El Gobierno se compromete a buscar un inversor para Alcoa aunque no garantiza mantener el 100% de los empleos
El Gobierno, tras el preacuerdo alcanzado esta madrugada por la dirección de Alcoa y los representantes de los trabajadores sobre el ERE en sus fábricas de Avilés y A Coruña, ha manifestado el “compromiso pleno” de las administraciones autonómicas, locales y central con el “la búsqueda activa de un inversor y el mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo”. Desde el Ejecutivo no garantizan que “el 100%” de la plantilla mantenga sus puestos de trabajo a partir del 1 de julio, como exigen los sindicatos.
El principio de acuerdo entre la multinacional estadounidense y los sindicatos sobre el ERE que afecta a 686 trabajadores de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias) se ha saldado con el compromiso de mantener los puestos de trabajo hasta el 30 de junio. En ese periodo, se buscará un inversor para las plantas de aluminio y, si no se consigue, el pacto incluye un plan social con “soluciones de empleo”, prejubilaciones o recolocaciones para 355 empleados, según ha explicado la multinacional a Europa Press.
Los detalles del preacuerdo que han comunicado desde Alcoa a la agencia de noticias suponen, por tanto, que habrá otros 300 trabajadores que en principio se quedarían descolgados. Los sindicatos han pedido este miércoles al Gobierno central y las administraciones autónomicas que garanticen el empleo para “el 100%” de la plantilla a partir del 1 de julio, una promesa que no han arrancado al Ejecutivo.
La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, han comparecido esta mañana para valorar el principio de acuerdo, cuya percepción es “positiva”. Era algo “impensable hace unas semanas”, ha destacado Blanco.
Los representantes del Gobierno, que no han entrado a detallar los términos del acuerdo, han insistido en que la situación es “menos desfavorable que hace unos meses”. Preguntados por la garantía del “100% del empleo” a partir de julio, los secretarios de Estado han manifestado que esa garantía “no forma parte del preacuerdo”, aunque asumen “la responsabilidad de trabajar durante estos seis meses para la recolación real de todos los trabajadores”.
Los trabajadores deben votar el preacuerdo
“Esperábamos un mensaje más contundente del Gobierno, más garantías. No tenemos un compromiso tangible que certifique que los empleados de Alcoa puedan seguir trabajando a partir del 1 de julio”, ha lamentado José Manuel Gómez de la Hoz, presidente del Comité de Empresa de la planta de Avilés, que además ha especificado que “el preacuerdo es positivo porque no teníamos muchas más opciones”.
Raúl Montoya, secretario de acción sindical de USO, ha destacado que el preacuerdo “es más de lo que teníamos”. Todos los representantes de los trabajadores coinciden en que “el Gobierno debe conseguir un inversor y garantizar la totalidad de los empleos” a través del marco legislativo.
Ahora son los trabajadores de las dos plantas los que deben secundar o no el preacuerdo. La votación tendrá lugar mañana jueves, a partir de las seis de la tarde. “La parte de negativa son los planes sociales en caso de que a 1 de julio no tengamos nada”, ha aclarado Gómez de la Hoz.
Solución para 355 trabajadores, según Alcoa
Alcoa, por su parte, ha adelantado este miércoles que el preacuerdo con los sindicatos recoge un paquete de medidas que incluyen soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de un total de 623 trabajadores indefinidos, más del 50% de la plantilla de las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña.
El texto garantiza el mantenimiento de la actividad de las fundiciones de las dos plantas y de la torre de pasta de A Coruña y la continuidad de 205 empleos, 114 empleos en A Coruña y 91 en Avilés, según ha indicado la compañía, que asumirá el coste de arrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones de euros por planta) si se concreta una oferta de compra con un inversor antes del 30 de junio.
Los trabajadores de 57 años o más, podrán adherirse a un “plan de bajas incentivadas” en otras compañías, indica la empresa. Los empleados con mayor antigüedad que no pueden prejubilarse serán los que tengan preferencia a la hora de recolocarse. La compañía estima un total de 106 recolocaciones.
El personal no incluido en este plan social, unos 300 trabajadores, percibirán una compensación por la extinción de su relación laboral consistente en una indemnización bruta de 60 días de salario por año de servicio sin límite de anualidades más una aportación de 10.000 euros brutos, informa Europa Press citando fuentes de la multionacional.
