Cinco años de lucha por la regularización: la intrahistoria del movimiento liderado por migrantes que lo consiguió
España aún asimilaba los efectos del Estado de alarma y el rígido confinamiento decretado durante la pandemia del coronavirus, cuando Edith Espínola recibía preocupantes mensajes de trabajadoras internas sin papeles a las que apoyaba desde su organización. Lamine Sarr repartía alimentos entre las casas de compañeros manteros que, sin poder salir a la calle, habían perdido el poco sustento que obtenían día a día de la venta ambulante. Seydou Diop recorría los asentamientos de temporeros de Huelva para denunciar las condiciones de hacinamiento que les impedía cumplir con la exigida distancia social.
Tras la declaración del Estado de alarma, el Gobierno aseguraba que su plan social ante la emergencia del coronavirus “no dejaba a nadie atrás”, pero cientos de miles de personas en España no se sentían parte de ese “nadie”. Y decenas de activistas migrantes y racializados decidieron unirse y exigir una solución.
Esa preocupación, esa situación de vulnerabilidad extra sufrida por todas las personas sin papeles a las que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó atrás durante la pandemia —nunca les llegaron las ayudas sociales ligadas al coronavirus—, conformó los primeros coletazos de un movimiento que, semanas después, sería bautizado con un nombre directo y conciso: Regularización YA. Un movimiento autoorganizado y formado únicamente por personas migrantes que se marcó un objetivo: conseguir una regularización extraordinaria para todas las personas que en ese momento vivían en España en situación irregular.
No lo lograron entonces, pero no pararon de salir a la calle, patear todo el Estado para conseguir firmas, hablar con los medios, negociar con quien hiciese falta y gritar sus exigencias en cualquier espacio al que fuesen invitadas. Más de cinco años después, el Consejo de Ministros ha iniciado los primeros trámites de un proceso de regularización amplio con unas condiciones pactadas con el Movimiento Regularización YA, gracias a un acuerdo entre Podemos y el Gobierno. De ser aprobado bajo los requisitos recogidos en el borrador actual, será el primer proceso de regularización de la historia nacido de un movimiento de base, conformado exclusivamente por personas migrantes.
Durante todo este tiempo, el movimiento ha tenido momentos en los que ha estado formado por cientos de personas y otros en los que los varapalos del Gobierno y de los partidos políticos de la derecha, la dilatada burocracia y el bloqueo institucional acabaron por rebajar el número de integrantes a unas decenas. Quienes lo han conformado son activistas antirracistas que también han sufrido los efectos de la política de extranjería, del racismo y de la precariedad ligada a muchos procesos migratorios. Son o fueron empleadas domésticas, manteros, trabajadoras de la hostelería, temporeros en el campo, prostitutas, repartidores... Y, los representantes que han estado en la primera línea, los rostros que hemos visto defender la medida en los medios de comunicación y se han sentado a negociar con formaciones de distinto color político, saben lo que es vivir sin papeles en España: todas ellas han pasado un tiempo en el país en situación irregular.
Si han insistido tanto, si no han parado de gritar cuando nadie parecía escuchar, si han encontrado la grieta por la que impulsar la medida, es porque saben de lo que hablan. Cada uno de sus lemas, cada uno de sus argumentos, les atraviesa. “Lo conseguimos por pesadas”, dice entre risas Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento, representante de las mujeres trabajadoras domésticas sin papeles.
“Ha salido por esa insistencia. No íbamos a permitir soltarlo. Éramos muchos y nos quedamos las activistas más pesadas, más tercas, porque creemos que este proceso va a beneficiar no solo la vida de personas que se regularizan, también va a mejorar económica de todo el país”, añade, la también miembro de SEDOAC, organización en defensa a los derechos de las empleadas del hogar, sector en el que trabajó durante sus primeros años en España.
