¿Ricos más ricos y pobres más pobres? Nuestra sociedad está llena de brechas que incrementan las diferencias entre unos y otros. (Des)igualdad es un canal de información sobre la desigualdad. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo sobre sus causas, soluciones y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Escriben Teresa Cavero y Jaime Atienza, entre otros.
Necesitamos una Ley de transparencia fuerte
- Pese a una cultura de secretismo sobre la actividad pública arraigada y a una ley de Transparencia de mínimos, nuestro país ocupa el puesto 77 de 111 en el ranking internacional de leyes de acceso a la información.
La sociedad civil, trabajando mano a mano con periodistas, ha logrado arrojar luz sobre cómo nuestros representantes toman las decisiones públicas que afectan a los derechos de las personas, quién interviene en las mismas y cómo se gastan nuestro dinero. Ahora sabemos el papel que las grandes empresas energéticas y lobistas tuvieron en la redacción de la controvertida ley #ImpuestoAlSol; que el Gobierno de España ignora los derechos humanos en las negociaciones de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRIS) con países en desarrollo como Haití, Etiopía, Gambia y Senegal o; que El Consejo de Ministros convalida gastos públicos en contra del criterio de los inspectores o retira concesiones de nacionalidad por fallos administrativos.
Sin embargo, detrás de cada victoria hay que sortear muchos obstáculos debidos a las limitaciones de la ley de transparencia, llegando incluso a tener que utilizar la vía judicial.
La información mencionada arriba tiene un claro interés público y es importante para la participación y la rendición de cuentas, pero si queremos más casos como estos necesitamos mejorar la Ley.
En los próximos meses va a debatirse una iniciativa en el Congreso de los Diputados que contempla cambios en la Ley de Transparencia, abriendo una ventana de oportunidad para que el acceso a la información se configure como lo que es: un derecho y una herramienta en la lucha contra la desigualdad.
Hay ciertos cambios que resultan imprescindibles a día de hoy para que la Ley esté a la altura de los estándares internacionales: un sistema de envío de solicitudes sencillo, rápido y gratuito, un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con poderes de investigación y sanción o un registro de lobby obligatorio y la publicación de los documentos aportados por lobistas durante las reuniones con cargos públicos, son algunos de los prioritarios.
Desde Access Info Europe – como parte de la iniciativa de seguimiento ciudadano Polétika –, hemos monitoreado las promesas y compromisos electorales de los principales partidos políticos en materia de transparencia y todos ellos se comprometieron a mejorar la Ley. Este es el momento de cumplir con sus programas.
- Pese a una cultura de secretismo sobre la actividad pública arraigada y a una ley de Transparencia de mínimos, nuestro país ocupa el puesto 77 de 111 en el ranking internacional de leyes de acceso a la información.
La sociedad civil, trabajando mano a mano con periodistas, ha logrado arrojar luz sobre cómo nuestros representantes toman las decisiones públicas que afectan a los derechos de las personas, quién interviene en las mismas y cómo se gastan nuestro dinero. Ahora sabemos el papel que las grandes empresas energéticas y lobistas tuvieron en la redacción de la controvertida ley #ImpuestoAlSol; que el Gobierno de España ignora los derechos humanos en las negociaciones de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRIS) con países en desarrollo como Haití, Etiopía, Gambia y Senegal o; que El Consejo de Ministros convalida gastos públicos en contra del criterio de los inspectores o retira concesiones de nacionalidad por fallos administrativos.