La Fiscalía dice que el Banco de España no puede ser imputado en Bankia solo por “discrepancias”

El fiscal Alejandro Luzón se opone a que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el que fuera presidente de la CNMV Julio Segura declaren como imputados en el caso Bankia bajo el argumento de que no supone un indicio de delito el que discreparan con el inspector de referencia del órgano supervisor, José Antonio Casaus, de la situación financiera real de la entidad.

La acusación popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), solicita la declaración de los citados y otros responsables de la supervisión después de que fueran incorporados a la causa cuatro correos en los que Casaus advertía a sus superiores de la catastrófica situación financiera de la entidad, a pesar de la cual Rodrigo Rato y su equipo decidieron sacarla a bolsa, sin que el Banco de España ni la CNMV se opusieran.

Como informó eldiario.es, Luzón se opone a esas citaciones. En su escrito, con fecha del pasado 10 de noviembre, Luzón argumenta que los correos de Casaus, incorporados recientemente a la causa, no “inciden en la existencia de falsedad alguna de las cuentas”, pues en uno de ellos se hace mención a la existencia de “fondos genéricos y fondos específicos sin asignar por más de 3.000 millones de euros”, algo que reconocieron y explicó Casaus ante el juez.

“No parece lícito convertir en sospechosos de la comisión de un delito a quienes discreparon de la opinión de Casaus,” que en su declración aseguró que había otras opciones para evitar la nacionalización de Bankia, como su salida a bola o la toma de control por parte de un tercero.

La CIC, que ejerce la acusación popular', solicitó al magistrado de la Audiencia Nacional que citase también al jefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa, Pedro Comín; al ex subgobernador del supervisor Javier Arístegui y al exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello.

También añadió a la lista de peticiones a Mariano Herrera García-Canturri, miembro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, y al director del Departamento de Cajas de Ahorros en el Banco de España, Pedro González.

CIC acusa al fiscal de “falta de valentía”

Fuentes de la CIC han asegurado a Europa Press que el criterio del fiscal resulta “confuso, contradictorio en algunas afirmaciones y carente de la necesaria valentía” y espera que el juez sí haga gala de ese valor al dictar su correspondiente resolución.

La acusación afirmó en su escrito que los correos “demuestran el perfecto y cabal conocimiento” que la “jefatura” del Banco de España tenía “sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a Bolsa de la entidad”.

Dichas comunicaciones vinieron a confirmar la versión expuesta ante el magistrado por parte del inspector del Banco de España José Antonio Casaus --quien prestó declaración en calidad de testigo el pasado 5 de septiembre--, ya que afirmaban que “no solo desaconsejaba encarecidamente la OPS, sino que expresaban reiteradamente sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a Bolsa y sobre el importantísimo quebranto patrimonial que se iba a causar a preferentistas”.

“No aportan evidencia”

Asimismo, asegura que estas misivas no “aportan evidencia” de que los funcionarios del organismo regulador o de la CNMV “participaran dolosam”nte por omisión“ en el delito que se investiga.

En cuanto a la petición de llamar a declarar como testigos a la jefa de División de expedientes Sancionadores y Colaboración con los Órganos Judiciales del Banco de España, María Ortega Diego --para explicar por qué no constaban dichos correos en la información remitida al magistrado instructor-- y a Casaus, el fiscal dice que es “innecesaria e inútil” porque provoca la dilación del procedimiento.

Asimismo, Luzón dice que no pueden “filtrar” diligencias propuestas por otras partes y argumenta al respecto que el Banco de España sí remitió dichos correos acompañados de un oficio en el que se describía la información solicitada.

Por último, sobre la solicitud de que el Banco de España aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos entre Casaus y Comín y el resto de los miembros del Departamento de Supervisión del Banco de España --desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de 2012--, el representante del Ministerio Público subraya que pueden ser “miles” y que, por tanto, en el caso de que se acuerde esta diligencia, se debe introducir “un factor corrector de búsqueda”.