Las ONG se desloman para cubrir el hueco de muchos ayuntamientos con la regularización: “Hacemos lo posible, pero no podemos solas”
En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.
Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.
La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.
Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.
No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.
Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.
Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.
La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.
La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.
Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.
Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.
“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.