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Admitida a trámite una querella contra la cúpula de la empresa estatal Hipódromo de la Zarzuela

En enero, el extinto regulador hípico demandó a la empresa pública y a sus responsables por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y coacciones

Entre los querellados están la presidenta del Hipódromo, Faina Zurita, que es sobrina de la infanta Margarita, tía del rey Felipe VI

Un conflicto por la propiedad de los derechos de imagen de la competición ha dejado al turf sin carreras desde diciembre

Faina Zurita Ussía, presidenta del Hipódromo de la Zarzuela. Foto: SEPI

Faina Zurita Ussía, presidenta del Hipódromo de la Zarzuela. Foto: SEPI

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha admitido la querella criminal presentada el pasado 22 de enero por la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), el extinto regulador de las carreras de caballos, contra la empresa pública Hipódromo de la Zarzuela (HZ) y sus principales directivos, empezando por su presidenta, Faina Zurita, sobrina de la infanta Margarita de Borbón, tía del rey Felipe VI.

La demanda les atribuye supuestos delitos de estafa impropia, falsedad en documento oficial y coacciones, y tiene como trasfondo el radical enfrentamiento que mantienen desde hace más de un año HZ y la SFCCE, que ha propiciado que no se disputen carreras desde el pasado 30 de noviembre. HZ no reconoce ninguna legitimidad a la SFCCE, que está en proceso de liquidación tras dos siglos de andadura. Con la competición paralizada, el contencioso tiene pendientes de un hilo a las cerca de 500 familias que dependen del denominado turf en España, un sector que ha recibido decenas de millones de euros de dinero público para intentar relanzarlo. Ante la ausencia de carreras, muchos propietarios están llevándose a sus caballos a Francia, donde esta competición goza de una excelente salud.

El principal objeto de disputa son los derechos de imagen de la competición, de las que SFCCE se considera "legítima titular". Según SFCCE, "sin autorización ni consentimiento, y de forma totalmente fraudulenta", Zurita vendió en enero de 2013 esos derechos a Loterías del Estado (su accionista minoritario con el 25%) a través de un "contrato fraudulento" por un fijo anual de 5,5 millones de euros al año, más variables, "sin ser el Hipódromo legítimo titular de los mismos".

La entidad también acusa a HZ de alterar "a su conveniencia" el programa oficial de carreras del Hipódromo para apropiarse de esos derechos. E interpreta que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ya ha confirmado, en una sentencia dictada el pasado 12 de enero, que los derechos de imagen "le corresponden". El juez Zamarriego ha citado a la querellante el próximo 24 de abril para tomarle declaración.

Este miércoles, no fue posible contactar con HZ para conocer su versión. El jueves, fuentes de la empresa dijeron que afrontan la querella con "absoluta tranquilidad y confianza en la justicia" y que la admisión a trámite es "inmensamente habitual" y "no implica en absoluto que las personas hayan sido imputadas ni que exista evidencia alguna de la comisión de ningún delito". Califican la querella de "instrumental", porque se presentó cuatro días antes de la junta de acreedores que determinó la entrada en liquidación de la SFCCE (por la negativa de Hacienda y la Seguridad Social a aprobar la propuesta de convenio) y dicen que el contrato con loterías, "vital" para la financiación del sector, se lleva firmando desde 2005.

La demanda va dirigida contra otras cuatro personas, además de Zurita: David Pasamontes, director Financiero de HZ, Gerardo Torres, director de Carreras del Hipódromo, Carlos Rodulfo, presidente de la Asociación de Hipódromos y consejero independiente de HZ, y el empresario Javier Revuelta Peral, exvicepresidente de Telefónica y marido de la modelo y actriz Mar Saura. Peral preside la Real Federación de Hípica Española (RFHE), a la que HZ ha intentado, sin éxito, hasta ahora, convertir en regulador del sector.

La querella también amenaza con salpicar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista del hipódromo. En su demanda, la SFCCE pidió que declarasen como testigos en el juicio el presidente del hólding público, Ramón Aguirre, así como el expresidente de Loterías, José Miguel Martínez (que fue quien firmó ese contrato en litigio), su sucesora, Inmaculada García, y la directora de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Ana Muñoz Merino, entre otros.

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