Las primeras reuniones
La pandemia estaba afectando especialmente a las personas sin papeles, muchas trabajaban de forma irregular en los sectores considerados “esenciales”, aquellos que no pararon en el confinamiento, no podrían acceder a ningún tipo de ayuda del plan de choque del Gobierno. Distintos colectivos empezaron a denunciar el abandono de las personas sin papeles. “Entendimos que no podíamos ir cada colectivo por separado y convocamos una reunión”, apunta Espínola.
Aún era marzo de 2014 cuando fue convocada una reunión por videollamada. Silvana Cabrera, otra de las portavoces del Movimiento , activista boliviana y trabajadora en el sector de la hostelería, recuerda conectarse desde su país de origen, donde le pilló el confinamiento durante una visita para cuidar a su padre tras una operación. “Éramos 80 o 90 personas de colectivos de todo el territorio, muchas sin conocernos, poniendo en común lo que estaba pasando. Éramos riders, gente de la manta, jornaleras, empleadas domésticas, trabajadoras de la hostelería… ”, describe la mujer, quien combina su militancia por los derechos humanos con su empleo en un restaurante. “Teníamos reuniones de cinco o seis horas para construir algo entre todas. El confinamiento nos ayudó a reunir a mucha gente que tenía el tiempo necesario para sacarlo adelante”, añade la activista.
Había una solución principal para todas esas situaciones que alarmaban a los colectivos reunidos: un proceso de regularización extraordinaria. Sin papeles, continuaría la vulnerabilidad de todas las personas que motivaban sus denuncias. Era su situación de irregularidad la que las excluía del sistema en un momento en que se evidenciaba con aún más crudeza. Hicimos un grupo de Telegram con “un sinfín de gente”, recuerda Espínola, empezaron a diseñar las campañas en redes sociales y decidieron una de sus primeras acciones: enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.
Debates internos: migrantes, primera línea
“Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo”, rezaba la misiva, firmada por un centenar de colectivos. En aquel momento las organizaciones participantes estaban compuestas por personas migrantes y españolas, pero los debates internos entre los distintos colectivos giraban en torno a la importancia de concentrar las portavocías y la labor de incidencia política directa, la primera línea del movimiento, en personas migrantes y racializadas. No sentó bien a todos, principalmente a las organizaciones conformadas por mayoría de personas españolas y blancas.
“Hubo una separación”, reconoce Espínola. “Desde el principio tuvimos claro que el sujeto político tenía que ser la persona migrante. Nos encanta que nos acompañen aliados blancos, pero tenían que entender que tengo voz, tengo unas capacidades, resiliencia, resistencia y reivindicación”, explica la ex trabajadora doméstica. En esa búsqueda de representación de las problemáticas que denunciaban, decidieron que las portavoces no solo debían ser migrantes o racializadas, sino que tenían que ser personas hubiesen sufrido los efectos de vivir en España sin papeles. “Para las personas sin documentación era peligroso ser portavoces, por lo que decidimos que al menos quienes fuesen las representantes hubiesen pasado por esa situación”, apunta Espínola.
Una de las seleccionadas, quien dio un paso adelante para ejercer la portavocía, fue Silvana Cabrera. Como trabajadora en la hostelería, representaría q todas las personas migrantes empleadas sin papeles en el sector. Otra de ellas fue Edith Espínola, para poner el cuerpo por todas las empleadas domésticas, muchas internas. La paraguaya migró a España en los años 2000. Tras su llegada en avión, una vez expirado su visado de turista, se quedó sin papeles. La ley impedía solicitar una autorización de residencia por arraigo hasta poder demostrar haber vivido en el país durante tres años y presentar un contrato de trabajo. Cumplido el plazo, la activista tuvo que viajar a su país por razones personales, lo que le colocó de nuevo el contador a cero. Regresó y la Ley de Extranjería la obligó a volver a empezar hasta alcanzar un total de seis años sin papeles, trabajando en los cuidados como empleada interna y externa, y en los servicios de limpieza.
