Afectados por dieselgate dicen que Audiencia Nacional se desentiende del caso

La Asociación de Afectados por el caso Volkswagen en España ha asegurado hoy que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha “desentendido” del asunto y lo ha decidido enviar a la justicia alemana por las “prisas” que tenía para “quitarse de encima” el procedimiento

El magistrado ha decidido trasladar las investigaciones que ha hecho sobre el dieselgate a la Fiscalía de Braunschweig (Alemania) por entender que está “en una mejor situación para la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa, con vistas a evitar los riesgos de una potencial vulneración del principio 'ne bis in ídem'”, según el auto al que ha tenido acceso Efe.

Para la citada asociación, que integran doce despachos de abogados que representan a unos 3.000 afectados en España por el trucaje de los motores diésel de la familia EA189 del Grupo Volkswagen, esto impedirá a los perjudicados que no han reclamado sus derechos hacerlo ahora.

El presidente de la Asociación de Afectados por Volkswagen, Antonio Heredero, ha lamentado en una nota que la Administración española “mire hacia otro lado” cuando se trata de defender los derechos de los consumidores frente a los grandes poderes económicos y que la Dirección General de Trafico se haya limitado a recomendar a los afectados que vayan a los talleres del Grupo Volkswagen para retirar el software que altera las emisiones del motor cuando detecta que está en un banco de pruebas.

Por ello, ha afirmado que están preparados para recurrir a la justicia alemana.

“Todos los miembros de la agrupación tendrán su compensación económica aunque tengamos que ir a defenderla a Alemania, a Bruselas o a donde haga falta”, ha advertido.

Al respecto, ha recordado que, frente a la “pasividad” de las administraciones españolas, la justicia alemana ha impuesto una sanción de 1.000 millones de euros al Grupo Volkswagen, que ha sido aceptada por éste.

A su juicio, los casi 700.000 afectados que hay en España podrían tener derecho a una indemnización que sería de entre el 10 % y el 20 % del vehículo en el momento de la compra.