderin Eco en Costa Rica, una industria que cerramos en 2013. No teníamos conocimiento de este uso indebido hasta que The Guardian se puso en contacto con nosotros”. Maderin Eco es la filial de Faber-Castell que operaba en Costa Rica.
La privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM (...) sin acceso a información, sin control judicial (...), también genera un riesgo de desaparición forzada
En la primavera pasada, Human Rights Watch (HRW) visitó las instalaciones y entrevistó a algunos de los deportados. En su informe posterior, la ONG concluyó que los migrantes habían sido recluidos durante meses en el centro, pese a que las instalaciones estaban “claramente destinadas a estancias de solo unos días” y a que “ningún fundamento jurídico justificaba su detención”. “El Gobierno de Costa Rica niega que estuvieran detenidos”, decía también el informe de HRW.
La semana pasada The Guardian preguntó sobre dichas detenciones al Ministerio de Seguridad Pública, que respondió con el siguiente correo electrónico: “Los migrantes deportados por Estados Unidos eran de nacionalidades que requieren visado para entrar en Costa Rica. Por razones humanitarias, se permitió su entrada en el país sin ese requisito y se les trasladó al CATEM, ya que su estancia era temporal y por razones humanitarias”. “Las medidas de inmigración tomadas tenían como fundamento las mismas razones humanitarias, es de sobra conocido que las personas vulnerables pueden caer en redes de trata de personas y de tráfico ilegal de migrantes. Costa Rica es un destino desconocido para ellas, con un clima y una gastronomía nuevas, entre otros aspectos. La Dirección General de Migración y Extranjería siempre ha tratado de proteger a estas personas. Por ello, rechazamos de manera categórica la acusación de que se ha violado su derecho a la libertad”, añade.
“Estábamos detenidos sin nuestros pasaportes”
El testimonio que The Guardian recabó en diciembre de 2025 de un hombre ruso de 37 años no coincide con esa versión. Bajo el pseudónimo de Alexander (pidió ocultar su nombre real por temor a represalias contra su familia del régimen de Putin), cuenta que su cita para solicitar asilo en Estados Unidos fue cancelada en el último minuto por la Administración Trump, que lo deportó junto a su mujer y a su hijo pequeño a Costa Rica. Acabaron en el CATEM.
“En las primeras semanas perdí 15 kilos y mi familia estaba enferma, así que empecé a preguntarme por qué no teníamos libertad”, dice Alexander. “Allí estábamos detenidos sin nuestros pasaportes; algunas personas querían marcharse y no nos dejaban salir; así fue como comprendimos que nos habían metido en esta prisión sin ninguna razón”.
El pasado junio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dictaminó, en referencia a los deportados del CATEM, que su “detención en un centro no destinado para estos fines conjugado con una privación de libertad ilegítima por parte de las autoridades migratorias, sumada a la falta de acceso a información y asistencia legal, constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales”.
“La privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM en las circunstancias que han sido descritas (sin acceso a información, sin control judicial), también genera un riesgo de desaparición forzada”, añadió la Corte, que también sostuvo que Alexander y el resto de deportados allí encerrados deberían tener derecho a una indemnización.
Las instalaciones del CATEM tienen capacidad para alojar a 300 personas. En lo que va de 2026, han pasado por allí 60 personas. Según los últimos datos que The Guardian obtuvo del Gobierno de Costa Rica, el 28 de enero no había ningún migrante en la antigua fábrica. El medio británico preguntó a Faber-Castell si pensaba tomar alguna medida adicional, pero no obtuvo respuesta.
Traducción de Francisco de Zárate.