Entre ellos también estaban Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona quien vivió durante años sin papeles y sobrevivió gracias a la venta ambulante; Seydou Diop, activista senegalés y jornalero en el campo onubense durante años; o Victoria Columba, activista de origen argentino, que migró a Barcelona en la década de los 2000 y, tras pasar una temporada en situación irregular, logró obtener la documentación, precisamente, en la regularización aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005.
La labor de incidencia entonces se centraba en presionar al Gobierno para aprobar la regularización apelando a la pandemia, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cedía. Su entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró en varias ocasiones en contra de la aprobación de una dar los papeles de forma generalizada, e insistía constantemente en hacerlo “caso a caso”. Como justificación, llegó a decir que la medida contradecía el marco legal europeo, un argumento falso, utilizado recientemente por el PP y Vox. La Comisión Europea aclaró entonces, como ha vuelto a hacerlo esta semana, que los Estados miembros tienen la competencia para decidir sobre la situación administrativa de las personas que ya viven en su territorio.
PNL: obligar a los partidos a posicionarse
“Al Gobierno no le movíamos un músculo”, critica Espínola. Ante la negativa del Gobierno español a la carta enviada en abril de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, el movimiento apuntó hacia el Congreso. Querían entrar en el Parlamento, introducir el tema en agenda y forzar a los partidos políticos a posicionarse sobre su propuesta. La fórmula seleccionada: una Proposición No de Ley (PNL), para empujar a los diputados a debatir sobre la regularización extraordinaria. El texto, creado de forma íntegra por la plataforma fue íntegramente redactada por colectivos migrantes, organizaciones antirracistas y la Coordinadora Obrim Fronteres y fue registrada en el Congreso en junio de 2020 por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otras formaciones.
En septiembre de 2020, el Congreso rechazó la PNL con votos en contra de PSOE, PP, Vox Ciudadanos y PNV. “En septiembre, después del fin del confinamiento y tras el revés con la proposición no de ley, la gente se desinfló. Muchas compañeras, al no tener ya tiempo para dedicarse tanto a la campaña, se fue yendo del movimiento”, recuerda Silvana Cabrera.
Recogida de firmas: ILP
Tras un tiempo para recolocar su estrategia, volvieron a intentar regresar al Congreso. Querían hacerlo por la puerta grande, pese al descenso de manos en la plataforma. “Decidimos ir a por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el único mecanismo que teníamos de democracia directa”, dice Cabrera. Para conseguir presentar su propuesta legislativa de regularización extraordinaria como colectivo social debían recolectar más de 500.000 firmas. Tras la redacción del texto, surgía un nuevo reto; peinar las calles en busca de firmas de ciudadanos españoles.
“Fue un trabajo titánico”, recuerda la activista boliviana. La estrategia implicó levantar desde cero una estructura estatal para llegar a todo el territorio en busca de apoyos: “Creamos 18 comités en todo el territorio y un grupo motor para coordinarlo todo”. La recogida de rúbricas se sostuvo casi exclusivamente sobre el trabajo militante de personas migrantes y racializadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular. “Era muy gráfico: personas sin papeles pidiendo una firma y el DNI a personas españolas que ya tenían derechos”, explica Cabrera.
En la calle, el desgaste fue constante. “Nos encontrábamos con Vox en muchas plazas”, relata la portavoz del colectivo, que participaba en el comité de Valencia. Recuerda varios episodios de violencia: “Una compañera en situación irregular fue agredida mientras recogía firmas. Le dijeron que ella no tenía que pedir firmas, le rompieron los pliegos, la agredieron, fuimos a denunciar, pero quedó en nada”, dice con rabia.
Las dificultades y la violencia eran contrarrestadas con otras muchas respuestas de apoyo. “Nos sorprendió la cantidad de firmas y la red que se creó con gente que nunca había militado”, dice Espínola. Todo se hizo sin apenas recursos: “No había presupuesto, era gente dejando su vida personal y laboral”, subraya. Ana Gutiérrez Fajardo, activista ecuatoriana y miembro del movimiento desde la retaguardia, se volcó en la recogida de firmas en Valencia. Recuerda aquellos días dedicados a convencer a ciudadanos españoles de la importancia de dar los papeles a cientos de miles de personas.
