Una noche en la cola de los migrantes empujados a dormir a la intemperie para conseguir un papel de la regularización
Una manta de borrego las abriga a las dos, tumbadas de espaldas, muy juntas y cómplices, frente a la verja cerrada de una oficina de los servicios sociales municipales de Madrid. Sobrepasa la medianoche y la escena parece extraída de cualquier momento de intimidad hogareño entre madre e hija, pero sucede sobre una colcha extendida en el suelo, a la intemperie, donde pasarán toda la noche para intentar conseguir un informe de vulnerabilidad, uno de los documentos exigidos a los migrantes sin papeles para optar a la regularización extraordinaria.
Son las segundas de una fila que, ocho horas antes de la apertura de puertas de la oficina municipal, supera las 80 personas. Pero la mayoría ni siquiera acaban de llegar. Para conseguir ese puesto, Hilary, de 18 años, y su madre guardan su turno desde las seis de la mañana de este martes, por lo que pasarán en total más de 24 horas hasta conseguir el papel. “Esta mañana llegamos a las 6 de la mañana, fue entrando la gente y, cuando dejaron de dar más informes, nos quedamos aquí, justo en la puerta”, explica delante de la verja.
“Esta oficina abrió sobre las 8:30 horas y a las 11 ya no han dejado entrar a más personas. En un caso así deberían tener más tiempo para que no se acumule tanta gente”, considera Hilary. Con 18 años recién cumplidos, señala una de las posibles causas que explican que cientos de personas se vean empujadas cada noche para conseguir un trámite necesario para la regularización: la falta de recursos suficientes para responder al aumento de la demanda durante los dos meses que durará la tramitación de la medida.
El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. Se trata de un requisito exigible solo a los migrantes sin papeles que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Además de Madrid, se han registrado filas similares en las oficinas municipales de distintos puntos del país, como Zaragoza, Valencia, Murcia u Hospitalet de Llobregat, entre otros. Además de los servicios sociales municipales, más de 400 organizaciones pueden validar estos documentos. Mientras los primeros días muchas aún no estaban organizadas, cada vez son más las que emiten cientos de certificados cada día.
Mientras el Gobierno acusa al Ayuntamiento de Madrid de boicotear la medida, el Consistorio madrileño critica que el Ejecutivo central no se coordinó con los ayuntamientos antes de introducir este requisito que en parte depende de ellos. “Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras la entrada en vigor de la regularización extraordinaria. Días después, el Consistorio empezó a atender a los migrantes que requerían dicho trámite sin cita previa en una decena de oficinas de la ciudad. Las colas no tardaron en formarse.
Historias de una cola
La espera por el trámite ha empujado a Hilary a saltarse las clases de la Formación Profesional (FP) de Estética. Cada día, la joven acude a las aulas de su FP sin la seguridad de recibir el título: “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, dice, mientras sus compañeros de fila, unos chicos bangladesíes, preparan la bicicleta para que uno de ellos vaya un momento a casa para traer algo para cenar. Sobre su espalda, Delowar se coloca la típica mochila cuadrada naranja de una de las principales cadenas de delivery, donde suele trabajar de forma puntual a través de la cuenta de un amigo con papeles, un empleo habitual para muchas personas en situación irregular.
Delowar, vestido con un moderno y colorido jersey de cuadros, sonríe entusiasmado al describir lo mucho que le gusta España en comparación con el país europeo en el que ha vivido el último año. Antes de llegar a Madrid, vivía con permiso de residencia en Finlandia y trabajaba en una empresa de electrónica, el ámbito donde ahora le gustaría, si logra la tarjeta de residencia, encontrar un empleo.
“Me fui de Finlandia por razones médicas relacionadas con el tiempo allí. Tengo algunos problemas de salud y el médico me recomendó que me venía muy mal vivir en un lugar tan frío”, explica en perfecto inglés el bangladesí, de 33 años. “Tenía dos opciones: volver a mi país o probar suerte en otro país. Un compañero en la empresa finlandesa era español, era el que mejor me caía allí y me contaba cosas de su país… Decidí intentarlo aquí”, detalla el chico. Durante los primeros cuatro meses pudo vivir sin trabajar por los ahorros que traía pero, en los últimos meses, empezó a tener que trabajar de manera irregular en empleos puntuales, principalmente en el reparto de comida a domicilio.
La mayoría de las colas repartidas por las oficinas municipales en los que el Ayuntamiento de Madrid permite pedir el certificado de vulnerabilidad sin cita previa comienzan antes del atardecer o incluso están formadas por quienes intentaron entrar en los servicios sociales sin éxito a primera hora de la mañana de ese día y decidieron quedarse. Según la Consejería de Servicios Sociales de Madrid, el Ayuntamiento ha pasado de 1.500 peticiones diarias en los centros de servicios sociales a 5.500.
“Llegué a las 6 de la madrugada y los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”.
“Llegué a las 6 de la madrugada y los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”, explica Hilary resignada y casi sin quejarse. El colapso del sistema de citas y el hecho de que las personas sin papeles carecen de la clave pin que exige el trámite electrónico hace inviable que puedan hacer el trámite con cita previa. “Es imposible, no hay citas hasta mediados de mayo”, dice una señora.
El Gobierno pide “paciencia” y asegura que habrá tiempo para poder registrar las solicitudes, recordando que el plazo finaliza el 30 de junio. Pero hay más fichas en el tablero. Otros de los documentos exigidos, que algunos tienen preparados desde hace semanas, tienen fecha de caducidad. “Mi certificado de antecedentes penales expira en mayo, no puedo esperar a mayo”, continúa la mujer.
