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La Audiencia Nacional anula el IV Convenio colectivo de Navantia

La Audiencia Nacional anula el IV Convenio colectivo de Navantia

EFE

Ferrol —

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La Audiencia Nacional ha anulado el IV Convenio Colectivo de Navantia al estimar parcialmente la demanda que interpusieron CCOO y la CIG (Confederación Intersindical Galega) contra el último convenio laboral, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en noviembre del pasado año.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en una sentencia de 18 páginas fechada el pasado el 16 de febrero, expone que “el Comité Intercentros que suscribió el convenio no estaba legitimado para negociarlo”.

Atiende, así, a la demanda de impugnación contra el IV Convenio que interpusieron en noviembre del 2014 los sindicatos CCOO y la CIG, a la que se adhirieron posteriormente otras centrales sindicales.

La empresa pública naval, en un comunicado, ha anunciado esta tarde que recurrirá el fallo presentando un recurso de casación ante la Sala Cuarta de Tribunal Supremo porque estima “necesario seguir defendiendo el proceso negociador realizado y un marco de condiciones laborales estable frente a la inseguridad jurídica por la falta de convenio”.

El preacuerdo del IV Convenio se firmó el 16 de octubre del 2013 y se ratificó el 9 de septiembre del 2014 con la firma de UGT, CSIF y cuatro de los cinco delegados de CCOO.

El Comité ferrolano entendió que el acuerdo no era legítimo porque había sido firmado por personas que habían sido “desautorizadas” por la Federación de Industria de CCOO en una carta abierta a la militancia y fechada un día antes de la rúbrica del convenio.

“Fue aprobado por las asambleas de trabajadores de la mayoría de los centros de trabajo y tras la correspondiente autorización de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas”, justifica el grupo naval.

Los Comités de Empresa de Ferrol y Fene, los dos centros gallegos del grupo naval, se habían posicionado en contra del convenio que los trabajadores rechazaron en asamblea antes de su rúbrica por considerar que suponía un retroceso laboral en los derechos ya consolidados.

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