“Algunas respuestas me desgastaban, sentía que de forma sistemática cuestionaban mi presencia en España y de otras tantas compañeras”, admite Gutiérrez. “Pero también fue muy emocionante: contar firmas, comprobar si eran válidas… sentir que llegábamos. O esos momentos en que veías que una persona no tenía claro apoyar una regularización pero, al escuchar nuestros argumentos, cambiaba de opinión”.
La entrega de las firmas en el Congreso se vivió como un punto de inflexión. “El día que llevamos las cajas fue brutal, un día de felicidad absoluta después de tanto desgaste”, recuerda Cabrera. Más de 600.000 apoyos avalaron una reivindicación impulsada desde abajo. “Esto es el resultado de la organización de personas migrantes y racializadas que saben lo que es estar sin papeles”, concluye Gutiérrez Fajardo con orgullo. “Nos unimos muchísima gente, fue muy emocionante. Lo habíamos conseguido después de meses de muchísimo trabajo, en los que pensamos que no llegábamos. Pero habíamos entrado al Congreso con el respaldo de más de 600.000 firmas”, dice Espínola.
El debate en el Congreso y la sorpresa del PP
Una vez registrada en el Congreso, llegó el momento de defenderla. Parte de las mismas personas que habían recorrido distintos puntos de España para recoger firmas se dentaron frente a los diputados de todas las formaciones para explicar con datos, argumentos y desde la propia experiencia por qué era importante su respaldo a la regularización. Entre ellas estaba Espínola y el portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, Lamine Sarr. Estuvieron apoyados por la Fundación PorCausa, responsable del estudio Esenciales que daba cifras del impacto económico positivo del proceso planteado.
Cuando echan la vista atrás, todas las integrantes del movimiento menciona un día: 9 de abril de 2024, el día de la votación de la toma en consideración de la iniciativa. Espínola y Cabrera presenciaron el debate en el hemiciclo, junto al resto de representantes del movimiento. Estaban nerviosas, cuentan, no tenían garantizados los votos y dependían de la posición del Partido Popular. “Votos a favor: 310, Votos en contra: 33. Abstenciones: ninguna. Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley”, recuerdan escuchar las activistas.
“Nos abrazamos, lloramos, estábamos en shock porque no podíamos creer que avanzaba”, dice Cabrera. Edith recuerda estar en los pasillos del Congreso atendiendo una entrevista con una radio estatal cuando escuchó la ovación. Salió corriendo a encontrarse con sus compañeras. “Fue un día de felicidad absoluta”, resume la paraguaya.
Esa noche volvieron orgullosas al piso que solían alquilar todas las representantes del Movimiento cuando se reunían en Madrid. “Después de tanto trabajo, llegamos reventadas, comimos una pizza y estábamos todas en pijama celebrándolo. Fue muy emotivo”, recuerda Cabrera. Era la primera evidencia tangible de que los años de organización y trabajo podían llegar a traducirse en una política concreta.
Bloqueo y nuevo plan
La alegría se vio pronto ensombrecida. La ILP quedó atrapada en un limbo político. Durante meses, apenas había novedades mientras el texto cogía polvo en un cajón. “Ya con muchísima desconfianza, veíamos que los partidos no nos daban apoyo suficiente, no recibíamos contestación a veces de los correos”, relata Cabrera. “En el Congreso no avanzaba, estaba bloqueado… los partidos políticos se pisaban entre ellos, buscaban alcanzar un éxito propio, como una pelea de escuela y no pensaban en los derechos de las personas”, describe Espínola. Empezaron a ver imposible un acuerdo entre las distintas formaciones.