Confusión
Unos metros más allá Nora, también peruana, bebe café sentada sobre un sofá rosa infantil apoyado en la barandilla que separa la acera de la carretera. En uno de sus paseos para estirar las piernas, lo encontró junto a los contenedores y se lo llevó para pasar la noche de espera algo más cómoda. Lleva horas en la fila para conseguir un documento que, sin embargo, en su caso no necesita para pedir la regularización.
La mujer, trabajadora doméstica por horas en una casa de las afueras de Madrid, vive con su hija en una pequeña habitación. Tiene menores a su cargo y puede demostrar que vive con ellos, lo que le exime de presentar el certificado de vulnerabilidad, pero su abogada le ha asegurado que necesita ese documento por el que va a pasar la noche a la intemperie. Cuando este medio le enseña la información oficial que confirma que no tiene que presentarlo, muestra incomprensión: “¿Y por qué ella no sabe eso si le hemos pagado 300 euros por cada miembro de la familia?”.
No decide irse a casa. “Ya que estoy aquí, ya me quedo. Me da miedo que me falte algo y si la abogada lo dice… ”, justifica la peruana. “He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”, defiende la mujer. La dificultad para obtener trabajo en situación irregular le ha empujado a vivir durante meses en albergues para personas sin hogar y en las salas en hospitales, cuenta.
“En servicios sociales me dijeron que si no conseguía un lugar donde vivir me iban a quitar a mi hija. Y yo decía: Pero si he venido a España para conseguir una mejor vida para ella, ¿cómo me la van a quitar?”, reflexiona Nora. La señora, hasta estabilizar su situación, dejó a su hija en un recurso temporal para menores de los servicios sociales, asegura, hasta que encontró un empleo estable a jornada parcial. “Ahora ya puedo pagarme una habitación para las dos y, por la tarde, estoy con mi niña”, añade, antes de recostarse en el pequeño sofá para descansar unas horas, cuando el frío de la madrugada empieza a meterse en el cuerpo.
“He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”
Autoorganización de las filas
En la pequeña comunidad surgida después de horas de espera, un rato en la fila es suficiente para identificar alguno de los roles tomados por quienes la integran. A Idaquele la llaman “la jefa”. Todo aquel que quiere añadirse en la cola, se acerca a esta señora peruana proclamada líder de la jornada. La mujer, después de confirmar que efectivamente “los nuevos” vienen para quedarse, anota un número en sus mano
“Alguien tenía que hacerlo. Si no se organiza un poco esto es un desastre”, dice Idaquele, junto a dos mujeres paraguayas con las que ya comparte bromas tras horas de espera. Todas comentan la picaresca de alguno de los compañeros de fila, a los que ya tienen fichados, que ya ha intentado colar a algunas personas en varios momentos del día.
La mujer peruana, que aparenta ser más seria de lo que es, camina con el ceño fruncido por la fila cuando alguien parece intentar colocarse en un lugar que no le corresponde. Todos cuentan indignados el intento de una mujer de introducir a 15 personas a las que decía estar guardando el sitio. “No es justo que se vayan a dormir y luego aparezcan diciendo que tienen un número apuntado en la mano. Porque los que estamos aquí pasando sueño nos podemos quedar fuera por una única persona”, dice Emma, salvadoreña, mientras come una ensalada sentada en una silla. Junto a su marido se ríen con Brayan, colombiano, y German, hondureño, con quienes han acabado juntándose durante la espera. Cada vez que hay un conato de tensión en la fila, o que alguien intenta colarse, se lo toman con humor pese a su preocupación.
El marido de Emma no ha dejado de trabajar en la construcción en el año y medio que lleva en España. “Trabajo... pero sin papeles”, dice en susurros, como si se avergonzase, cuando todas las personas de esa fila no tienen más remedio que trabajar en b para sobrevivir. “Por eso estamos aquí, para obtener los papeles, trabajar con contrato y cotizar”.
No entiende la exigencia de última hora del informe de vulnerabilidad. “¿Por qué el Gobierno decidió meter ese certificado? Teníamos todos los documentos preparados, lo fuimos haciendo con tiempo. Y, ahora, esta sorpesa nos tiene aquí en la calle esperando”, se queja el salvadoreño. El requisito, incluido a última hora por el Gobierno, es la fórmula que recoge la norma para justificar la vulnerabilidad que conlleva no tener papeles. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, pero el Consejo de Estado recomendó una mayor concreción para probar ese supuesto.
Pasa un coche de policía por la calle colindante a la larga fila de personas sin papeles. Cuando sucede, una voz se escucha en algún lugar determinado de la fila: “Ahora vienen y nos llevan a todos a extranjería”. El comentario genera algunas risas, pero cada vez que un vehículo policial se acerca, la mayoría se mantiene pendiente hasta que desaparece.
Pasadas las 8 de la mañana, la tensión aumenta. “Se han vuelto a intentar saltar la fila varias personas, pero se ha puesto orden”, cuenta Emma, que no deja de tomarse con humor la situación con sus compañeros. Temían no lograr conseguir el documento pese a la noche en vela, pero lo consiguieron. A las 12 horas, Germán envía una foto desde el interior de los Servicios Sociales. Ojerosos pero sonrientes, posan ante la cámara para retratar un paso más en el camino a la regularizción. “Uno se encuentra grandes personas en el camino”, reflexiona el hondureño.