Francia “jamás” retirará su tasa digital aunque aboga por un impuesto global

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ha asegurado este jueves en el Foro de Davos que Francia “jamás” retirará la tasa que aplica a las empresas de servicios digitales, si bien ha abogado por alcanzar un acuerdo global para que se establezca un gravamen “mínimo” en todo el mundo.

Le Maire ha participado este jueves en un debate sobre los impuestos digitales, y ha presumido de que Francia haya sido “el primer país” que decidió imponer una tasa digital, para cubrir una laguna jurídica, y que “jamás” se eliminará.

Ha explicado que Francia aceptó aplazar la aplicación del impuesto únicamente para que la OCDE pudiera plantear una solución global, prevista para antes de fin de año, que en su opinión es lo único que puede evitar “una guerra comercial”.

El secretario general de esta organización, Ángel Gurría, presente en el debate, ha aclarado que la OCDE trabaja en ello desde hace ya dos o tres años, “pese al escepticismo de algunos, como Estados Unidos”.

Le Maire ha explicado que tiene que ser una tasa “justa”, y preferiblemente universal, en contra de lo defendido por la delegación estadounidense en el foro de Davos, encabezada por el presidente Donald Trump, que desea entablar negociaciones bilaterales país por país.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Muchin, dijo en Davos que su país no descarta imponer aranceles del 25 % a los productos europeos -como ya aplica a las manufacturas chinas- si el continente persiste en su intención de imponer una tasa digital.

Todas las compañías, ha dicho Le Maire, tienen que pagar impuestos, ya que es un sinsentido que empresas que facturen miles de millones abonen impuestos de apenas el 2 % o, aún peor, que algunas que no tienen una sede física no paguen impuestos en ningún sitio.

En su opinión, no tiene sentido que cada país pretenda poner en marcha una tasa propia, como ocurre en el caso de España o el Reino Unido, y ha reconocido que el modelo francés es “muy simple pero no es el mejor de los posibles”.

De lo que se trata ahora es de diseñar un marco global, especificar los parámetros del impuesto, analizar cómo se hacen los negocios, el número de consumidores afectados y, sobre todo, dotar a la norma de seguridad jurídica, algo imposible si cada Estado tiene una propia.

Las propias compañías de servicios digitales, ha añadido, son conscientes de ello y no desean moverse en un sistema arbitrario, y para las administraciones públicas este impuesto representa un impulso al crecimiento.

El ministro francés ha asegurado que es optimista y que confía en que antes de que acabe el año la OCDE haya puesto en marcha un principio de acuerdo sobre el asunto, que se resolverá “como casi todo, con cooperación y colaboración”.

El secretario de la OCDE, Ángel Gurría, no ha querido comprometerse y se ha declarado “ni optimista ni pesimista, simplemente activista”, en tato que la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, ha apoyado la tesis de Le Maire sobre una tasa global.

De lo contrario se producirían casos de doble imposición, por lo que ha instado a Gurría a diseñar una estrategia clara y bien definida.

El representante de la OCDE ha recordado que en las negociaciones participan 137 países, y ha puntualizado que “no se trata de un problema restringido a determinadas empresas digitales”, es algo de mayor alcance que está en manos de los ministros de Finanzas “y de Hacienda”.

Más escéptica se ha mostrado la profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor, que ve cómo “el multilateralismo se ha deteriorado de forma significativa en los últimos años”; no obstante, si se llega a algún acuerdo ello podría marcar la pauta para otras negociaciones.