La necesidad de salvar la medida llevó al movimiento a replantear su estrategia. Ante el fracaso del consenso parlamentario, Regularización YA apostó por un nuevo objetivo: la medida podía aprobarse por decreto, sin necesidad de tener la luz verde del Congreso, por lo que se centraron en encontrar una fórmula para convencer al Gobierno. Espínola recuerda que se reforzó el diálogo directo con Podemos: “El traspaso de competencias sobre inmigración a Junts fue una desenmascarada total. Podemos nos preguntó que pensábamos sobre el traspaso y les dijimos que no estábamos de acuerdo, pero vimos una grieta de luz en ese contexto”, reconoce. El colectivo confirma que la negociación sobre los presupuestos y la posición de Podemos con respecto al traspaso de competencias a Junts fue un elemento clave para acelerar el proceso.
A partir de diciembre de 2025 todo se aceleró, confirman varios miembros de Regularización YA: “Fueron semanas revisando borradores, muchas horas… no tenemos un equipo jurídico, tiramos de alianzas, de abogadas de extranjería, de conocimientos colectivos”, recuerda la activista boliviana. Cabrera, como muchas otras integrantes del movimiento, no tiene conocimientos jurídicos, pero les tocó aprender: “Leyendo y leyendo una y otra vez, preguntando dudas, incluso viendo tutoriales de YouTube, lo íbamos sacando”, comenta entre risas.
“Ya está”
“Cuando Junts y el PP pasaron a estar en la misma línea política contra la inmigración, cuando no había posibilidad para el consenso, vimos la oportunidad de llevar la regularización por Real Decreto. Fue un trabajo brutal, pero entendimos que era la última oportunidad, la única manera de garantizar que saliera adelante”, dice Cabrera. Desde el mes de diciembre todo empezó a acelerarse. En las últimas semanas, el intercambio de borradoras fue constante, hasta alcanzar la regularización con garantías por la que apostaban.
Recuerdan las palabras de Victoria Columba, otra de las portavoces del movimiento, en una videollamada celebrada el fin de semana pasado. “Ya está. Va a salir”, anunció a sus compañeras tras su última conversación con miembros de Podemos. “No llegábamos a creérnoslo, pero poco a poco vimos que era cierto, lloramos, era muy fuerte”, indica Espínola, quien junto al resto se preparó para viajar a Madrid para presenciar el acto en que Podemos iba a anunciar el acuerdo. La alegría fue contenida, consciente de que la letra pequeña y la implementación serían el siguiente desafío: “Hasta que lo vemos no lo creemos”.
Esa noche, Ana Fajardo, en Valencia, no podía dormir. “No podía dormir, tenía la cabeza dando vueltas… pensando en cada una de las personas migrantes que conozco a las que le iba a beneficiar. En cómo les iba a cambiar la vida esto. Les habíamos dicho que iba a salir, y por fin era real”, recuerda. Silvana Cabrera pensaba en las personas sin papeles a las que había acompañado durante años: “Imaginar a esas personas que van a poder trabajar con tranquilidad, que sus hijos van a tener algo más de seguridad… eso te atraviesa el alma. Todo el cansancio que llevábamos, vale la pena por esto”.
En aquel piso compartido donde volvieron a pasar una noche más de alegría en Madrid, entre documentos y mensajes que no dejaban de llegar, las portavoces aún no asumían que ya estaba, que iba a salir. El día siguiente, las portavoces dieron una rueda de prensa mientras la ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunciaba tras el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de la ansiada regularización de migrantes. Las representantes del colectivo, ojerosas y desfondadas, recordaban la importancia de la medida para cientos de miles de personas.
Saben que su trabajo aún no ha acabado. La normativa aún no se ha aprobado y podría llegar a cambiar alguno de sus aspectos durante los trámites pendientes o la revisión del Ministerio del Interior. También se preparan para su puesta en práctica, para intentar que llegue a todas aquellas personas que cumplan los requisitos y, que ahora sí, nadie se quede atrás. “Estaremos vigilantes. Seguiremos siendo pesadas”, concluye Espínola.